miércoles, 12 de diciembre de 2012

Palabras del Diputado Amarilla en Comisión General, el lunes 10 de diciembre, por Puerto de Aguas Profundas




         Nos parece que varias de las preguntas que al inicio de esta sesión realizó el señor Diputado Lacalle Pou ‑quien convocó a este llamado en régimen de Comisión General‑ al señor Ministro y a su equipo todavía están sin responder.

         No quiero ser muy extenso en mi intervención, pero necesito hacer hincapié en algunos temas que me parecen fundamentales desde el punto de vista ambiental y territorial sobre el puerto de aguas profundas: su localización, su construcción, las obras anexas a esta terminal y, por supuesto, su posterior operativa.

         Hace algunos días la señora Subsecretaria de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente planteó en la prensa que en la definición de este lugar se respetaron todas las normas ambientales; hoy hizo aquí alguna intervención al respecto.

         En su planteo, el señor Diputado Lacalle Pou dejó en claro que el informe ambiental sobre esta localización fue realizado por una sola persona en un plazo de treinta días, hecho que no fue desmentido por la delegación que comparece hoy ante esta Cámara.

         Voy a hacer un pequeño "racconto" de los requisitos que debería cumplir este puerto para hacer un estudio de impacto ambiental previo. La Ley N° 16.466, de protección del medio ambiente, es clara en este sentido. El literal B) del ar­tículo 6º establece que quedan sometidas a la realización previa de un estudio de impacto ambiental los puertos y las terminales de transvase de petróleo o productos químicos. Se refiere al puerto como infraestructura, como plaza, como espacio y, además, a otras actividades que se realizan en ese ámbito, que es el trasvase de petróleo y de productos químicos. Según los informes que dio la delegación y lo que se manifestó hoy en Sala, estas actividades estarían comprendidas en el puerto en las cargas a granel de líquidos, sobre todo, de petróleo y de sus derivados.

         El Decreto N° 349, de 2005, reglamenta la ley de impacto ambiental; su ar­tículo 2º establece los ámbitos de aplicación. En su numeral 5) se refiere a la construcción de nuevos puertos y en el 6), a la construcción de terminales de transvase de petróleo o productos químicos. Aquí hay una cosa muy interesante. La señora Subsecretaria hizo referencia a que aparentemente se había avanzado en el estudio de la viabilidad de localización ambiental cuando no era necesario. En este punto me permito corregirla: es necesario. Precisamente, el ar­tículo 20 del Decreto establece que se requiere la viabilidad ambiental de la localización de las construcciones u obras comprendidas en los numerales 6) y 9) ‑entre otros‑ del ar­tículo 2º, entre las que se encuentra la construcción de terminales de transvase de petróleo o productos químicos. O sea que, en virtud de este Decreto, se requiere la viabilidad ambiental de la localización. Y esto no solo refiere al relacionamiento con la Intendencia de Rocha. Según los estudios a los que ella hacía referencia, requiere nada más y nada menos que la comunicación puesta de manifiesto a los efectos de que cualquier ciudadano u organización pueda opinar sobre dicha localización.

         Creemos que es fundamental el cumplimiento de esta normativa en forma previa y también de las medidas de ordenamiento territorial. Aparentemente, en este tema no se ha hecho referencia a la ley de ordenamiento territorial. Es decir que definimos un lugar y después justificamos la localización. No hacemos un estudio previo; en todo caso, después justificamos con argumentos por qué se eligió ese lugar. Se deberían hacer estudios previos. Al Parlamento le fue enviado un proyecto de ley para que tomara posición ‑según lo que establece la Constitución de la República, esto requiere mayorías especiales‑, pero si después el lugar no es el más correcto o si los estudios ambientales o territoriales determinan que no es la mejor ubicación, ya hubo un pronunciamiento previo. Entonces, ¿damos marcha atrás? ¿Derogamos esa ley? ¿La modificamos?

         Obviamente, si la idea es tener en cuenta la conveniencia económica y después justificar el tema ambiental y territorial, la posición es otra. Es decir: primero definimos el lugar porque nos conviene y luego buscamos la vuelta para justificar la ubicación.
         Como muy bien lo decía el señor Diputado José Carlos Cardoso en su intervención, el departamento de Rocha tiene una serie de riquezas ambientales que hay que proteger. Entonces, debemos ser muy cuidadosos al establecer este tipo de proyectos de antemano, en razón de otros intereses, para después justificar ambiental y territorialmente su localización, de modo de amortiguar o tratar de minimizar los impactos.

         El 14 de julio de 2011 presentamos en esta Sala un reclamo dirigido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente respecto a la construcción del mineroducto y, en aquel momento, de la terminal portuaria de Aratirí, que estaba prevista en otro lugar. Precisamente, preguntábamos sobre la situación en la que quedarían dos zonas con estatus internacional: la Reserva de Biosfera de la Unesco y el sitio determinado por la Convención de Ramsar. Estas áreas se verían afectadas por aquel proyecto y también por este. Veo que la señora Subsecretaria hace algunos gestos para decirme que no.

         Concretamente, en un año y medio no hubo respuesta oficial. Sí obtuve alguna información desde el punto de vista ambiental absolutamente lamentable: se me dijo que Uruguay estaba acomodando las zonas, corriendo sus límites, achicándolas, para no tener contradicciones con los impactos que algunos privados estaban planteando. Si eso se confirmara, me daría vergüenza del país, que acomoda las áreas de protección ambiental y las riquezas ambientales que nos comprometimos a proteger ante la comunidad internacional, para dar paso a determinadas obras de infraestructura de privados. Si eso se confirmara, sería lamentable. Por eso creo que necesariamente debemos cumplir con los estudios ambientales y territoriales previos.

         Como ya se dijo, junto con el señor Diputado Lacalle Pou hicimos un pedido de informes a raíz de algunos anuncios delPoder Ejecutivo. La respuesta dada fue que no se habían realizado acuerdos con privados ni con multinacionales por este motivo. Sin embargo, una noticia anuncia que el Gobierno uruguayo y la empresa Zamin Ferrous alcanzaron un acuerdo para trabajar en conjunto en el desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur. Esta noticia no salió en ningún medio opositor; fue publicada en la página web de la Presidencia de la República el 3 de julio de 2012.

         Estas contradicciones son las que nos hacen dudar de la información. Frente a este tema necesitamos un compromiso ambiental claro y serio. Es necesario supeditar las demás políticas a la política ambiental. En Europa se habla de este tema desde la década del setenta. Lamentablemente, tal como está planteado el asunto y como muy bien lo decía el señor Diputado Lacalle Pou con respecto a los informes, aquí estamos definiendo determinadas cosas primero, para después ver cómo justificamos y cómo acomodamos el tema ambiental y territorial.

         Necesitamos un compromiso ambiental serio en este sentido y, sobre todo, transparencia en la información, para que no parezca que el Estado uruguayo está corriendo atrás de los planteos de ciertos privados para cumplir con sus mandados.

         Gracias, señor Presidente.

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Diputado Gerardo Amarilla

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Este blog es una forma de comunicación de quien te escribe, Dr. Gerardo Amarilla, Representante Nacional por el Departamento de Rivera, electo para el período 2010-2015. Esta página comenzó como una vía de comunicación permanente con la ciudadanía cuando fuí electo edil departamental de Rivera, por la lista 15 del Partido Nacional, para cumplir su función durante el mandato 2005-2010. Aquí hay un resumen de la gestión que cumplo así como la información para ponerse en contacto.
Esta fundamentalmente dirigido a los ciudadanos porque considero que tienen el derecho de conocer sobre la gestión de sus representantes, así como opinar, consultar y cuestionar sobre la misma.