Diputado Gerardo Amarilla destacó gestión en defensa de la vida y medio ambiente

En diálogo con NORTE el Diputado Gerardo Amarilla destacó especialmente la tarea desarrollada en defensa de la vida, ante el proyecto de despenalización del aborto, así como el trabajo realizado en pos del respeto al medio ambiente.
En otro orden el legislador destacó algunas de sus iniciativas y participaciones en la Cámara de representantes. El 15 de marzo, presenta la exposición escrita, reclamando la reapertura de la sucursal del BPS en Vichadero, por entender que se trata de una clara discriminación hacia los vecinos de la Villa que deben trasladarse a la capital departamental para realizar diferentes trámites.
Por entender que se trata de una cuestión de justicia para los fronterizos con Brasil, el 5 de abril, presenta exposición escrita, reclamando igual trato que en los departamentos del litoral, con descuentos especiales en los combustibles por parte de ANCAP. Preocupado por la casi nula repercusión de las elecciones en el BPS, presenta un proyecto de ley a efectos de exonerar de multa a quienes no sufragaron.
El 14 de junio es miembro interpelante en el llamado a sala de los Sres. Ministros Ing. Quim. Roberto Kreimerman (MIEM), Héctor Lescano (Ministerio de Turismo y Deporte), Graciela Muslera Méndez (MVOTMA), a efectos de solicitar explicaciones respecto al impacto ambiental del proyecto Minera Aratirí.
En el ámbito de su preocupación en defensa de la vida, el 14 de julio, presenta el proyecto de Ley sobre maternidad, protección y atención social. El 4 de octubre, presenta el proyecto de Ley, con modificaciones al Código de Minería que apuntan a la protección del Medio Ambiente.
El legislador destacó que a ello debe sumarse innumerables presentaciones escritas dando cuenta de demandas y necesidades, de vecinos de diferentes localidades del departamento.
Amarilla dijo que seguramente 2012 no será un año fácil para los uruguayos, especialmente como consecuencia de la falta de rumbo que ha caracterizado a este gobierno. Ratificó su disposición a trabajar desde su banca en bien del país y en especial dando cuenta de las necesidades de los riverenses.

(Publicado Diario Norte, 31 de diciembre de 2011, fuente www.diarionorte.com.uy)

Alegría y compromiso en la despedida del año de Lista 15
Con las instalaciones colmadas de público, la Lista 15 del Partido Nacional realizó el pasado viernes una cena despedida del año en su comité de Brasil y Pantaleón Quesada.
En la oportunidad se destacaron las presencias del Presidente del Directorio del Partido Nacional, Senador Luis Alberto Heber, el Diputado por el Departamento de Montevideo Álvaro Delgado y representantes de todas las agrupaciones del nacionalismo riverense.
El Concejal de Tranqueras Matías Acosta fue el encargado de abrir la oratoria saludando la asistencia y presentando un mensaje desde el interior.
La Edil Dra. Lila Zabaleta presentó un informe sobre la situación departamental señalando varias carencias de la Administración Municipal subrayando al fracaso del proyecto de tercerización del abasto municipal como la gran promesa electoral incumplida por el actual intendente.
El Diputado Álvaro Delgado agradeció la invitación de su colega riverense, Gerardo Amarilla, y realizó fuertes críticas al partido de gobierno a nivel nacional indicando que el Partido Nacional es la alternativa por su postura y por una nueva generación de dirigentes.
Por su parte el Diputado Gerardo Amarilla valoró especialmente la presencia de los representantes de otras agrupaciones nacionalistas, costumbre que se viene reiterando en las diversas asambleas partidarias y que refleja el nuevo clima de unidad y armonía en las tiendas blancas. Estaban presentes representantes de las listas 1, 2, 5, 12, 17, 71, 400 y 1904.
El legislador riverense también hizo referencia a los siete años de administración frenteamplista en los que, a su entender, se ha contado con viento a favor y sin embargo se ha perdido el tiempo sin resolver temas graves que afectan a nuestra sociedad tales como seguridad, drogadicción, vivienda, salud y educación.
También señaló que el Partido Nacional supone la única alternativa e invitó a los adherentes a trabajar y prepararse para lograr la victoria y sobre todo para gobernar.
Cerrando la oratoria el Senador Heber agradeció a Rivera por la oportunidad que le dio históricamente de representarla, expresó su inmenso honor de presidir el Directorio del Partido Nacional y manifestó que se siente con fuerza y ganas de ser candidato en las próximas elecciones nacionales si logra el respaldo de su sector.
Indicó que está recorriendo todo el país y que el año 2012 dará prioridad a la juventud cuya elección está preparada para mayo del año próximo.

Fuente: Diario Norte

Proponen medidas concretas para accesibilidad de discapacitados

Proponen un proyecto de ley para que los organismos públicos que contraten obras en las veredas de las diferentes ciudades del país, incluyan como condición a las empresas la realización de los rebajes de cordón que impliquen la accesibilidad universal para discapacitados.

Con la firma de los diputados Luis Lacalle Pou (PN), Gerardo Amarilla (PN), Alma Mallo (PC) y Daniel Radío (PI), se presentó la propuesta que en su exposición de motivos reconoce la necesidad de que, en cumplimiento de la ley No. 18.651, “se adopten las medidas necesarias a efectos de otorgar una mayor accesibilidad de los discapacitados y autonomía en el desplazamiento por la ciudad”.




La propuesta tiene la particularidad de que no implica costos para el Estado y establece en su artículo 1 que “a partir del momento de la promulgación de la presente ley, todos los Organismos Públicos que realicen obras en la vía pública, deberán incluir en el Pliego de Condiciones del Llamado a las mismas una clausula que indique que las empresas adjudicatarias deberán realizar, a su costo, en cada esquina, el rebaje del cordón en cada esquina de la acera a efectos de permitir el acceso universal según las normas internacionales sobre accesibilidad universal”.

Utilizan los Artículos de San José para impedir el derecho al aborto en Uruguay

Por Austin Ruse


NUEVA YORK, 25 de noviembre (C-FAM) Una impactante lista de dignatarios lanzó los Artículos de San José en la legislatura nacional uruguaya la semana pasada. Encabezada por el diputado Gerardo Amarilla, la nómina incluyó muchos miembros del Congreso, varios ex ministros de alto rango, médicos, profesores de derecho constitucional y un famoso jugador de fútbol.

La alianza izquierdista presentó proyectos para liberalizar las leyes de aborto en el Senado uruguayo. A fin de lograrlo, necesitaba una coalición que incluyera al Partido Colorado, de centro-derecha. Este se negó a sumarse a la iniciativa y, al hacerlo, citó los Artículos de San José.

La presentación de los Artículos en Uruguay tomó por sorpresa a los organizadores de San José. «No supimos de este lanzamiento hasta momentos antes de que ocurriera», dijo un portavoz de los Signatarios. «Aunque nos sorprendió, acogemos con agrado esta iniciativa. Esto es exactamente lo que pretendíamos, que los Artículos cobraran vida propia, que las personas de todo el mundo los abrazaran, los hicieran propios y los difundieran».

Los Artículos también fueron presentados ante una multitud de mil personas en el Congreso Nacional por la Vida, en la ciudad de Cebú, Filipinas. El ex líder de la Mayoría del Senado de ese país, Francisco Tatad, encabezó la iniciativa. Estuvieron presentes muchos clérigos de alto rango, entre ellos el Arzobispo de Cebú y el presidente entrante de la Conferencia Episcopal Filipina. El lanzamiento de los Artículos fue el punto culminante del discurso inaugural del senador Tatad ante el congreso.

Tatad dijo a Friday Fax: «Los Artículos de San José tienen principalmente la intención de detener la falsa demanda de un derecho internacional al aborto; aunque constituyen uno de los mayores incentivos hasta la fecha para nuestra lucha contra la anticoncepción y la esterilización impuestas desde el exterior». Filipinas es víctima de fuertes presiones por parte de organismos de la ONU y de agrupaciones estadounidenses, tendientes a que acepte los programas de control demográfico al estilo de la ONU.

Los Artículos de San José son un documento elaborado por especialistas y refrendado por lumbreras, como los profesores Robert George (de Princeton), John Haldane (de St. Andrews), John Finnis (de Oxford), Anna Záborská (del Parlamento Europeo) y la ex ministra del gabinete francés Christine Boutin, quien emitió una propuesta para la presidencia de Francia.

Los Artículos están destinados a ayudar a las personas en todo el mundo, particularmente a los funcionarios de gobierno, a refutar las demandas efectuadas por personal de las Naciones Unidas y defensores del aborto de que existe un derecho internacional al aborto. Anand Grover, Relator Especial de la ONU para la Salud, hizo este reclamo el mes pasado en su informe para el Secretario General. Los gobiernos protestaron en esa oportunidad diciendo que Grover había excedido su mandato y que no era de su incumbencia ratificar un derecho internacional al aborto.

Incluso esta semana, una gran cantidad de Estados Miembros iniciaron un debate en la Asamblea General, en el que reprendieron a Grover y a otros por sus extralimitaciones. Intentaron introducir una enmienda en una Resolución de la Asamblea General para tal fin. La iniciativa fracasó por estrecho margen y señala la primera vez que tiene lugar un repudio generalizado de este tipo contra los Relatores Especiales.

Hasta el momento, los Artículos de San José fueron lanzados en la ONU, en el Parlamento Europeo, en la Cámara de los Lores, en el Congreso Internacional Pro-Vida, en San José, y en la National Pro-Life Conference (en Calgary). Quedan pendientes lanzamientos formales en los Estados Unidos, Chile, Argentina y en el Parlamento italiano.

Los Artículos actualmente circulan en ocho lenguas, entre ellas, inglés, francés, español, polaco, croata, alemán, italiano y eslovaco. Los organizadores dicen que vendrán muchas más.

Policías para liceos del interior y otros reclamos realiza el Diputado Amarilla

El nombramiento de policías para colaborar con la seguridad en los liceos de todo el interior reclamó el Diputado Gerardo Amarilla en el seno de la Cámara y frente a las declaraciones del Ministro del Interior Eduardo Bonomi de contratar más efectivos policiales para los centros de estudios de Montevideo.
En exposición escrita el legislador nacionalista señaló que “realmente estas declaraciones me causaron gran preocupación debido a que, según parece, para el señor Ministro sólo existen problemas con la seguridad en los liceos de Montevideo, ignorando olímpicamente la realidad del Interior del País.”
“Personalmente, como Representante del Departamento de Rivera, he visto los problemas que surgen en las cercanías de los centros educativos, los que son más que frecuentes. Es más, en otras oportunidades nos hemos ocupado del tema sin haber obtenido ninguna solución”, agregó.
En este sentido solicitó que la Secretaría de Estado adopte las medidas para que, no sólo en la capital exista dicha seguridad sino que se disponga la contratación de efectivos para todo el interior del país”.
Varios reclamos
También fueron objeto de planteos del Diputado Amarilla temas como las dificultades locativas que está padeciendo la Escuela Técnica Agraria de Minas de Corrales, haciéndose eco de una nota firmada por decenas de padres que reclaman urgente solución para dicho problema.
Por otra parte Amarilla también reclamó por algunos problemas y dificultades en relación al Liceo 4, APADIR Y ADIS. En particular, demandó por las dificultades de conexión a internet que sufren las zonas de Santa Isabel y el Abasto afectando particularmente al Liceo 4 y a APADIR además de todos los vecinos de dichas zonas.
Problemas puntuales vinculados al defectuoso funcionamiento del saneamiento en los barrios Treinta y Tres Orientales e Insausti también fueron objeto de planteos destinados a OSE a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Piden informes sobre la evaluación del impacto ambiental de Aratirí

El Martes 8 de noviembre se presentará un Pedido de Informes firmado por los diputados del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, Alvaro Delgado y Luis Lacalle Pou, a efectos de que el órgano legislativo sea informado sobre la evaluación del impacto ambiental presentada por la minera Aratirí la pasada semana.

Es la intensión de los tres parlamentarios hacer un seguimiento del cumplimiento estricto de la reglamentación ambiental. Para ello manifestaron que observarán de cerca la información proporcionada por la empresa, y lo mismo harán con las decisiones que vaya adoptando la DINAMA.

Diputado del PN dice que matrimonio igualitario atenta contra "procreación y monogamia"

En paralelo al debate por la posibilidad de que una norma avale el matrimonio entre personas del mismo sexo, el diputado nacionalista Gerardo Amarilla (Unidad Nacional) presentó un proyecto de ley para establecer políticas públicas que den "estabilidad moral y material" al matrimonio y a la familia. Para eso, propone que el Banco República otorgue préstamos para la celebración de la boda o que el Banco Hipotecario habilite líneas de créditos especiales para comprar vivienda a parejas (heterosexuales) que contraigan matrimonio. También, que el Ministerio de Desarollo Social brinde "apoyo y fomento" a la familia mediante "apoyo profesional y multidisciplinario de abogado, asistente social, psicólogo y sexólogo"; y que no puedan iniciarse trámites de divorcio "sin acreditarse que se ha intentado la conciliación previa".
En la exposición de motivos afirma, citando un estudio de la Universidad de Montevideo, que "existe un mayor atraso educativo en los jóvenes que no viven con ambos padres biológicos en el hogar" y que su separación "contribuye a otras consecuencias negativas en las conductas de los niños y jóvenes, que sin la debida contención, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a la depresión, el consumo de drogas y la delincuencia". Asegura también que "los menores" nacidos dentro del matrimonio están en una situación "diametralmente más ventajosa" porque conlleva "la filiación legítima y, con ella, la seguridad del conocimiento cabal de quién es su padre y su madre".
Amarilla entiende que no es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo: "sería otra figura jurídica". "No es matrimonio si no está vinculado a la procreación y a la monogamia. Las relaciones del mismo sexo están destinadas a satisfacer una necesidad, un placer sensitivo, que puede ser de dos personas o más, de tres o de cuatro", aseguró a la diaria. Y recordó que el origen de la palabra "matri-monium" refiere al "derecho que adquiere la mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad

Palabras del Diputado Gerardo Amarilla en la Cámara de Representantes sobre Caducidad

Señor Presidente:
El parlamento nacional se aboca nuevamente a la discusión de la Ley de Caducidad y volvemos a escuchar argumentos, fundamentos y razones que hace 25 años venimos escuchando junto a la ciudadanía, no solamente de un lado y de otro sino que una gama indefinida de matices.
No pretendemos agregar elementos muy novedosos o inéditos después de tanto dicho y tanto escrito respecto al tema, solo intentaremos expresar los fundamentos que nos llevan a adoptar una decisión rechazando el proyecto que nos remite la Cámara de Senadores.
Desde el punto de vista de la Constitucionalidad, hemos escuchado y leído a los principales académicos constitucionalistas respecto a las flagrantes violaciones que contiene este proyecto, fundamentalmente respecto a la retroactividad que se pretende y a las lesiones que esta podría causar a los derechos y por sobre todo a la seguridad jurídica que un Estado debe garantizar.
Hay un elemento de mayor gravedad en la pretendida norma debido a que no observa la clara y manifiesta expresión del cuerpo electoral. No es menor esta observación ya que la Constitución de la República en su artículo 4 establece claramente que “la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer las leyes, del modo que más adelante se expresará” y en el articulo 82 se consagra que “la Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana – y agrega – su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución…”
No resulta menor la lectura conjunta de éstos artículos y la consideración de que en el 82 se establece en primer lugar, estableciendo un orden de prelación el ejercicio directo de la soberanía por el Cuerpo Electoral antes que el ejercicio que pueden hacer de acuerdo a la carta por parte de los poderes representativos.
Todos conocemos la historia reciente en relación a la ley 15.848 de diciembre de 1986, yo junté firmas para recurrir esta ley de acuerdo a lo establecido en el art. 79 de la Constitución y juntadas las firmas, en abril de 1989 vote por su anulación, el recordado Voto Verde. Pero todos aquí sabemos o deberíamos saber el resultado, la decisión fue 60 a 40 a favor de mantener la ley. Con espíritu democrático acepté aquel resultado y nos dimos cuenta que la opción mayoritaria e inapelable era dar vuelta la página. La opinión mayoritaria de nuestra sociedad era complementar con esa norma a la ley de Amnistía votada el 8 de marzo de 1985.
Agotados todos los caminos establecidos en nuestra Constitución, el cuerpo electoral se pronunció, ejerció directamente la soberanía y en ese caso ratificó lo que habían decidido los poderes representativos.
Cuando pensábamos que todo este proceso había llegado al final, 20 años después nos vimos sorprendidos con el intento de agregar una norma en la Constitución que declarara nula la ley de caducidad y sus efectos. Ese procedimiento –jurídicamente también muy discutible- pero atendible desde que se convocaba nuevamente al ejercicio de la soberanía del cuerpo electoral, tuvo también un rechazo de la ciudadanía que nuevamente consultada – nos guste o no su resultado- dio su veredicto.
Y como se ha dicho y se ha repetido, esta norma conlleva una grosera inconstitucionalidad ya que intenta anular los efectos de una ley sometida y ratificada dos veces al cuerpo electoral.
Y más allá de la inconstitucionalidad hay otra señal grave que damos a la ciudadanía. Como queda este antecedente del tratamiento o respeto que los representantes hacemos de las expresiones claras de la ciudadanía mediante mecanismos de democracia directa.
Pero yo tengo la necesidad de referirme- como ya lo hice en otra oportunidad – a otro elemento que considero sumamente importante. La necesidad de toda una sociedad de sanar las heridas y para ello necesariamente dar vuelta la página.
Para sanar las heridas todos tenemos que contribuir a erradicar sentimientos de odios, de resentimientos y de rencor. Presiento que todavía hay muchos orientales presos de esos terribles sentimientos y creo que deberíamos contribuir a que podamos todos experimentar el poderoso efecto liberador del perdón.
Sin perdón no puede haber restauración.
Nuestro país tiene una rica tradición de normas que intentaron dejar en el olvido las cuentas a cobrar luego de un período tormentoso. Desde 1835, cuando el Presidente Oribe otorgó la amnistía respecto a los que participaron en el levantamiento lavallejista del período anterior, posteriormente hay amnistías otorgadas por Rivera, más adelante por el Presidente Berro, el Gral. Flores y en varias ocasiones hasta el Siglo XX, en 1934 en la presidencia de Gabriel Terra y en 1985 la ley de Amnistía, complementada con la Caducidad de 1986.
En la comparecencia del Dr. Augusto Durán Martínez en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, justamente se que “no cabe duda de que existe un derecho humano a averiguar la verdad, como tampoco cabe duda de que existe un derecho humano a obtener una reparación patrimonial por los derechos sufridos. La ley de Caducidad no ha significado obstáculo alguno para realizar investigaciones administrativas; ellas se pueden hacer, se han hecho y podrán seguir haciéndose…Lo que la Ley de Caducidad ha impedido ha sido la represión penal. Justamente sobre este tema debemos reflexionar, porque no existe ningún derecho humano a la represión penal. Nadie tiene derecho a que se castigue penalmente a otro. Todo el mundo tiene derecho a averiguar la verdad y a obtener un resarcimiento por los perjuicios sufridos, pero no a castigar personalmente a otro. Por eso, como la represión penal requiere de una acción pública, la Constitución de la República admite el indulto y la amnistía como un remedio heroico para la pacificación de la sociedad. Precisamente esto fue lo que el Estado uruguayo hizo al promulgar la Ley de Caducidad, que es una suerte de amnistía, un perdón o indulto. Como dije, nadie tiene el derecho de impedirnos el perdón, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Ayer tuvimos señales claras de reacciones que generan o puede generar la consagración de esta norma. Nuevos reclamos, denuncias o acciones desde otras partes a cuentas que podrían estar pendientes y eso no lleva a una reconciliación o restauración.
Lamento que como sociedad no estemos siendo capaces de resolver temas del presente con fuerte gravitación en el futuro de generaciones. Temas graves y pendientes como seguridad pública, como la crisis educativa o como el drama en la gestión de la salud pública, que están afectando a los habitantes de este país HOY, vulnerando los derechos humanos de los uruguayos hoy en el 2011. Con este proyecto nos retrotraemos 30 o 40 años, volcamos esfuerzos en reabrir las heridas, en cobrar cuentas, en reavivar rencores, odios y resentimientos que en nada ayuda a resolver los problemas de los uruguayos de hoy y del mañana
Gerardo Amarilla
Representante Nacional

Reclamo al Estado por incumplimiento sobre oportunidades a discapacitados

Al menos en 15 organismos públicos, entre ellos el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública, han incumplido con la obligación de contratar al menos un 4% de sus vacantes con personas discapacitadas.
El artículo 42 de la Ley 16.095 (vigente en el país desde el 26 de octubre de 1989), modificada pero no en lo sustancial por el artículo 49 de la ley 18.651 del 19 de febrero de 2010, establece que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizaos y personas de derecho público no estatales “están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”.
El Diputado Gerardo Amarilla realizó el 12 de abril de 2011 un Pedido de Informes dirigido a todos los organismos públicos, en los que solicita le proporcionen los datos sobre ingresos a la administración pública desde 2005 a la fecha, y en qué grado se ha cumplido con la cuota dispuesta por la ley para discapacitados. Hasta el momento y según surge de la tabla adjunta se ha recibido la respuesta de 15 organismos, y de todas ellas surge la constatación de que no se ha cumplido con la disposición.
“Es una pésima señal que organismos tales como el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social, que deberían estar muy comprometidos con este tema, no cumplan con la ley, y por lo tanto discriminen a los discapacitados, negándoles posibilidades de rehabilitación laboral”, señaló el Diputado Gerardo Amarilla. El legislador agregó que “no puede ser una justificación de tal incumplimiento la falta de reglamentación, ya que como lo establece el artículo 332 de la Constitución los derechos a los individuos, así como los deberes de las autoridades públicas no pueden dejar de aplicarse por falta de reglamentación”.

Varios planteos para Tranqueras

Sábado 22 de octubre de 2011
Diputado Gerardo Amarilla hace varios planteos para Tranqueras
El 20 de setiembre del corriente el Diputado Gerardo Amarilla realizó una recorrida por la ciudad de Tranqueras, en la que visitó diversos centros educativos y diferentes dependencias.
Como producto de esa recorrida y del acercamiento a la gente, el legislador ha elevado varias exposiciones escritas con inquietudes sobre algunos servicios que se prestan en esa localidad.
Una de las inquietudes es la actual situación de algunos centros educativos, como ser en Jardín de Infantes 138, que carece de personal y mobiliario; la Escuela Nº 92 no posee un salón multiuso acorde a sus necesidades básicas y necesita una ampliación y construcción de servicios higiénicos; la Escuela 3 carece de personal para su correcto funcionamiento, además de tener problemas edilicios. Esta última escuela celebrará su centenario el próximos 25 de noviembre.
En ocasión de la visita al Liceo se constató que debido a la cantidad de alumnos que concurren y las dimensiones de los salones, es necesaria una ampliación del edificio y construcción de servicios higiénicos para docentes. En similar situación se encuentra la Escuela Técnica de la localidad, ya que posee 115 alumnos y cuatro salones y al edificio hace años que no se le efectúa ningún mantenimiento.
También en la visita al Club del Niño, dependiente del INAU, se constató que no posee auxiliar de servicio, profesor de Educación Física ni juegos recreativos. Además, lindero al Club está el predio que ocupó la Planta de Tratamiento, lo que se ha transformado en un foco de polución ambiental.
Por otra parte, la policlínica de ASSE de esa ciudad carece de recursos humanos para atender la cantidad de pacientes que concurren, y el Departamento de Bomberos posee un radio de acción muy amplio para los vehículos y el personal con el que cuenta.
Refiriéndose a la visita a la ciudad, el Diputado declaró que le parece muy positivo tener la posibilidad de nutrirse de inquietudes para trabajar en ellas, pues hacen parte del compromiso contraído al asumir la diputación. (Fuente Diario Norte)

Planteo al Ministro de Salud por Misoprostol.

Texto de la Nota presentada al Señor Ministro de Salud Pública, el día 4 de octubre de 2011 en la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes,
Señor
Ministro de Salud Pública,
Dr. Jorge Venegas
Frente a declaraciones en prensa del señor Subsecretario de vuestra cartera y suyas propias, me dirijo a Ud. A los efectos de hacerle llegar las siguientes consideraciones e interrogantes:
En nuestro país están vigentes los artículos 325 al 328 del Código Penal, por el que se considera delito el aborto, con penas especiales en la concurrencia de otras consecuencias y regulaciones especiales para circunstancias agravantes, atenuantes y aún eximentes.
Esta norma tiene -a nuestro entender- un anclaje en la propia Constitución de la República, concretamente en su artículo 7, debido a que “los habitantes tiene derecho a ser protegidos en el goce de su vida”.
Como si fuera poco hay un compromiso internacional de nuestro País que firmó y ratificó por ley: la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que claramente establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que respete su vida y la ley debe garantizar esa protección desde el momento de la concepción.
Una declaración u acción de parte de jerarcas del Estado Uruguayo y que pretenda desconocer esa marco normativo, ignorándolo y hasta promoviendo su incumplimiento, además de considerarlo injusto, resulta claramente ilegítimo.
Hay particularmente tres figuras delictivas que los actores públicos deberíamos tener bien presentes al momento de realizar ciertas apreciaciones, la instigación pública a delinquir, la apología de hechos calificados como delitos y la instigación a desobedecer las leyes, regulados por los artículos 147, 148 y 149 del Código Penal.
En declaraciones atribuidas al señor Ministro de Salud por la prensa sobre que "Entre nosotros hay un común acuerdo de que el principal objetivo es cuidar a nuestras usuarias y prestar los lineamientos generales para que las mujeres no mueran por abortar en condiciones de clandestinidad” y frente a esta afirmación debemos hacer tres interrogantes:
1) En primer lugar debemos preguntarle a quién se refiere cuando dice que tienen un acuerdo; ¿a quiénes se incluye en ese supuesto acuerdo de cómo proceder en estos casos? y ¿Cuáles son los alcances concretos de ese acuerdo?

2) En segundo término debemos preguntarnos ¿a quiénes incluye entre las usuarias a cuidar y a quiénes excluye? De acuerdo a la Constitución de la República, los compromisos internacionales y profusa legislación nacional, los seres humanos concebidos tienen derechos. La pregunta es, con esa afirmación del señor Ministro ¿estamos excluyendo del derecho a ser cuidados por el MSP a ciertos seres humanos?, ¿estamos privilegiando a ciertas usuarias y discriminando a otros usuarios y usuarias?


3) En tercer lugar nos preguntamos si realmente ¿se tienen datos y conciencia de las terribles consecuencias que puede aparejar el uso de Misoprostol, no sólo para los niños sino para las propias madres y su entorno familiar? Esta pregunta la realizamos porque tenemos datos sobre las consecuencias serias que puede tener la administración de este medicamento sin el debido asesoramiento y con graves derivaciones luego del tercer mes de embarazo.

En el año 2010, el entonces presidente de la Sociedad de Ginecotología del Uruguay, Washington Lauría, decía en una nota de prensa que el país está "bien ubicado a nivel mundial en cuanto a tasas de mortalidad materna, y es uno de los mejores de Latinoamérica", pero sin embargo "aumentaron las complicaciones fetales", por ejemplo, por el mal uso del abortivo misoprostol. Hubo casos de madres con una gestación de más de 25 semanas, que usaron misoprostol. "Esos casos llevan a la muerte de los fetos y a complicaciones del aparato genital femenino".

El uso del Misoprostol “en el embarazo” no cuenta con la aprobación de la “FDA” (Food and Drug Administration) ostentando el status de categoría X referida a la categorización inherente a eventuales complicaciones procedentes de su uso.

De la investigación y asesoramiento al que accedimos se da cuenta de efectos secundarios o complicaciones que pueden surgir de su uso sin el debido asesoramiento y necesario control médico entre los que destacamos:

En lo general se consignaron náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, escalofríos, temblores y fiebre pudiendo en altas dosis registrarse hipertermia, hipoxia y alteraciones ácido-base en sangre por lo que en el mejor de los casos, podemos afirmar que su utilización no es inocua.

Utilizadas durante el embarazo genera inicio y/o aumento de la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas cuya repercusión sobre el embarazo o la madre dependerán de las semanas de gestación y condiciones maternas. Uno de los ejemplos podría ser la existencia de cicatriz uterina por cesárea anterior.

En el caso que el misosprostol sea administrado (en dosis superiores a la indicada para trastornos gastroduodenales) a una mujer embarazada se ha demostrado que en un 90 % aproximadamente ocurren hemorragias uterinas con expulsión del contenido del útero.

Los abortos producidos por el misosprostol, con frecuencia suelen ser “incompletos”, es decir no existe una expulsión total del contenido uterino, dando lugar a intervencionismo médico y eventuales maniobras invasivas con sus eventuales complicaciones que podrán requerir hospitalización.

Se describen alteraciones de la embriogénesis con las consiguientes anomalías congénitas de niños expuestos misosprsotol durante el primer trimestre del embarazo. Esto significa que está contraindicado en forma absoluta en mujeres embarazadas durante el primer trimestre etapa de la formación de los órganos y se recomienda utilizar con extrema precaución en mujeres en edad fértil por la posibilidad de un embarazo aún no diagnosticado.

Posible sensibilización Rh en pacientes Rh negativas con fetos presumiblemente RH positivos a las que no se le administre la respectiva inmunoprofilaxis anti D por no contar con el control médico adecuado y esperable.

Frente a estos elementos, considero que sería muy oportuna vuestra presencia en el ámbito de la Comisión de Salud de la Cámara para tratar estos temas y despejar las interrogantes que surgen de la presente.

Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.

Dr. Gerardo Amarilla
Representante Nacional

Rendición de Cuentas, agosto 2011

Algunos Resultados y otras acciones

El "matrimonio homosexual" pone a prueba al Parlamento

REMOVEDOR. TODA UNA VISION DE LA SOCIEDAD SE PONE A PRUEBA EN EL DEBATE LEGISLATIVO.

El repetido pero nunca aplicado "contigo pan y cebolla" de los matrimonios, no parece ser bien visto por una gran cantidad de diputados cuando se trata de parejas homosexuales. Un proyecto del FA que iguala el carácter matrimonial de los hétero a homosexuales y transexuales, promete hacer rechinar la base social tradicional.
GERARDO AMARILLA (PN): "PROYECTO ATENTA CONTRA LA PROCREACIÓN DE LA ESPECIE"

"Por tres o cuatro motivos no estoy de acuerdo" dijo el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, uno de los pocos confesos religiosos que ha ingresado al parlamento en esta legislatura.

Para el legislador, el proyecto de ley de matrimonio igualitario que propondrá a consideración del parlamento el Frente Amplio "atenta contra la preservación de la especie porque la institución del matrimonio tiene que ver con la protección de la procreación", aseveró el legislador.

Agregó que el concepto, el nudo de la iniciativa que ya tiene el visto bueno de los 50 legisladores frenteamplistas "no tiene por objeto la procreación de la especie humana porque además, se degenera el instituto jurídico del matrimonio".

"El fundamento de la familia es la familia" subrayó Amarilla y, pasando a otra de las "tres o cuatro razones" por la que no votará el proyecto en cuestión, es porque "creo que colinda con lo constitucional".

Sumando razones para rechazar la iniciativa, el legislador nacionalista evalúa que "no hay motivos de peso" para sancionar la igualdad de la institución matrimonial para personas del mismo sexo, porque "desde que existe la ley de unión concubinaria (4 años) ha habido algo así como 30 casos de parejas homosexuales que se han visto beneficiadas con esa norma legal, frente a los 10 mil de personas de diferente sexo, es decir, heterosexuales".

Gerardo Amarilla tampoco suscribe la posibilidad de que parejas de homosexuales se inscriban y contraigan enlace en el Registro Civil.

Esgrime el legislador "razones políticas, religiosas y filosóficas" para rechazar la iniciativa que fue redactada en su mayor parte por el colectivo de transexuales, travestis y gays conocido como "Ovejas negras".

El proyecto contempla también la posibilidad de que los hijos porten el apellido materno en primer lugar que el del padre.

"Esa posibilidad no me parece, en principio, cuestionable pero quizá llegue a afectar el orden de las cosas, como las sucesiones", destacó. Y terminó: "confundir el tipo de relación homosexual con el matrimonio, atenta contra la institución familiar".



SEBASTIAN SABINI (FA): "DEBE HABER MATRIMONIO PARA TODOS"

Quien más se ha identificado con el proyecto de ley de matrimonio gay, con el que se pretenderá igualar con aspectos legales con el tradicional trámite conyugal heterosexual, Sebastián Sabini, confesó que para su redacción se basó en uno similar aprobado el año pasado en Argentina.

El representante del Frente Amplio por Canelones aseguró que con esta iniciativa "no hacemos énfasis tanto en el tema de los matrimonios homosexuales, sino en el de matrimonio igualitario sin distinción de sexo, género o religión", agregando que el objetivo primordial es "permitir el matrimonio para todos y no lesionar los derechos humanos de algunos sectores de la población uruguaya que hoy no pueden casarse de manera legal". El proyecto busca modificar los artículos del Código Civil que refieren a "marido" y "mujer", como siempre se los conoció, para cambiarlos por "cónyuges", "pareja conyugal" o en su caso "esposos". Todo parece indicar que pese a las posiciones en contra, el proyecto se aprobará sin mayores consecuencias. Si es así, personas del mismo sexo, género o incluso con cambio de identidad "podrán casarse y tendrán los mismos derechos que todo matrimonio", subrayó Sabini.

Sabini nada quiere saber siquiera con que durante el debate, el proyecto pierda algunos conceptos que a su entender son "esenciales", como la palabra que lo corona: matrimonio.

"De ninguna manera se eliminará la palabra `matrimonio´ del articulado porque es precisamente eso a lo que se apunta con este proyecto de ley: a hablar de igualdad en los matrimonios sin importar si estos están conformados por personas del mismo sexo", gritó.



DANIEL RADIO (PI): "HAY MUCHO LOBBY DETRÁS DE ESTE PROYECTO"

El representante Radío, que si bien rechaza la propuesta de matrimonio igualitario como su colega nacionalista, es algo más pragmático. "Calificar de matrimonio el caso de parejas del mismo sexo es absurdo. El primer paso para respetar la diversidad, lo que es diferente, es precisamente asumir que existe. Lo que es diverso, no es igual a todo. No es lo mismo y no es bueno meter todo en la misma bolsa y encima, revolver".

Está convencido y dispuesto a defender con uñas y dientes que "lo que es diferente, hay que mantenerlo y no igualarlo a todo lo demás (porque) sino, no se aporta a la famosa diversidad".

"Es como querer pasar una carta por debajo de la mesa, en forma clandestina y haciendo trampa", graficó.

Radío reconoce, obvio que "hay y convive entre nosotros un tipo diferente de relación, una manera distinta de parejas. No digo ­aclara- que sea mejor o peor, sino que son diferentes y creo que allí está la clave: hay que mantener esa diversidad".

El diputado del Partido Independiente cree que "acá hay mucho lobby detrás de este proyecto de ley, de parte de personajes de la farándula. Pasa en Buenos Aires y ahora ha llegado acá (a Montevideo)".

"Resulta ­dijo- que eso es visto hasta como políticamente correcto" dijo Radío, aludiendo al hecho de llevar al rango de la igualdad a aquellos que se exponen con determinadas particularidades.

"Además, no se debería llamar `matrimonio´ porque no es lo mismo. Uno ­razona Radío- debe reclamar a la sociedad equidad, que no es lo mismo que igualdad. Tratar como iguales a aquellos que son diferentes, no es progresista".

El legislador sabe que su posición será calificada en forma negativa por quienes impulsan y apoyan la iniciativa en debate, pero está convencido que "es muy fácil estigmatizar a quien piensa diferente".

Tampoco suscribe la alteración en el orden de los apellidos como propone también el proyecto "porque puede darse el caso de que dos hermanos se llamen de manera distinta y no es aconsejable". Se le solicitó que defina en pocas palabras el proyecto en cuestión y dijo: "Es pacato".

Fuente: Diario La República: http://www.lr21.com.uy/politica/470598-el-matrimonio-homosexual-pone-a-prueba-al-parlamento

Moratoria de trámites mineros.

Consideramos necesaria una moratoria de los trámites mineros hasta que no se definan las directrices nacionales de ordenamiento territorial en la materia.

El Poder Ejecutivo tiene que declarar esa moratoria, y por lo tanto suspender en forma inmediata todos los trámites tendientes a la habilitación de nuevos emprendimientos mineros hasta la aprobación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, tal como lo prevé el artículo 10 de la ley 18.308.

Resulta imprescindible que por parte del Estado de proceda a la definición básica de la estructura territorial y la identificación de las actuaciones territoriales estratégicas, tal como lo dice la ley.

Nosotros queremos simplemente que se cumpla ley y ella establece la necesidad de la formulación de criterios, lineamientos y orientaciones generales para los demás instrumentos de ordenamiento territorial y para las políticas sectoriales con incidencia territorial.

Si no actuamos seriamente y con políticas claras, se puede desatar una guerra por la competencia de las diversas actividades en el territorio y lamentablemente creo que van a salir perjudicados los más débiles.

Piden ayuda a ONGs que recuperan y rehabilitan adictos.

Con la firma de legisladores de varios partidos fue presentada una iniciativa del diputado Gerardo Amarilla para que se transfieran fondos del MSP a Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la recuperación y rehabilitación de adictos.
Por ley de Presupuesto se había destinado una partida anual de $ 25.720.160 que representan unos US$112.000 mensuales para contratos de personal destinado a una reestructura administrativa del Ministerio de Salud Pública.
"Hay cientos de instituciones que con mucho sacrificio y amor trabajan en la rehabilitación de adictos, en la recuperación de jóvenes, en la restauración de familias divididas por la violencia doméstica y dañadas por el alcohol. Es hora de que el Estado deje de gastar dineros en su burocracia y atienda esta problemática social"

Piden inversión en viviendas para Tranqueras.

El Diputado Gerardo Amarilla muestra preocupación por situación de familias de la ciudad de Tranqueras que habitan viviendas precarias a raíz de un informe presentado por el concejal tranquerense Matías Acosta.

El legislador cursó una solicitud en apoyo a la idea del concejal Acosta para que la partida de $4.000.000 que le otorgó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Intendencia de Rivera, en virtud de un Convenio firmado entre ambos, sea destinada a la construcción de viviendas en la ciudad de Tranqueras.
Dicha suma sería utilizada, por parte de la Intendencia de Rivera al arreglo de calles e iluminación, asuntos que son de prioridad. Sin embargo, esas obras estarían financiadas, ya que existen rubros presupuestales que pueden ser destinados a ese fin.
Por su parte, las obras realizadas en Tranqueras por MEVIR y FYMNSA no son suficientes, ya que hay familias que habitan viviendas en situación precaria y con problemas estructurales.

Plantean por cortes de agua en Mandubí.

Las carencias en el servicio de agua potable y los cortes diarios en el barrio Mandubí fue objeto de un pedido de informes por parte del diputado Gerardo Amarilla ha presentado a la Presidencia de la Cámara de Representantes, dirigido al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
En el referido informe solicita que se le haga saber cuáles son los problemas que existen actualmente con el suministro de agua corriente en el barrio “Mandubí”, ya que se ha sabido que éste se realiza de forma interrumpida.
Además se pide saber si se han tomado las medidas necesarias para efectuar los arreglos que deberían llevarse a cabo para que no siga existiendo el problema.

Reclamo por demora en entrega de Viviendas

El Diputado Amarilla hace reflejar su preocupación sobre sorteo de viviendas del Edificio F30 de la Agencia Nacional de Vivienda en el departamento de Rivera, ya que existiría una demora en la entrega de los apartamentos.
Dicho representante solicitó se curse un pedido de informe a efectos de saber si ya se realizó el sorteo de adjudicación de las viviendas de ese edificio y si ya se firmó algún boleto de reserva por alguna o varias unidades del complejo.
A su vez, pide que se explique la causa de la demora en la entrega de las viviendas y si hay problemas con las entregas de las mismas.

Minería a cielo abierto. Un negocio peligroso y poco claro

Las acciones del Partido Nacional comenzaron a descorrer el velo de misterio que envolvía el negocio de la extracción de hierro, que empezó a gestarse bajo el gobierno del ex Presidente Tabaré Vázquez.
En el negocio están involucrados, ahora representando intereses privados, personas que ocuparon cargos de gobierno durante la pasada administración.
El secretismo del tema llevó al Partido Nacional a una triple interpelación a los a los ministros de industria, de vivienda y medio ambiente y de turismo.
De un informe presentado por el miembro interpelante diputado Gerardo Amarilla en esa instancia, surgió que la empresa ENRC, socia al 50% de Zamin Ferrous (dueño de Aratirí), está siendo vinculada a denuncias de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. De ello hay información pública en el periódico belga Le Soir además de Wikileaks.

Desde que se conoció la existencia del proyecto Aratirí generó cuestionamientos. En el caso del Partido Nacional se han manifestado desde diversos ángulos, pero todos coinciden en la falta de transparencia del gobierno en torno al proyecto de la minera.
Cuando el Partido puso el tema en el ámbito político y en la opinión pública la empresa hizo intentos de incidir en los legisladores mediante visitas inesperadas en sus despachos. Pero una vez que se puso en discusión el aspecto económico del negocio y ya no les resultó tan ventajoso, decidieron dejar de priorizarlo.
El martes de esta semana el Gerente General de la Minera Aratirí, Fernando Puntigliano manifestó que el proyecto pasó de ser "la prioridad número uno" del grupo inversor Zamin Ferrous, responsable del emprendimiento minero, a estar en el cuarto lugar.
La decisión fue tomada el domingo 31 de julio y le fue comunicada al Ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman, quien notificó al Presidente José Mujica de la situación.
Según Puntigliano, el grupo inversor no se conformó con la discusión política en torno al tema y consideró que los tiempos que se estaban cumpliendo eran lentos. Como consecuencia de lo decidido el domingo, la inversión inicial se verá reducida entre un 50% y 70%.
Si bien el proyecto no cayó, Puntigliano dijo a Metrópolis FM que los US$ 1.000 millones destinados a este proyecto serán dirigidos a otros planes de la firma inversora. También expresó que la empresa quiere mantener una buena relación con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), en quien confían plenamente. "Dentro de 10 años nos vamos a tener que volver a encontrar y es necesario que exista confianza", afirmó.
“La empresa salió a terciar en la discusión que estamos dando sobre el negocio, y obviamente ahora se comenzó a inquietar. Está bien que se inquiete, porque nosotros estamos dando a conocer los números. El proceso de discusión de la nacionalización ha reabierto un debate que no estaba”, dijo el diputado José Carlos Cardoso a La Democracia con respecto a las declaraciones de Puntigliano.
“El Uruguay es muy transparente para discutir y hay una larga tradición democrática en el país en discutir sus inversiones”, agregó.
Cardoso se refirió a grandes emprendimientos y recordó que en el caso de Botnia se discutió tres años sobre temas ambientales, pero no hubo ningún problema con el negocio. En cambio en Aratirí se habla de los números, y “la empresa puede decir: No, mire, si yo no me quedo con el 90% el negocio deja de interesarme”.
Cardoso dijo que era previsible que la empresa tuviera una “pataleta” si se le modificaba el negocio, y hasta podría decir; “este partido se termina acá, porque yo soy el dueño de la pelota”.
Pero no es el dueño de la pelota. Uruguay tiene que seguir discutiendo transparentemente el negocio. Porque lo que hemos logrado al instalar el foco sobre el negocio es que la gente se entere de qué se trata.
Y las empresas que vienen a Uruguay, como vino Botnia, tienen que aprender que una de las cosas que hacemos los uruguayos es discutir y divulgar. ¿Qué pensaban? ¿Mantener el secretismo?, se preguntó.

Desde el gobierno de Tabaré Vázquez

El proyecto Aratirí implica una inversión de US$ 3.000 millones, la explotación de cinco yacimientos de hierro de alta calidad en Maidana y Las Palmas (por 20 a 25 años) y Uría, Morochos y Mulero; y la construcción de una terminal portuaria de uso exclusivo con mineroducto. (Ver página 12)
Los principales aspectos de discusión tienen que ver principalmente con la conveniencia económica del proyecto, y el peligro medioambiental que implica.
El diputado Luis Lacalle Pou se ha mantenido en la negativa a la inversión argumentando que no quiere el proyecto así como está, y denunciando que los dos gobiernos del FA manejaron la inversión india con “secretismo”.
"Entre el gobierno de Vázquez y el de Mujica se actuó en secreto, ocultando a la población lo que sucedería con Aratirí. Tal vez por la soberbia de las mayorías que creen que pueden hacer todo sin que nadie les diga nada", subrayó.
Por su parte el Dr. Rodrigo Goñi, Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), afirmó que "al gobierno no le gusta la transparencia", y que “el tema de Aratirí se ha manejado en medio de la oscuridad”.
Ambos participaron de la presentación de la Agrupación Sinergia, que lidera Santiago Ferrer e integra Alianza Nacional, en la cuál también expusieron sobre Aratirí los diputados Mario Silvera y José Carlos Cardoso.
El diputado Silvera, del departamento de Treinta y Tres, advirtió sobre los riesgos de la mega inversión.
Manifestó que la minera causará daños medioambientales y sociales; y pondrá en riesgo la salud humana. Como ejemplo de los daños sociales, que a su entender ya comenzaron a incidir, señaló que en la zona "la gente que está a favor o en contra ya no se dirige la palabra. Se perdió el ambiente de comarca".
Con relación a la generación de empleo, el diputado relativizó las cifras y señaló que se perderá la matriz productiva de la zona.
El diputado José Carlos Cardoso manifestó que se enteró del proyecto hace dos años, pero aclaró que hace cinco que lo está manejando el oficialismo. “La empresa no aportó suficiente información sobre las características del negocio”, expresó.
Luego se refirió se refirió al aspecto económico del emprendimiento minero e insistió en volver a discutir la propiedad de determinados recursos naturales; entre ellos el hierro.
"La empresa dijo que invertirá US$ 2.800 millones para la extracción del recurso; algo parecido a lo que sucedió en África durante 500 años”, afirmó Cardoso. “El 91% de las ganancias serán para Aratirí, el 5% para el Estado y el 4% para los dueños de los campos. ¿No deberíamos comenzar a pensar en nacionalizar el recurso?", se preguntó.
El legislador también denunció la contratación de ex funcionarios del gobierno de Tabaré Vázquez y señaló que la empresa “firmó la mayor parte de los documentos en el período anterior”.

Interpelación. ¿Infructuosa?

El foro de la Agrupación Sinergia se realizó el 22 de julio; ocho días después de la interpelación a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, de Vivienda, Graciela Muslera y de Turismo, Héctor Lescano. Sin embargo, las opiniones de los nacionalistas continuaban invariables; porque la instancia parlamentaria no dejó los resultados esperados. El gobierno no brindó información a los legisladores.
El miembro interpelante, diputado Gerardo Amarilla*, explicó a La Democracia que quedaron desconformes con las respuestas porque los ministros no le dieron al Poder Legislativo datos e informes sobre algunos temas que a su entender son fundamentales en este proceso.
“El Poder Ejecutivo o no los tiene, o no los quiere dar”, señaló.
Amarilla dijo además, que si bien no quedó conforme con las respuestas, fue una instancia parlamentaria importante, porque el tema se discutió en un ámbito formal dentro del Estado.
Afirmó que allí “se volcaron diferentes visiones sobre este emprendimiento”, y quedaron planteadas una serie de interrogantes, de las cuáles espera que “el Estado pueda, antes de tomar una resolución, darle la información al Parlamento y a la sociedad”.
Durante la interpelación, el diputado Amarilla expresó que el Poder Ejecutivo ya está tan comprometido, que podría formar una sociedad con Aratirí. También puso en duda las “garantías morales” de los eventuales socios del gobierno en el proyecto minero.
El legislador consultó a la Ministra Graciela Muslera (MPP) si Aratirí ya pidió autorización para cambiar los cursos de agua, rutas y caminos y hasta para trasladar pueblos cercanos. Y señaló que le consta que ya hay impacto ambiental con la actividad actual de Aratirí en Valentines (en el límite entre Florida, Treinta y Tres y Cerro Largo).
“El trabajo de la minera supondrá la detonación de 234 toneladas de explosivos por día”, dijo Amarilla. Y preocupado por los daños pulmonares que esto podría ocasionar, pidió crear el delito ecológico en el Código Penal.
La ministra pareció restar importancia al impacto ambiental que podría producirse y tampoco mostró preocupación por los eventuales incumplimientos de compromisos internacionales.
En lugar de responder explicó las competencias de su ministerio y enumeró las leyes ambientales que aplica.
Al ministro Héctor Lescano (Alianza Progresista) el diputado le preguntó si ya se había medido el impacto turístico del proyecto minero, sobre todo en la costa de Rocha, donde se ubicará el puerto.
El ministro, no dio respuesta a esa consulta, pero sí se expresó sobre la acusación de Amarilla en cuanto al compromiso adquirido por el gobierno.
“No hay ninguna asociación de ninguna naturaleza, ni ningún grado de compromiso con la empresa, ninguno", dijo.
El ministro Kreimerman comenzó su alocución refiriéndose al desarrollo económico de los países emergentes y a la mayor demanda de productos que esto provoca. Luego hablé sobre los productos mineros en términos de oferta y demanda, pero no respondió en ningún momento exactamente lo que le preguntaron.
Un aspecto no menor, según afirmó el diputado Gerardo Amarilla durante la triple interpelación, es lo relacionado con la solvencia y antecedentes de la empresa Aratirí. Sus directores, sus socios y otras compañías vinculadas.
Para referirse a estos temas, se basó en informes, y en particular en uno proporcionado por el Estudio Merino y Asociados, que le permitió acceder a informaciones calificadas sobre los propietarios y socios de este emprendimiento.
De dicho informe surgió que Zamin Ferrous tiene domicilio en Londres y que su presidente, Pramod Agarwal, también es presidente de la compañía Texuna Interational Limited, con igual domicilio.
Además de Aratirí aquí en Uruguay, Zamin tenía tres emprendimientos. Era propietario de Bahía Mineracao (BAMIN) y de Greystone en Urandi, ambos en Brasil. El emprendimiento de BAMIN, era controlado en su totalidad por Zamin Ferrous a fines de 2006, pero en mayo de 2008 se vende el 50 % a Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).
Finalmente en setiembre de 2010, luego de aprobado el estudio de factibilidad bancario, Zamín vende todo el proyecto a la misma empresa (ENRC), junto con una opción de compra por el otro emprendimiento en Brasil, Greystone. “También hemos tenido conocimiento que los titulares de la empresa ENRC, han enfrentado cuestionamientos graves en la justicia de Bélgica así como en Suiza, siendo vinculados a denuncias de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. De ello hay información pública en el periódico belga Le Soir además de Wikileaks.
¿Tenemos garantías de la solvencia financiera y moral de quienes podrán asociarse a este proyecto? ¿Podemos tener garantías de quienes serán los titulares en todas las etapas del proceso?”, cuestionó Gerardo Amarilla.
Además de preguntar por qué compromiso tiene el Estado con Aratirí, el legislador quiso saber qué se ha negociado con la empresa y cuándo se va a poder conocer el contenido del o de los documentos donde surgen las pautas de negociación con la empresa.
En relación al Documento de Transición y Mensaje del Presidente del 1°/3, consultó quién lo ha hecho y con quiénes.
“¿En qué momento se han comenzado las negociaciones?”, preguntó.
Amarilla afirmó que “no son detalles menos importantes para despejar dudas respecto a varios funcionarios que hoy revistan en la empresa, pero cuando ésta comenzó sus operaciones en el país estaban en varios cargos de confianza de la administración del Dr. Tabaré Vazquez. El principal responsable, Ing. Fernando Puntigliano era Presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el Ing. Sotuyo era Director de la ANP, el Ing. Cyro Croce era técnico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). El Ing. Agron. Álvaro Álvarez era Director de Desarrollo de la Intendencia de Treinta y Tres, persona de confianza del Intendente Amaral”.

Distintas miradas nacionalistas

En el Partido Nacional se ha analizado el tema desde distintas perspectivas. Por ese motivo en la sesión de Directorio del lunes se resolvió crear una comisión para estudiar las distintas alternativas planteadas en torno a la instalación de la Minera Aratirí.
Estará conformada por integrantes del directorio, técnicos vinculados al Partido, legisladores e intendentes nacionalistas y al final de su análisis, deberá establecer una posición única para todo el Partido Nacional.
En la sesión de Directorio del lunes, el diputado José Carlos Cardoso planteó su propuesta para nacionalizar la extracción de hierro.
La iniciativa que fue presentada al presidente José Mujica la semana pasada, obtuvo la visión favorable del mandatario, quien pidió al Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, realizar una ronda de contactos políticos para disertar sobre la propuesta del diputado.
El Presidente, que mantuvo la mencionada reunión con los diputados Cardoso y Ricardo Berois, no descartaba la posibilidad de compartir, en régimen de "fifty-fifty", las ganancias con la empresa Aratirí una vez que se finalice el negocio.
Para Cardoso, la extracción de hierro "supone la venta directa de un cerro", ya que no hay industrialización del hierro. Por lo que "si vamos a vender parte del territorio tenemos que ser dueños del mismo" y obtener una relación de ganancia "mucho mejor que la 90 a 8 de ahora".
Según Cardoso, "se necesita una ley que lleve al hierro a la categoría del petróleo. Entonces la empresa cobra por sacarlo y se le paga una parte del hierro por eso, que es una muy buena renta. Pero el Estado debe quedarse con mucho más de lo que se prevé ahora", señaló.
La propuesta de Cardoso también cuenta con el apoyo de parte del FA.
Por otra parte, el Dr. Juan Andrés Ramírez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la República, y uno de los redactores del Código de Minería dijo a Radio Sarandí que por ley vigente la empresa Aratirí no puede obtener más de 1000 hectáreas para su explotación.
Ramírez destacó que no es necesario discutir la estatización del hierro o la ganancia fifty fifty como planteó el presidente Mujica porque el Estado cuenta con la herramienta de la llamada reserva minera que le permite hacerse con la propiedad de todos los minerales del subsuelo y establecer condiciones de explotación más convenientes en términos económicos y ambientales.
Ramírez agregó que es inadmisible que la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE), le autorizó a Aratirí una extensión de esa explotación que supera largamente lo que establece la ley vigente.
En declaraciones a radio Carve, Ramírez explicó por qué al Estado no le conviene ni estatizar, ni llamar a licitación para la explotación del mineral. La razón sería que debería pagarle una importante suma de dinero por daños y perjuicios a Aratirí, que fue el descubridor del yacimiento, si la misma no es la empresa que ejecute el proyecto. El Estado estuvo omiso, según Ramírez, al no hacer uso de la “reserva de la explotación”, con lo cual ahora tiene un “costo importante” no trabajar con Aratirí. Hasta licitar la explotación estaría vedado económicamente debido a este hecho. De haber utilizado ese “derecho”, el Estado hubiera podido hacer una licitación internacional para la explotación en la cual solamente debería dar una “ventaja” a Aratirí por ser el descubridor original del yacimiento en cuestión.
Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber se manifestaron en contra de la explotación; ambos por razones ambientales.
“Yo estoy en contra de la megaexplotación minera, no contra Aratirí. Creo que hay que cuidar el medioambiente y el capital turístico que deja. Pero, ante los hechos consumados, la propuesta de Cardoso me parece la mejor”, dijo el senador Heber a El Observador.
Sin embargo, el también diputado Gerardo Amarilla, quien efectuó la triple interpelación por la instalación de Aratirí, manifestó sus diferencias con la postura de Cardoso.
El diputado Amarilla dijo a La Democracia que la propuesta del diputado Cardoso es interesante, pero que hay una discusión previa.
“Yo creo que nos estamos adelantando a una discusión sin haber resuelto primero algunos aspectos fundamentales de un impacto ambiental y del impacto territorial que tiene la explotación de estos yacimientos.
Es como cuando Mujica habla de cómo va a gastar el dinero del canon. Es una discusión posterior. Cómo gastamos el dinero o cómo hacemos la explotación es bueno planteárselo, pero primero hay que solucionar el impacto ambiental que esto va a generar. Y la compatibilidad de esta explotación con el Uruguay Natural y con el Uruguay productivo, porque evidentemente que va a expulsar a otro tipo de producciones que están trabajando en la zona”.
Amarilla explicó que la necesidad de que se resuelva primero lo ambiental está dada porque “el Estado uruguayo ha sido un gran contaminador. El último accidente ambiental que hubo en el país hace pocas semanas lo hizo ANCAP cuando se le rompió una de las tuberías de la estación de bombeo de José Ignacio a Montevideo”.
El legislador insistió en que no resolvemos el problema pasándolo al nivel estatal.
Yo creo que la discusión del impacto ambiental, y el impacto estratégico territorial de este emprendimiento, independientemente de si lo explota el Estado o lo explota a través de una sociedad anónima, un ente autónomo o un tercero, el problema es, si se explota. Entonces es una discusión previa que nos estamos salteando. Si estamos de acuerdo que hay que explotarlo, ahí podemos ver cómo. Hay que ver si es compatible con el Uruguay Natural esta explotación”, subrayó.


* Representante del departamento de Rivera electo en 2010 y docente universitario. Master en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía y Abogado por la Universidad de la República

fuente: http://www.lademocracia.info/N97/IE_informe97.html

Ahora el desafío Aratirí interpela al país

por Ricardo Gorosito Zuluaga (El Observador, 21 de julio de 2011)
Una vez concluida la interpelación promovida por el Partido Nacional, y excelentemente conducida por el doctor Amarilla, diputado del interior y que se estrenó en tales lides, me voy a permitir alguna reflexión que pospuse hasta ahora, en función de esperar los acontecimientos.
Desde luego, voy a apuntar alto y evitar evaluaciones del episodio parlamentario referido, considerado en sí mismo, con relación a la calidad de las respuestas del Ejecutivo o de las pequeñas maniobritas que en ocasiones de este tipo suelen desplegarse en los recintos. A este respecto solo celebraré, con espíritu constructivo, la primera interpelación ambiental en la historia del país. Como hombre comprometido en las luchas del desarrollo sostenible, me siento animado porque la política ambiental adquiera así ciudadanía parlamentaria, en su autonomía y especificidad. Sin duda que como primer paso, pero es siempre el más difícil. Corresponde que desde aquí, despojado hasta donde pueda de orgullo partidario alguno, felicite a los doctores Lacalle Pou y Amarilla por el servicio prestado a la causa del desarrollo sostenible, de la defensa de los recursos naturales y de las generaciones futuras. Ellos demostraron que con estudio y preparación, los temas estratégicos pueden tratarse de manera solvente y que colocar un tema en ese nivel es la mejor manera de que rinda frutos de bien público, el juego institucional de la mayoría gobernante desafiada por la fuerza opositora.
Y ese bien público en el caso estará dado en la inserción del tema Aratirí en el marco general político de referencia, que es el desarrollo minero sostenible, como cuestión ambiental ( por tanto, ecosistémica e intergeneracional) y como cuestión territorial ( por tanto, transversal, interjurisdiccional y geopolítica). Evitar a cualquier costo los trágicos errores de la política del hecho consumado del tipo Botnia. Pasar del encare de semejante intervención como un simple proyecto y encuadrarlo en la perspectiva sectorial y estratégica. Máxime cuando hay en curso otros proyectos y, sobre todo, hay importantes indicios de que puede estar comenzando un proceso de expansión y profundización de la minería en el país.
Insertar el tema minero en ese marco no se reduce a cambiar, a medida, el Código de Minería, sino precisamente, todo lo contrario: generar en el sistema ambiental nacional y en el sistema nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, aplicando el instrumental disponible de las leyes 17283 (ley general de protección del ambiente) y 18308 (ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible), el marco político y operacional sectorial para el desarrollo minero sostenible en horizonte de 30 o 50 años, con sus modulaciones de monitoreo y evaluación continuas, en ámbitos de participación pública. Si la legislación de ordenamiento territorial no tiene aplicación en este caso, entonces, lectores, estaremos fuera de toda duda, en lo que Antonio H Benjamin, llama el Estado teatral, y que yo he complementado agregando que es propio de este generar una legislación ambiental y territorial de utilería, mera farsa, expedir leyes para no cumplirlas.
En este contexto, una política de ese porte requiere: una directriz nacional para el desarrollo minero sostenible, con su evaluación ambiental estratégica, en el marco de la ley 18.308, en cuya elaboración debatir la propuesta de someter a ciertos minerales al régimen vigente para el petróleo, un régimen especifico de responsabilidad por daño ambiental orientado hacia la responsabilidad objetiva, el seguro, el fondo de indemnización y/o compensación, basado en tasas y aportes de los usuarios de los recursos y de los contaminadores, más allá de los cánones mineros, y la consagración del delito ambiental; una institucionalidad que comprenda un tribunal especializado en materia de ambiente y territorio, que puede tener jurisdicción nacional como los antiguos juzgados de Hacienda, una fiscalía, especializada igualmente, y un ombusdman que represente las demandas del público y ayude en la solución alternativa de conflictos. Es bueno que los legisladores, sobre todo los de la oposición, tengan en cuenta que el instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, denominado Directriz Nacional, en el caso, sobre desarrollo sostenible de recursos mineros, no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, y, por tanto, si vencido un plazo razonable el Ejecutivo no tomara las iniciativas del caso, cualquier legislador puede presentar un proyecto de Directriz que opere como disparador para encauzar correctamente el tema.
Finalmente los gobiernos departamentales involucrados deben trabajar instrumentos regionales e interdepartamentales y, aun, sectoriales o locales, de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y generar una contraparte técnica y planificadora, adecuada a su necesaria interrelación con las poderosas transnacionales y sus equipos técnicos.
Así crearemos un marco de seguridad jurídica de país del primer mundo, que conduce con autoridad sus procesos decisionales y que no es ciegamente conducido y arrastrado por las estrategias globales y que servirá para orientales, para finlandeses, indios, chinos y cuantos, cumpliendo las leyes, quieran invertir capital en la tierra que tenemos más directamente cometida a nuestro cuidado la comunidad de los uruguayos.

Triple interpelación.

Estos fueron los principales puntos que se plantearon en la interpelación a los ministros del Poder Ejecutivo por el proyecto de Megaminería denominado “Aratirí”. Lamentamos que durante la maratónica interpelación, no recibimos información satisfactoria. Confirmamos nuestra sospecha sobre la falta de transparencia en el proceso que lleva años avanzando. Confirmamos la falta de conducción de un Gobierno que no ha sabido evitar los impactos ambientales y sociales que ya produce ese proyecto en nuestro país.
Reclamamos una política ambiental seria, transparente, de todo el Estado y que inluya a la sociedad.

• Esta convocatoria a sala de los señores ministros de las carteras de Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Turismo y Deporte, la realizamos de acuerdo a lo establecido Articulo 119 de la Constitución, en el rol de fiscalización y de inspección que debe tener el parlamento, como el debido equilibrio de poderes de una República que derivan en mayores garantías para la defensa de los derechos del ciudadano.
• Particularmente y como lo establecía concretamente el texto de la moción aprobada en Sala, estamos frente a un Mega emprendimiento minero considerado no solamente en función de la escala nacional sino a nivel global.
• Frente a los grandes impactos que este emprendimiento podría generar en otras áreas de la producción, en el medio ambiente, en el turismo y en el ordenamiento territorial, consideramos que resulta trascendental que el proceso de decisión tenga la más absoluta transparencia, que el Parlamento Nacional y la sociedad puedan acceder a toda la información, tener injerencia en el proceso de decisión y como país, podamos mantener y defender el emblema de “Uruguay Natural”.
• Necesariamente debemos realizar algunas precisiones previas sobre lo que entendemos deben ser las Políticas Públicas y en particular las Políticas Públicas Ambientales sobre todo a partir de la inclusión del nuevo artículo 47 de la Constitución de la República. Hay una nueva concepción del Estado Social de Derecho que entendemos, a partir de esa norma, y de las leyes que la reglamentan, deviene en un Estado Ambiental de Derecho, con un nuevo enfoque del desarrollo que ahora sólo se concibe como Desarrollo Sustentable. La definición de ese Desarrollo Sustentable que se recoge desde las convenciones internacionales y que se incluye en el propio artículo 47 y en la ley 17.283, art. 1° como “ aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras, de satisfacer sus propias necesidades.” Un concepto de solidaridad inter generacional, de preservación y de protección de recursos pensando en nuestros hijos y nuestros nietos.
• Ese compromiso también lo asumimos como Nación, que interactúa en un contexto internacional, y que ha estado presente en todas las instancias a nivel global donde se han definido rumbos en materia ambiental y de desarrollo sustentable, suscribiendo los mismos y asumiendo compromisos en la materia. (Principio 3 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 1992)
• También consideramos de vital importancia el manejo de la Información ambiental. Es un principio de nuestra política ambiental, recogida en el art. 6° lit. F de la ley 17.283 donde se establece que “la gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier interesado”.
• Tenemos que realizar una importante puntualización en cuanto a que las Políticas Públicas Ambientales deben tener el aval de todo el Estado y fundamentalmente de toda la sociedad. No fue casualidad que la creación del MVOTMA, la ley de Impacto Ambiental, la ley General de Protección Ambiental y la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fueron herramientas que contaron con el respaldo unánime o casi unánime de todas las fuerzas políticas representadas en este parlamento. Ese camino de Políticas Ambientales de Estado, que se transitó sabiamente durante mucho tiempo, debe retomarse en forma urgente por parte del PE a raíz de la importancia de lo que está en juego.
• Ya desde muy temprano y a partir de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, en 1972, se comenzó a considerar la importancia del componente ambiental para la definición del resto de las políticas públicas a nivel mundial. En el primer Plan quinquenal de lo que hoy se denomina Unión Europea ya se supeditaban al resto de las políticas, a los componentes medioambientales. En el artículo 6 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se establecía concretamente que “las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. ( actual artículo 130 R “los requisitos de protección ambiental deben ser valorados integralmente en la definición y ejecución de las demás políticas comunitarias”).
• Advertimos que estos proyectos que hoy nos convocan han ido avanzando al amparo sectorial del viejo derecho minero y por eso creemos que debemos visualizarlos integralmente. Necesitamos un estudio más general que abarque más allá de un proyecto concreto. Queremos analizar en un Estudio Ambiental Estratégico este proyecto y su relación con otros ya existentes y con los que puedan venir. Una visión integral y estratégica de toda la actividad minera en nuestro territorio y su relación con el resto actividades productivas e industriales.
• Frente a los recursos naturales que tiene el país y particularmente a los mineros, reclamamos la decisión soberana del Estado Uruguayo de definir nuestra propia estrategia como Nación. Debe ser nuestra sociedad a través de sus autoridades legitimas la que debe adoptar las decisiones en la materia: Autorizando y en su caso controlando y/o nacionalizando los recursos. Decidir en definitiva si explota o no estos recursos y como lo hace.
• Lo que no podemos, de ninguna manera, es asistir pasivamente a la Política de los Hechos Consumados de grandes intereses extranjeros.


MIEM

• Nos hemos enterado de algunos aspectos del proyecto denominado Aratirí, fundamentalmente por parte de la empresa, por la prensa y por diversos reportajes a funcionarios de la misma. Hemos tenido acceso a la Comunicación del Proyecto denominado Minera Aratirí, Proyecto Valentines. Extracción y benficiamiento de mineral de hierro, mineroducto y terminal portuaria, presentado en el mes de Marzo de 2011 en un documento de 60 páginas, con muchas generalidades y aspectos vagos.
• Pero ante las declaraciones concretas de la empresa que ya hace 5 años está trabajando en este proyecto: ¿El señor Ministro cuya cartera tiene especial intervención como parte del PE en la fijación de la política minera (art. 4 del decreto 110/82), tiene conocimiento cabal de todo el proyecto denominado Aratirí?, ¿conoce en detalle todos los aspectos del mismo?, ¿desde cuándo el MIEM tiene era información?
• ¿ Hay denuncias de otros minerales?, ¿ hay pedidos de esta misma empresa exclusivos de prospección y exploración de oro?, ¿Qué plazos y que extensiones tiene la globalidad del proyecto?
• Algunas dudas que tenemos respecto a los compromisos que puede asumir el país en relación a este proyecto mediante un documento denominado: Contrato de Inversión. Sabemos que existen en el mundo tres posturas referentes a este tipo de contratos de acuerdo con los datos que nos proporciona la UNCTAD (Secretaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD). Aquellos Estados que desean mantener una total libertad de acción en relación con los contratos de Estado y evitar disposiciones de protección a la inversión internacional; aquellos que desean realizar una protección extensiva a la inversión extranjera pero manteniendo ciertas facultades discrecionales en materia de reglamentación y aquellos que por el contario desean asegurar a la inversión extranjera de la forma más amplia posible, con definición ilimitada de la inversión, solución incondicional de controversias y compromisos de estabilización. Se supone que cuando más serio y estable es el país, menos se requieren estos instrumentos de garantía para el inversor extranjero.
¿Existen dudas sobre la estabilidad o seriedad del país para requerir un Contrato de Inversión Extranjera para este proyecto?
• Dijo el gerente de la empresa, Ing. Santiago Sotuyo, “la empresa está decidida a seguir adelante, solo falta el si definitivo de la banca, que se da por descontado, y el del gobierno”. Frente a esto y a decenas de declaraciones similares de funcionarios de la empresa, creo que todos los uruguayos, tenemos el derecho de saber hasta qué punto el Gobierno, a través de sus autoridades, ha asumido compromisos en nombre del País. Por ejemplo en el tema energético: la empresa, en el documento que presenta ante DINAMA, dice: “El consumo de energía para la operación de todo el proyecto será aproximadamente de 200 MW, potencia que será suministrada por UTE. Nuevas líneas de trasmisión serán construidas para dotar de energía a las instalaciones del distrito minero y de la terminal. La Construcción y operación de estas líneas serán parte de un proyecto independiente realizado por UTE” (página 15, Comunicación del Proyecto ante DINAMA ). O por ejemplo en lo que refiere a la Terminal Portuaria, en la pagina 10 del mismo documento, la empresa da por descontado que: “el tercer componente (terminal portuaria) se emplazará en la localidad de La Angostura, departamento de Rocha, afectando un único padrón, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y consentido por el Gobierno Nacional para su uso como terminal portuaria de dedicación exclusiva a la exportación de concentrado de hierro, el cual será intervenido en 250 hs”. Esto no sólo queda librado a las expresiones desde la empresa ya que en varios documentos y manifestaciones en la prensa, jerarcas del Estado hablan de la instalación como un hecho consumado y además desable. Frente a ello le preguntamos al señor Ministro: ¿Qué compromisos ya se han asumido por parte del Estado?, ¿ Qué se ha negociado con la empresa?, ¿cuándo vamos a poder conocer el contenido del o de los documentos donde surgen las pautas de negociación con la empresa?. Documento de Transición y Mensaje del Presidente del 1°/3. ¿quién lo ha hecho y con quienes?, ¿en qué momento se han comenzado las negociaciones? No son detalles menos importantes para despejar dudas respecto a varios funcionarios que hoy revistan en la empresa pero cuando ésta comenzó sus operaciones en el país estaban en varios cargos de confianza de la administración del Dr. Tabaré Vazquez. El principal responsable, Ing. Fernando Puntigliano era presidente del Puerto, el Ing. Sotuyo era director de la ANP, el Ing. Cyro Croce era técnico de Dinama, el Ing. Agron. Alvaro Alvarez era Director de Desarrollo de la Intendencia de Treinta y Tres, persona de confianza del Intendente Amaral.
• No escapa a nadie que en el medio de la aparición pública de este emprendimiento, casualmente, se presenta un proyecto modificando el Código de Minería, planteado conjuntamente con el Presupuesto Nacional en el mensaje del Poder Ejecutivo. Y ya tenemos antecedentes recientes, particularmente la experiencia de la LOT, n° 18.308 aprobada en junio de 2008 y que pocos meses después modificada por ley 18.367 para responder a intereses privados en ciertos departamentos costeros. Frente a esto preguntamos ¿Vamos a modificar los marcos normativos vigentes para ajustarlos de acuerdo a determinados intereses privados? , ¿Responde esta modificación del Código de Minería a exigencias realizadas por esta empresa?
• Esta actividad supone tensiones y conflictos con otras áreas de la producción nacional. Es clara la dificultad generada con cientos de productores ganaderos y no sabemos todavía los conflictos que se podrán generar con arroceros y forestales. Frente a ello, resulta importante conocer el grado de coordinación con el MGAP, conductor de las políticas en otra área productiva que se ve directamente afectada por la minería. ¿Qué tipo de coordinaciones se han realizado con el MGAP respecto de este proyecto y las afectaciones a las áreas de producción bajo su órbita?, ¿se han mantenido además reuniones o actividades con los sectores afectados de la producción?
• En directa relación con este último punto está vinculado el tema laboral, las oportunidades que se generan y las que se ponen en riesgo. La empresa habla que en la operación del proyecto se emplearán unas 1500 personas en forma directa y unas 15000 indirectas (Pag. 15 de la Comunicación del Proyecto de la empresa a Dinama). Sabemos, por abundante bibliografía y por lo que los coeficientes a nivel internacional nos informan, que pueden alcanzarse como máximo, a 2.5 y trabajador indirecto por cada trabajador directo. Esto serían unos 3.750 puestos más. Tenemos información que en el total del área afectada, hay inscriptas en el BPS unas 2.300 empresas que podrían comprender entre 4.000 y 6.000 afiliados activos en forma directa. A esto habría que sumarle los empleos generados por la actividad turística. La pregunta es ¿sabe el Estado uruguayo cuantos empleos exactamente va a generar esta empresa, en forma directa y en que áreas? ¿Sabe cuántos empleos se verán afectados o directamente eliminados de otras actividades productivas desplazadas por la minería?
• Tenemos conocimiento de que la empresa ya realizó presentaciones en República AFAP y se hacía referencia, por parte del gerente de la empresa, que se estaba aguardando el sí definitivo de la Banca. ¿Se piensan invertir fondos de Republica AFAP, es decir de miles de trabajadores uruguayos, en este emprendimiento?, ¿se tiene conocimiento si hay gestiones en la Banca oficial para conseguir fondos del propio Estado para financiar el proyecto?
• Por otra parte, se informó públicamente sobre una multa que DINAMIGE habría aplicado a la empresa ARATIRI que ascendería a unos US$ 70.000. Ello, y por expresiones del propio director de Dinamige, en función de que la empresa “perforó sin esperar nuestros permisos”. La pregunta es ¿se multó realmente a la empresa Aratirí? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el monto de la multa? ¿ según la normativa no corresponderían otras sanciones a la empresa? ¿la empresa pagó la misma o ha recurrido? ¿si así fuera cual es el estado del recurso?.
• Otro aspecto no menor, reitero, no menor es lo relacionado con la solvencia y antecedentes de la empresa, sus directores, sus socios y otras compañías vinculadas. Es importante despejar dudas, sobre todo pensando que el Estado Uruguayo ya se ha comprometido con una empresa extranjera, que hasta podrá tener, sino tiene ya, alguna sociedad con la misma. Hemos tenido acceso a informes, concretamente uno proporcionado por el Estudio Merino y Asociados, que nos proporciona una serie de información calificada sobre los propietarios y socios de este emprendimiento. De allí conocimos que Zamin Ferrous tiene domicilio en Londres, que su presidente también es presidente de la compañía Texuna Interational Limited, con igual domicilio. También nos informaron que Zamin tenía tres emprendimientos, además de Aratirí aquí en Uruguay. Poseía a Bahía Mineracao (BAMIN) y a Greystone en Urandi, ambos en Brasil. El emprendimiento de BAMIN, es controlado en su totalidad por Zamin Ferrous a fines de 2006 y en mayo de 2008 vende el 50 % a Eurasian Natural Resources Corporation. Finalmente en setiembre de 2010, luego de aprobado el estudio de factibilidad bancario, Zamín vende todo el proyecto a la misma empresa ( ENRC), junto con una opción de compra por el otro emprendimiento en Brasil, Greystone. También hemos tenido conocimiento que los titulares de la empresa ENRC, han enfrentado cuestionamientos graves en la justicia de Bélgica así como en Suiza, siendo vinculados a denuncias de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. De ello hay información pública en el periódico belga Le Soir además de Wikileaks.
• En relación al emprendimiento Aratirí, el gerente de la empresa, Ing. Puntigliano señaló en un programa radial, difundido el 12 de abril de 2010, que la empresa pretende mantener la mayoría accionaria en toda la cadena productiva. En el mes de junio, un periódico local anunciaba que el mismo funcionario informaba que Aratirí ya negocia la venta del 49 % de su proyecto minero con varios inversores. Preguntamos al señor Ministro ¿tiene Usted información calificada respecto de con quién está negociando o asociándose en este proyecto? , ¿el Estado Uruguayo se ha informado debidamente de quienes son los inversores y cuál es su trayectoria internacional?, ¿tenemos garantías de la solvencia financiera y moral de quienes podrán asociarse a este proyecto? ¿podemos tener garantías de quienes serán los titulares en todas las etapas del proceso?.
• En lo que se refiere a la terminal portuaria, ya mencionábamos lo que la empresa afirma respecto a que sobre “el tercer componente (terminal portuaria) se emplazará en la localidad de La Angostura, departamento de Rocha, afectando un único padrón, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y consentido por el Gobierno Nacional para su uso como terminal portuaria de dedicación exclusiva a la exportación de concentrado de hierro, el cual será intervenido en 250hs”. Le preguntamos al señor Ministro, ¿ya se procedió a ceder un predio público para la terminal portuaria en la costa de Rocha?, ¿Qué padrón se ha cedido y de que extensión?, ¿a qué título de realizó la cesión a un privado, mediante que procedimiento, por qué plazo y en qué condiciones?, ¿será un recito franco o la zona franca se extenderá a otras áreas del proyecto?

MVOTMA

• En oportunidad de la concurrencia de la señora Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integradas por la discusión del Presupuesto Nacional, le hicimos una consulta con respecto a las tensiones territoriales que podía generar un proyecto como este en esa zona del país y la necesidad de ir realizando estudios sobre los impactos territoriales. De acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, numero 18.308, ¿hay instrumentos de Ordenamiento Territorial con sustentabilidad ambiental para este proyecto o estaremos eximiéndoles a los inversores de esa obligación legal?, ¿Qué instrumentos de Ordenamiento Territorial como evaluación ambiental estratégica se han establecido para garantizar la sostenibilidad de este proyecto y su vinculación con otros del mismo sector?, ¿ se piensa trabajar en la realización de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial para la actividad minera? ¿ se han firmado convenios con los gobiernos departamentales con relación a este proyecto?.
• Con relación a esto mismo, y sin ingresar en los conflictos que se están generando con otras actividades por la ocupación de espacios y los que se puedan generar en el futuro, Preguntamos ¿ se está previendo, en caso de que el proyecto prospere, como se va a realizar la inversión para dotar a esa zonas de nuevos centros de educación, infraestructura de salud, servicios de seguridad pública, viviendas, demás infraestructuras y servicios, etc.?
• Leyendo la Comunicación del Proyecto de Minera Aratiri, presentado en la Dinama en Marzo de 2011, pag.18, se establece que “la operación de las minas requerirá la desviación temporal o permanente de algunos tramos de los arroyos Valentines y Las Palmas, de algunos caminos departamentales así como de los tramos de la ruta n° 7 adyacentes al distrito minero”, les puedo asegurar además que recorriendo la zona puede apreciar directamente el cerro Mulero, un lugar donde seguramente se realizarán explosiones y se extraerá mineral de hierro, está apenas a unos 200 mts. del centro poblado de Valentines. IMAGEN 1. ¿ya fueron presentadas las solicitudes para desviar cursos de agua, algunos en forma definitiva?, ¿ya fueron presentadas las solicitudes para desviar caminos y rutas nacionales?, ¿se han presentado solicitudes para trasladar centros poblados o parte de ellos?, ¿se considera el componente social en un Estudio de Impacto Ambiental?.
• La Ley de Impacto Ambiental, n° 16.466, establece en su art. 6 E) que quedan sometidas a la realización previa de Estudios de Impacto Ambiental la extracción de minerales y combustibles fósiles. Además el art. 17 agrega que el Poder Ejecutivo puede declarar objeto de estudio de Impacto Ambiental de otras obras o actividades que produzcan alteraciones al medio ambiente con la finalidad de aplicar en ellas las medidas paliativas. El decreto 349/2005, art. 2 nal 13, establece que requerirán la Autorización Ambiental Previa “la extracción de minerales a cualquier título, cuando implique la apertura de minas (a cielo abierto, subterráneas o subacuáticas), la realización de nuevas perforaciones....etc” y el párrafo final agrega además la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, actuando con el MVOTMA y el ministerio del área respectiva, puedan incorporar obras o actividades.
• Entendemos que perfectamente se podría haber pedido el Estudio de Impacto Ambiental en forma previa a las tareas de prospección y exploración en base a la legislación ya vigente y como parte de las tareas preparatorias para la extracción, pero si había dudas, se podría haber recurrido a la potestad que tiene el PE para agregar actividades como ésta en virtud de su magnitud. Supongo que la señora Ministra en su visita por la zona ya pudo apreciar el impacto que han tenido los más de 1200 pozos realizados por la empresa en toda la zona. Seguramente ya apreció el impacto superficial, a simple vista, de las plateas necesarias para equilibrar los equipos que realizan las perforaciones, retirando varios metros cuadrados de tapiz natural en cada pozo.IMAGEN 2 Seguramente le habrán informado a la señora Ministra el riesgo ambiental para las aguas subterráneas de la apertura de estos más 1200 pozos. Seguramente ya estará informada de las explosiones que ya realiza la empresa en la zona. Seguramente ya está informada o a lo mejor Ud. misma ha podido ver las aguas residuales que hoy vierte el laboratorio de la empresa en el centro del pueblo de Valentines.IMAGEN 3 No estamos hablando de eventuales daños ambientales, estamos hablando de impactos ambientales que se están causando hoy en la zona del emprendimiento por las actividades de prospección y exploración. ¿ qué inspecciones ha realizado la DINAMA en los lugares donde está trabajando la empresa? ¿Qué inspecciones ha realizado y que controles de las perforaciones ha realizado?, ¿se han inspeccionado y controlado las afectaciones al suelo y al agua subterránea?, ¿ se han realizado controles o inspecciones de las explosiones que ha realizado la empresa?, ¿Qué inspecciones o controles al laboratorio de la empresa, a su funcionamiento, a las aguas residuales que vuelca a la vía pública se han efectuado? ¿con qué frecuencia se han realizado estas inspecciones?
• Estas actividades, medidas de acuerdo a su magnitud, a su dimensión imponente en relación a nuestro territorio debe necesariamente llamarnos la atención en relación a los riesgos que significan y a la necesidad de prever capacidades y planes de contingencia. Tenemos una extensa lista de accidentes en este tipo de emprendimientos en varias partes de la región y el mundo, derrames de piletas de relaves con graves impactos en el medio ambiente, en otras producciones, en flora, fauna. Impactos en salud humana provocada por polvos con residuos tóxicos, de contaminación de aguas, daños ambientales irreversibles. Impactos derivados del uso de explosivos con residuos que van a la atmosfera, a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas, vegetales, animales y al propio ser humano. Por ejemplo, la empresa habla de la utilización de 43.000 toneladas al años de explosivos, que se componen en un 90% con Nitrato de Amonio. Esto al explotar genera Dioxido de Nitrógeno. Por cada kilogramo de Nitrato de Amonio se puede llegar a generar 1,15 kg. De Dioxido de Nitrógeno ( NO2). Por 43.000 toneladas de explosivos que se piensan utilizar al año, estaríamos generando unas 44.500 toneladas de Dioxido de Nitrógeno. Esto genera por un lado ácido nítrico, que deriva en lluvia ácida, y por otro lado puede liberar un átomo de oxigeno altamente reactivo que da lugar a la formación del ozono, con influencias muy negativas en la salud humana generando serios problemas pulmonares. Frente a estos desafíos, a estos serios riesgos e impactos ambientales ¿Está en condiciones la Dinama de evaluar y controlar el desarrollo de un proyecto con estas características?, ¿ya ha realizado estudios y está capacitando funcionarios en virtud de este emprendimiento? ¿ tiene pensado reforzar los cuadros funcionales de Dinama y Dinot en virtud de estas exigencias?.
• Nos preocupa sobremanera lo que la empresa denomina como componente Mineroducto, compuesto por un mineroducto propiamente dicho, un acueducto de retorno y estaciones de bombeo, (no sabemos cuántas, donde estarán y como funcionarán). La preocupación es justamente el trazado propuesto y aparentemente ya definido por la empresa del mismo. Es un tajo que atraviesa una zona muy sensible y de gran fragilidad, con eco sistemas que tienen un valor relevante. Tan relevante que han sido objeto de protección jurídica por su bio diversidad. IMAGEN 4
• Nuestro país ha asumido compromisos internacionales en relación a la Convención de Ramsar de 1971 “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional”, ratificada por nuestro país por el dec. ley 15.377 y desde el momento de su adhesión, el Uruguay incluyó a la región comprendida por los Bañados del Este y Franja Costera.IMAGEN 5
• También coincide ésta zona de influencia del proyecto de explotación minera con la Reserva de la Biosfera “Bañados del Este” aprobado para Uruguay por la Unesco en 1976. IMAGEN 6. Más recientemente tenemos normas de carácter nacional que le dan especial protección ambiental a lugares específicos dentro de esta zona que sería muy extenso enumerar pero que la señora Ministra conoce en detalle la importancia en relación a la biodiversidad, la fragilidad especial del área y las necesidades de una firme protección jurídica que resguarde ese patrimonio de afectaciones o riesgos. ¿el MVOTMA piensa garantizar la protección ambiental de esta zona en cumplimento de la legislación nacional vigente y los compromisos internacionales de Ramsar y Unesco?; ¿considera compatible a priori la realización de ese tajo y la colocación del mineroducto y la construcción y operación de gran cantidad de estaciones de bombeo en esa zona de tanta fragilidad?, ¿Cómo piensa instrumentar las solicitudes de obras en esa zona frente a los organismos internacionales o se piensa denunciar las convenciones retirando al País y a sus compromisos? ¿considera la exigencia de un seguro o garantías para afrontar la reparación ante eventuales daños ambientales?
• Casi que esas mismas preguntas pueden también comprender a todo lo relacionado al Puerto o terminal portuaria. También estamos hablando de una zona extremadamente frágil, con altísimo valor desde el punto de vista de la biodiversidad pero también con un gran valor y potencial desde el punto de vista turístico. para evitar la dispersión de polvo de concentrado durante el embarque y la deposición en los fondos marinos. Reiterando las mismas preguntas que ya realizamos en relación al Mineroducto podemos agregar ¿la Dinama ya está trabajando en los bioindicadores en el bentos o sedimentos marinos para fiscalizar el desempeño ambiental de una eventual operación? , ¿existen estudios de vida acuática, biomasa, abundancia de especies, etc? ¿se considera el impacto ambiental aislado de esta terminal o se analizará este proyecto en relación a los demás anuncios de puertos de aguas profundas, terminales logísticas, etc?
• Por último, señora Ministro, reiterando y subrayando la importancia de abordar estos temas ambientales y del desarrollo sustentable con una visión de todo el Estado y conjuntamente con la Sociedad, preguntamos
• ¿El Poder Ejecutivo está dispuestos a abandonar las políticas ambientales como políticas de Estado?
• Delito ecológico, responsabilidad objetiva y Directrices Nacionales de OT.


MTUR.

• Si bien hemos solicitado la presencia en Sala del señor Ministro de Turismo, tal vez sea lo más atípico de éste llamado, ya que lo convocamos para manifestarle nuestro especial apoyo a su cartera, a su gestión y a la visión que ha trasmitido de la importancia de la actividad turística.
• En relación a la importancia que creo que tiene el sello de “Uruguay Natural”, le consultamos al señor Ministro si ¿Ha sido invitado a participar en este proceso de negociación en relación a este proyecto minero?, ¿ha sido invitado a conformar de grupos de trabajo o comisiones? ¿se lo ha consultado en forma escrita sobre su opinión en relación al proyecto o los impactos turísticos del mismo? ¿tiene conocimiento si han existido coordinaciones o contactos con la Cámara de Turismo u otras corporaciones del sector en relación a este proyecto y sus impactos?
• Particularmente el Puerto, que a esta altura no sabemos si se pretenden uno, dos o tres en la zona costera de Rocha; ¿Qué impactos negativos para el turismo puede significar una terminal portuaria de gran calado en su operación para el particular turismo de la costa rochense?, ¿la conservación de las costas y la calidad de aguas tiene importancia para las políticas de turismo?.IMAGEN 7
• ¿Cuánto ha generado el turismo en ingresos genuinos para el país en los últimos años y cuanto puede llegar a generar?
• En última instancia, este tipo de emprendimientos, de mega emprendimientos, que suponen grandes alteraciones al uso del territorio e importantes impactos, incluso reconocidos por los propios promotores ¿pueden llegar a afectar la denominación de Uruguay Natural, más que un slogan como un principio de política pública consagrado por ley?