Votamos en la Cámara de Representantes y pronto se convertirá en ley, la
creación del Observatorio Ambiental Nacional.
Resulta un instrumento de vital importancia para la transparencia y para
que la información ambiental esté recopilada, clasificada, ordenada y - sobre
todo- disponible al alcance de la ciudadanía.
Este Observatorio estará en la órbita del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en particular de la DINAMA, y
tendrá como cometido la centralización y actualización de la información
nacional del estado del ambiente, respecto de los indicadores de estado,
presión y respuesta y la consecuente elaboración y remisión al Poder Ejecutivo
para su aprobación, de los indicadores e índices nacionales.
Hemos advertido y reclamado en varias oportunidades y diferentes ámbitos
sobre la pérdida de consensos del sistema político respecto a los temas
ambientales y el consecuente alejamiento de la posibilidad de que tengamos una
Política de Estado en ese sentido. Consideramos que las presiones que nuestro
país ha tenido en los últimos tiempos respecto al uso intensivo de los
recursos naturales sumado a la seducción de importantes inversiones con
promesas de desarrollo, generación de riqueza y buenos salarios, ha debilitado
la concepción de que queremos distinguirnos como “Uruguay Natural” y que el
único desarrollo que deberíamos aceptar es el que tiene el carácter de
sustentable.
La falta de información por parte del Estado y sus principales actores
políticos en la gestión, ha conspirado en este proceso y ha generado dudas,
abonado suspicacias y provocado enfrentamientos por temas ambientales como
nunca en la historia del país.
Grave ha sido el incumplimiento en la remisión por parte del Poder
Ejecutivo durante todo el período a la Asamblea General y a los Gobiernos
Departamentales, del Informe Ambiental Anual tal como lo señala la ley y para
tener un conocimiento cabal de la situación ambiental de la Nación.
Esperamos que este instrumento, que se aprueba con el concurso de todos los
sectores políticos, pueda contribuir a garantizar que se convierta en una
realidad el principio establecido en la Ley General del Ambiente en cuanto la
gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la información
ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por
parte de cualquier interesado
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