Nos
parece que varias de las preguntas que al inicio de esta sesión realizó el
señor Diputado Lacalle Pou ‑quien convocó a este llamado en régimen de Comisión
General‑ al señor Ministro y a su equipo todavía están sin responder.
No
quiero ser muy extenso en mi intervención, pero necesito hacer hincapié en
algunos temas que me parecen fundamentales desde el punto de vista ambiental y
territorial sobre el puerto de aguas profundas: su localización, su
construcción, las obras anexas a esta terminal y, por supuesto, su posterior
operativa.
Hace
algunos días la señora Subsecretaria de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente planteó en la prensa que en la definición de este lugar se
respetaron todas las normas ambientales; hoy hizo aquí alguna intervención al
respecto.
En
su planteo, el señor Diputado Lacalle Pou dejó en claro que el informe
ambiental sobre esta localización fue realizado por una sola persona en un
plazo de treinta días, hecho que no fue desmentido por la delegación que
comparece hoy ante esta Cámara.
Voy
a hacer un pequeño "racconto" de los requisitos que debería cumplir
este puerto para hacer un estudio de impacto ambiental previo. La Ley
N° 16.466, de protección del medio ambiente, es clara en este sentido. El
literal B) del artículo 6º establece que quedan sometidas a la realización
previa de un estudio de impacto ambiental los puertos y las terminales de
transvase de petróleo o productos químicos. Se refiere al puerto como
infraestructura, como plaza, como espacio y, además, a otras actividades que se
realizan en ese ámbito, que es el trasvase de petróleo y de productos químicos.
Según los informes que dio la delegación y lo que se manifestó hoy en Sala,
estas actividades estarían comprendidas en el puerto en las cargas a granel de
líquidos, sobre todo, de petróleo y de sus derivados.
El
Decreto N° 349, de 2005, reglamenta la ley de impacto ambiental; su artículo
2º establece los ámbitos de aplicación. En su numeral 5) se refiere a la
construcción de nuevos puertos y en el 6), a la construcción de terminales de
transvase de petróleo o productos químicos. Aquí hay una cosa muy interesante.
La señora Subsecretaria hizo referencia a que aparentemente se había avanzado
en el estudio de la viabilidad de localización ambiental cuando no era
necesario. En este punto me permito corregirla: es necesario. Precisamente, el
artículo 20 del Decreto establece que se requiere la viabilidad ambiental de
la localización de las construcciones u obras comprendidas en los numerales 6)
y 9) ‑entre otros‑ del artículo 2º, entre las que se encuentra la construcción
de terminales de transvase de petróleo o productos químicos. O sea que, en
virtud de este Decreto, se requiere la viabilidad ambiental de la localización.
Y esto no solo refiere al relacionamiento con la Intendencia de Rocha. Según
los estudios a los que ella hacía referencia, requiere nada más y nada menos
que la comunicación puesta de manifiesto a los efectos de que cualquier
ciudadano u organización pueda opinar sobre dicha localización.
Creemos
que es fundamental el cumplimiento de esta normativa en forma previa y también
de las medidas de ordenamiento territorial. Aparentemente, en este tema no se
ha hecho referencia a la ley de ordenamiento territorial. Es decir que
definimos un lugar y después justificamos la localización. No hacemos un
estudio previo; en todo caso, después justificamos con argumentos por qué se
eligió ese lugar. Se deberían hacer estudios previos. Al Parlamento le fue
enviado un proyecto de ley para que tomara posición ‑según lo que establece la
Constitución de la República, esto requiere mayorías especiales‑, pero si
después el lugar no es el más correcto o si los estudios ambientales o
territoriales determinan que no es la mejor ubicación, ya hubo un
pronunciamiento previo. Entonces, ¿damos marcha atrás? ¿Derogamos esa ley? ¿La
modificamos?
Obviamente,
si la idea es tener en cuenta la conveniencia económica y después justificar el
tema ambiental y territorial, la posición es otra. Es decir: primero definimos
el lugar porque nos conviene y luego buscamos la vuelta para justificar la
ubicación.
Como
muy bien lo decía el señor Diputado José Carlos Cardoso en su intervención, el
departamento de Rocha tiene una serie de riquezas ambientales que hay que
proteger. Entonces, debemos ser muy cuidadosos al establecer este tipo de
proyectos de antemano, en razón de otros intereses, para después justificar
ambiental y territorialmente su localización, de modo de amortiguar o tratar de
minimizar los impactos.
El
14 de julio de 2011 presentamos en esta Sala un reclamo dirigido al Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente respecto a la
construcción del mineroducto y, en aquel momento, de la terminal portuaria de
Aratirí, que estaba prevista en otro lugar. Precisamente, preguntábamos sobre
la situación en la que quedarían dos zonas con estatus internacional: la
Reserva de Biosfera de la Unesco y el sitio determinado por la Convención de
Ramsar. Estas áreas se verían afectadas por aquel proyecto y también por este.
Veo que la señora Subsecretaria hace algunos gestos para decirme que no.
Concretamente,
en un año y medio no hubo respuesta oficial. Sí obtuve alguna información desde
el punto de vista ambiental absolutamente lamentable: se me dijo que Uruguay
estaba acomodando las zonas, corriendo sus límites, achicándolas, para no tener
contradicciones con los impactos que algunos privados estaban planteando. Si
eso se confirmara, me daría vergüenza del país, que acomoda las áreas de
protección ambiental y las riquezas ambientales que nos comprometimos a
proteger ante la comunidad internacional, para dar paso a determinadas obras de
infraestructura de privados. Si eso se confirmara, sería lamentable. Por eso
creo que necesariamente debemos cumplir con los estudios ambientales y
territoriales previos.
Como
ya se dijo, junto con el señor Diputado Lacalle Pou hicimos un pedido de
informes a raíz de algunos anuncios delPoder Ejecutivo. La respuesta dada fue
que no se habían realizado acuerdos con privados ni con multinacionales por
este motivo. Sin embargo, una noticia anuncia que el Gobierno uruguayo y la
empresa Zamin Ferrous alcanzaron un acuerdo para trabajar en conjunto en el
desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur. Esta noticia no
salió en ningún medio opositor; fue publicada en la página web de la
Presidencia de la República el 3 de julio de 2012.
Estas
contradicciones son las que nos hacen dudar de la información. Frente a este
tema necesitamos un compromiso ambiental claro y serio. Es necesario supeditar
las demás políticas a la política ambiental. En Europa se habla de este tema
desde la década del setenta. Lamentablemente, tal como está planteado el asunto
y como muy bien lo decía el señor Diputado Lacalle Pou con respecto a los
informes, aquí estamos definiendo determinadas cosas primero, para después ver
cómo justificamos y cómo acomodamos el tema ambiental y territorial.
Necesitamos
un compromiso ambiental serio en este sentido y, sobre todo, transparencia en
la información, para que no parezca que el Estado uruguayo está corriendo atrás
de los planteos de ciertos privados para cumplir con sus mandados.
Gracias,
señor Presidente.
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