La Suprema Corte de Justicia en
pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales dictó un acto administrativo
por el que realiza una serie de cambios y ascensos de diferentes magistrados a
lo largo y ancho del país.
Fueron quince designaciones que
supusieron cambios de titularidad en las sedes judiciales, con movimientos de jueces
a diferentes departamentos y también cambios de materias. Estos cambios, que se
realizan habitual y rutinariamente, aparentemente se llevarían a cabo sin
ningún tipo de sorpresa.
La sorpresa fue constituida por
una suerte de asonada al Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia,
algo tan inédito en la historia del país como las declaraciones sobre uno de
los traslados de dirigentes políticos, ministros, parlamentarios,
organizaciones sociales y la propia central sindical de nuestro país.
Miembros del parlamento, con
mucha experiencia en el mismo, plantearon “citar” a los titulares del Poder
Judicial para pedirles “explicaciones” sobre el traslado de una jueza desde una
sede penal a una civil, entendiendo que la misma ha generado “una alarma
pública”.
Otro parlamentario discrepó públicamente
con el traslado y afirmó que “hay mucha gente festejando el mismo” ya que ese
cambio “beneficia a los violadores de derechos humanos” y dejando entrever que
hay una suerte de conspiración de sectores políticos por detrás de ésta
decisión que han influido en la misma.
Un ministro de Estado, nada más
ni nada menos que el Canciller, ha salido a la opinión pública – no sabemos si
en nombre del Poder Ejecutivo pero evidentemente involucrándolo- afirmando que “Uruguay
pierde posicionamiento internacional con ese cambio” , agregando que “pierden
las víctimas y hay dinosaurios contentos” porque la jueza Mota “aplicaba
cabalmente las convenciones internacionales de derechos humanos”.
Estas expresiones, así como el “copamiento”
de la sede del Poder Judicial y otras declaraciones, nos llaman poderosamente
la atención por diversas razones.
En primer lugar porque entendemos
que justamente la imparcialidad del accionar de la justicia, tiene mucho que
ver con la independencia de quienes sean los titulares de las diferentes sedes
judiciales y la no selección de los mismos para actuar en casos concretos. La
propia carrera judicial y la movilidad de los jueces generan garantías en los
ciudadanos de que lo importante no son las personas que están al frente de los
juzgados sino el debido procedimiento y la aplicación de la ley.
Desde Artigas, y
significativamente este año donde se cumple el 200° aniversario de las
Instrucciones del año XIII, lo importante en nuestra patria es que no mandan
las personas sino la Ley. Estamos sujetos a las normas y no a los caprichos de
quienes tienen posiciones de poder.
En segundo lugar también nos
sorprende y nos causa un profundo rechazo, el culto a una magistrada por su
compromiso por los derechos humanos, presumiendo que el resto de los
magistrados no tienen compromiso con la justicia, los derechos humanos o
aplican erróneamente los tratados internacionales.
Es un desprecio y acusación
velada a todos los demás jueces, que debe ser rechazada en función de la
jerarquía y posición relevante que debiera tener el sistema de justicia en
nuestra sociedad.
Por último, las afirmaciones de
las que se desprenden una suerte de confabulación, abonadas por las
declaraciones de la propia jueza, que le pareció “anormal y sin fundamento” el
cambio, no hacen más que intentar afectar uno de los pilares fundamentales de
nuestra democracia como lo es la separación e independencia de poderes.
Tal vez estamos asistiendo a
sectores que no creen en el sistema republicano y quisieran elegir los
magistrados para que dicten sentencias a medida de determinada ideología o
concepción.
Rechazamos que desde el propio
sistema político se intente afectar la credibilidad de uno de los poderes del
Estado, justamente el Poder Judicial que tendría que estar exento de las
cuestiones político partidarias y sus objetivos.
Nos quedamos con la optimista
sensación que, a pesar de las presiones, duras declaraciones, e infundadas
sospechas, la Suprema Corte de Justicia mantiene su normal funcionamiento y
decisiones adoptadas en el marco de la Constitución y la ley.
Dr. Gerardo Amarilla
Representante Nacional
.
TOTALMENTE DE ACUERDO CON SUS APRECIACINES, SOY DEL PARTIDO NACIONAL , NO DE SU SECTOR POLÍTICO ,PERO RECONOZCO LAS VIRTUDES QUE UD. COMO REPRESENTANTE NACIONAL HACE ME PARECE QUE EN ESTE PAÍS SE ESTAN DESVIRTUANDO LOS DERECHOS QUE TENEMOS LOS CIUDADANOS. PARECERÍA QUE LA CONSTITUCIÓN ES UN MERO PAPEL QUE SOLO SIRVE SI ES VIABLE A LOS INTERESES DE ALGINOS QUE EN ESTE MOMENTO ESTAN EN EL PODER. DESDE YA MIS MAS RESPETUOSOS SALUDOS
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