Observatorio Ambiental Nacional

Votamos en la Cámara de Representantes y pronto se convertirá en ley, la creación del Observatorio Ambiental Nacional.

Resulta un instrumento de vital importancia para la transparencia y para que la información ambiental esté recopilada, clasificada, ordenada y - sobre todo-  disponible al alcance de la ciudadanía.

Este Observatorio estará en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y en particular de la DINAMA, y tendrá como cometido la centralización y actualización de la información nacional del estado del ambiente, respecto de los indicadores de estado, presión y respuesta y la consecuente elaboración y remisión al Poder Ejecutivo para su aprobación, de los indicadores e índices nacionales.

Hemos advertido y reclamado en varias oportunidades y diferentes ámbitos sobre la pérdida de consensos del sistema político respecto a los temas ambientales y el consecuente alejamiento de la posibilidad de que tengamos una Política de Estado en ese sentido. Consideramos que las presiones que nuestro país ha tenido en  los últimos tiempos respecto al uso intensivo de los recursos naturales sumado a la seducción de importantes inversiones con promesas de desarrollo, generación de riqueza y buenos salarios, ha debilitado la concepción de que queremos distinguirnos como “Uruguay Natural” y que el único desarrollo que deberíamos aceptar es el que tiene el carácter de sustentable.

La falta de información por parte del Estado y sus principales actores políticos en la gestión, ha conspirado en este proceso y ha generado dudas, abonado suspicacias y provocado enfrentamientos por temas ambientales como nunca en la historia del país.

Grave ha sido el incumplimiento en la remisión por parte del Poder Ejecutivo durante todo el período a la Asamblea General y a los Gobiernos Departamentales, del Informe Ambiental Anual tal como lo señala la ley y para tener un conocimiento cabal de la situación ambiental de la Nación.

Esperamos que este instrumento, que se aprueba con el concurso de todos los sectores políticos, pueda contribuir a garantizar que se convierta en una realidad el principio establecido en la Ley General del Ambiente en cuanto la gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier interesado

Fundamento en Comisión de Adicciones contra el Proyecto que legaliza marihuana

SEÑOR AMARILLA.- No voy ser muy extenso en este momento porque sé que la discusión va a seguir y tendremos la posibilidad de analizar algunos aspectos puntuales cuando se considere el articulado.

            Concurrí a la primera etapa de la Comisión, que no tenía fines legislativos ya que se estudiaba el informe, y quedé gratamente sorprendido por la manera en que el Parlamento encaró el trabajo, en el momento en que lo encaró y por el espíritu con que lo llevamos adelante. No sé si nosotros hemos evaluado el valor de la información que el Parlamento ha recogido. Quizás sería meritorio pensar en algún tipo de publicación con toda la información e investigación que se volcó en esta Comisión durante estos dos años y medio de trabajo.

            Evidentemente, estamos ante un proyecto de ley vinculado directamente con una política que se plantea desde algunos sectores del Partido de Gobierno, fundada en alguna corriente internacional ‑como decía el señor Diputado Orrico‑, que básicamente es la política de reducción de daños. Esto es producto de un pensamiento general sobre cómo abordar el tema de la adicción.

            Coincido en que la política de reducción de oferta, sobre todo focalizada en la represión y en la prohibición, evidentemente no va a dar resultados. Si a una mesa solo le ponemos una pata, siempre se va a caer. Si no fortalecemos algún otro elemento, si solo nos dedicamos a eso, si solo hay dinero para eso, si solo somos efectivos en eso, la droga por algún lado va a entrar. No es que esa sea la causa del fracaso, sino que sola y aislada no tenía razón de ser. La reducción de la demanda nunca ha sido encarada seriamente en este país ‑capaz que algún otro país lo encaró‑ y hago un "mea culpa" por el Partido Nacional; también podría cuestionar a Gobiernos del Partido Colorado. Esto no es exclusivo de este Gobierno. No se ha encarado seriamente la prevención, la educación ni la disuasión del consumo. Este tema tiene varias aristas, pero hay uno que es fundamental de Salud Pública. ¿Precisamos un cambio porque estamos mal? Sí; estoy totalmente de acuerdo. ¿Podemos experimentar con el cambio? ¿Podemos jugarnos a una aventura en la que tal vez condenemos a una generación entera? No lo sé. Cada familia, cada barrio, cada ciudad viven un drama vinculado con la inseguridad, lo que en algún momento discutimos con algún colega de la Cámara. Después, los datos que fueron surgiendo nos fueron dando la razón ‑razón que yo apreciaba en la baranda del Juzgado‑: que la mayoría de los delitos tienen que ver con el consumo de drogas o con su efecto.

            El otro día, el señor Diputado Sabini hablaba de que uno de cada tres reclusos está allí por un tema vinculado con la droga. A principio del Ejercicio, la Junta Nacional de Drogas nos dio una información: doscientos treinta mil uruguayos tienen uso problemático de alcohol, cincuenta y dos mil tienen uso problemático de fármacos y veintiocho mil tiene uso problemático de cannabis. Seis meses después, salió otra encuesta, también de la Junta Nacional de Drogas, que complicaba un poco estas cifras oficiales porque hablaba de que en el último año solo doscientos mil jóvenes se habían intoxicado con alcohol. O sea que esas doscientas treinta mil personas que tenían uso problemático de alcohol en general se vieron contrastadas con esos doscientos mil jóvenes intoxicados, a no ser que solo treinta mil adultos tengan uso problemático de alcohol.  Evidentemente, creo que estas cifras están un poquito desinfladas o las mediciones que se han hecho no han abordado la grandeza del problema.

            Observen los señores Diputados que el alcohol es la primera droga de uso problemático y, en segundo lugar, están los fármacos, es decir, las drogas legales, reguladas, que se venden en farmacias, en expendios, con receta, que se controla que no se venda a menores, etcétera. Entonces, regulando el cannabis, ¿resolvemos el problema de su uso problemático? ¿O tal vez esa cifra de consumidores de cannabis, que está en 28.000 se va a acercar a las otras dos, que son legales y controladas?

            Hace tiempo que se está planteando un nuevo desafío en cuanto a las políticas públicas. Yo vine con la cabeza bien abierta, para ver por dónde podíamos encarar el problema. Evidentemente, vemos un problema; no nos podemos quedar con lo que está o con lo que estaba. Ahora, frente al nuevo desafío, el hoy Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada ya planteaba hacia dónde ir años atrás, cuando era Director de El Abrojo. Decía que había que abrir la cabeza, que no podíamos decir más que la droga te mata, que teníamos que terminar con el combate a la droga, con el knock-out a las drogas, con la guerra a la droga, que ahora tenemos que convivir con las drogas. Inclusive, hubo denuncias públicas de que personas de El Abrojo repartían marihuana para que la gente viera lo que era la marihuana de calidad, para que consumieran la buena. Ese es un planteo que viene desde hace un tiempo, que no es de ahora. Hay una línea de trabajo en ese sentido.

            Quien realmente me motivó en el tema ‑me gusta cuando me desafía una persona que está bien lejos de mí para, de alguna forma, revisar mis principios; me considero un revolucionario, porque cada día intento revisar todo lo que yo creo, pienso o siento para ver si estoy en lo correcto e intento fundamentármelo para ver si tengo que seguir en ese camino o cambiar de rumbo‑ fue el sociólogo Rafael Bayce, quien me impactó. Creo que nos impactó a todos cuando planteó que de ninguna manera estaba dispuesto a contribuir o a colaborar en la reducción de la demanda. Dijo que teníamos que informar pero, de ninguna forma, desalentar al consumo. Ante la pregunta del señor Diputado Iturralde Viñas, el sociólogo Bayce lo dejó pálido cuando le respondió que por qué no legalizar la pasta base, si hoy los jóvenes se están muriendo en una vida gris, sin futuro. Entonces, ¿por qué no morir con un poquito de euforia y disfrutando un poquito la vida antes de morirse? Me acuerdo de la cara del señor Diputado Iturralde Viñas, que no podía creer lo que le estaba respondiendo el sociólogo Rafael Bayce, para algunos un fenómeno. Es una visión de la vida.

            Hemos debatido con mucho respeto con el señor Diputado Sabini y hasta le he tomado cariño en estos años de trabajo, aunque tengamos posiciones muy diferentes. Al principio del debate él me decía que todavía no estábamos preparados para vender. Pero, si lo vas a legalizar, ¿por qué sacarlo del comercio de los hombres y de la posibilidad de hacer un negocio? Hace dos años, en radio "El Sodre" el señor Diputado Sabini me decía que no estábamos preparados como sociedad para venderla. Hoy el tema ya está planteado. Yo también le decía que por qué no usamos para la cocaína los mismos argumentos que utilizamos para la marihuana: produzcamos cocaína de calidad. ¿Por qué no producir pasta base de calidad? Un periodista mexicano me dijo que la pasta base es un veneno. Y yo le respondí: "Sos un poquito conservador, menos que yo, pero sos". ¿Por qué no dar la opción a la gente, en su libertad, invocando el artículo 10, que tanto se alega ‑que yo creo que no es así‑ de que se autoflagele a sí mismo, de que se autodestruya a sí mismo? Si se decide matar a sí mismo, es parte de su libertad. ¿Cuál es el daño a terceros? Además, si el tipo se mata lo más rápido posible, el único daño es el pago de los gastos fúnebres porque, en definitiva, el otro daño es terrible, el que queda latente durante mucho tiempo, el que le genera a la madre que le tiene que pagar los estudios médicos, la delincuencia en la que incurre y todos los daños que provoca a la sociedad. ¿Dicen que son actos que no perjudican a terceros? Yo les diría que hablen con una de esas madres que están desesperadas. Primero, su hijo le saca dinero a ella, luego falta alguna cosita en la casa ‑al principio, lo niega‑, después le falta a alguien de la familia, luego al vecino y más tarde va desesperada al Juzgado para que lo pongan preso: no quiere hacerlo, pero no hay otro mecanismo para internarlo. ¡Digan a esa madre que no hay daño contra terceros, que es la libertad del individuo ‑establecida en el artículo 10‑ y que no daña a nadie!

            Me dicen que hay mucha gente que consume marihuana y que no llega a esos extremos. Está bien, es verdad, pero ¿qué pasa con los chicos que están internados? Me he tomado el tiempo de hablar con muchos, y todos comenzaron consumiendo marihuana. Un sociólogo, sentado acá, me dijo: "Sí, pero también empezaron tomando leche". Es verdad pero, en realidad, la relación adictiva la empezaron con el cannabis, cruzando ese límite.

            También vino aquí un psicólogo con la postura de que la idea era buscar un consumo más saludable. Asimismo, me impactaron algunos informes que leí de algunos médicos, acerca de cuál es el consumo más saludable o menos nocivo.

            Se legaliza la producción y la venta. No tengamos miedo a las palabras. Sucede lo mismo que con el tema del aborto: se trataron de evitar determinados términos, pero se legaliza la producción y comercio de la marihuana. No es que el consumo sea legal, pero no se penaliza al consumidor, porque se entiende que es una persona que tiene un problema de salud, una enfermedad, una adicción y que, en realidad, hay que tratarlo y no penarlo.

            Hay mucha información sobre el tema de la marihuana. Se ha hablado de la esquizofrenia y de los problemas psiquiátricos, de los diferentes tipos de cáncer, de los efectos que tiene en el cerebro, de los efectos amotivacionales, de la lentitud de reacción, etcétera. Hay información médica de todo tipo y muy valiosa.

            En cuanto al tema de la inseguridad, hay datos. Hay estudios financiados por la OEA, que se han publicado en Uruguay, sobre todo el tema de la inseguridad generada y promovida por las drogas.

            También se ha hablado de los valores. No sé si los señores Diputados recuerdan un informe que dio el economista Salas, quien habló sobre los valores de los jóvenes que consumían con respecto a los que no lo hacían. Se podía decir que eran distintos. No sé si es que los que no tiene valores, consumen, pero realmente impacta ver hacia dónde apuntan los valores, cuál es la expectativa de vida del joven consumidor con respecto al no consumidor, cuáles son sus límites respecto a los bienes de los padres, etcétera. No les parecía mal robar a sus padres si una vez por mes les decían que les sacaban dinero. Esto afecta todo el sistema de valores. No quisiera pasar por alto esto; por lo menos, quisiera dejar constancia en la versión taquigráfica de que hay un informe muy importante al respecto, que ojalá lo pudiéramos difundir.

            En cuanto al tema de la comercialización, en su momento dije que cuando pasa al comercio de los hombres, cuál es la lógica del comerciante: vender más y ganar dinero. Es la lógica comercial; no pongamos otras lógicas a los comerciantes, sean farmacéuticos, supermercadistas o quiosqueros. Es hacer negocio. Cuanto más vendan, mejor, con publicidad o sin ella; con precios altos o con impuestos. ¿Cuál es el centro del tema? ¿Cuál es la prioridad que debemos tener como representantes de la sociedad frente a un tema que la está afectando gravemente? ¿Cuál es el bien tutelado ahí? ¿Es la libertad, es el placer, es la salud, es el mejor desarrollo del ser humano para el futuro? En el centro pongo a uno de mis hijos, como joven. ¿Qué quiero planificar para él? ¿Qué normas quiero que tenga en su vida?  Yo pongo al ser humano en el centro.

            ¿Qué estamos arriesgando con esto? Creo que estamos arriesgando muchísimo. Tengo la sensación de que estamos jugando con fuego. Y lo digo con respeto; creo que siempre me he dirigido con respeto hacia quienes piensan distinto en este y en todos los temas. Creo que estamos jugando con fuego. Tal vez pensado que esta pueda ser una salida para cambiar la realidad, nos estemos enterrando. Lo que pasa es que debemos estar dispuestos a enterrar una generación y después darnos cuenta de que nos equivocamos, de que no vamos a terminar con el mercado negro sino que va a seguir, que van a jugar con los precios y con las sustancias Y vamos a ver que se va a dar un aumento del consumo y que estos 56.000 que decía la Junta Nacional de Drogas tal vez dentro de uno o dos años sean 100.000.

            Se dice que se están blanqueando algunas cosas, pero no sé; tengo miedo de que estemos jugando con fuego. La Constitución de la República dice que el Estado combatirá los vicios sociales. ¿Los estamos combatiendo con este proyecto? ¿O vamos a terminar flexibilizando las normas, tal como se dice ‑hasta ahí estamos de acuerdo‑ y, a mi juicio, bajamos los brazos, nos damos por vencidos, nos están invadiendo y corremos el límite, salvaguardamos lo que tenemos y dejamos que, de alguna manera, avance el consumo? Porque el problema no es quién vende o produce, sino que hay mucha gente que consume.

            Yo apelo a algo que comenté al Presidente de la Comisión cuando nos visitó en Rivera, en cuanto a que hay una lógica en el tema y en cómo enfrentar estos problemas sociales que se planteó antes que lo de Al Capone y del prohibicionismo de Nixon, que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con cómo encararon los chinos la guerra del opio. ¿Por qué encararon la guerra del opio? Habría que estudiar un poquito eso. ¿El emperador chino quería sacar el negocio a los ingleses? No; no le interesaba el negocio de las amapolas. Que los ingleses querían comerciar y equilibrar la balanza comercial a costa de cualquier cosa es verdad. Pero cuando el Primer Ministro chino le escribió una carta en nombre del Emperador a la Reina Victoria dejó bien claro cuál era el tema. Había un grupo de malhechores que estaban produciendo e inescrupulosamente ingresaban esa sustancia a China ‑aquí, con palabras más actuales, hay unos nabos que han decidido autodestruirse a sí mismos‑ y el Emperador no iba a tolerar más eso. Estaban viendo que había un porcentaje importante ‑no recuerdo si un 10% o un 20%‑ que estaba consumiendo opio, entonces no iban a tolerar más eso y prenderían fuego los barcos, etcétera y ahí empezó todo el lío que después terminó con Hong Kong y con algún Banco, con sucursal en Montevideo, que empezó a ganar dinero en esa época.

            Se trata de cómo tratamos un problema como sociedad. Al principio dijimos que estaban las sustancias lícitas y las no lícitas y que también debíamos discutir los otros temas, como también adicciones que no tienen que ver con sustancias, sino con prácticas, relacionadas con los equipos electrónicos, las maquinitas de juego, la ludopatía. Pero el asunto es que de esta manera estamos dando una señal para un tema particular, respondiendo a un planteo de algunos ciudadanos que, evidentemente, quieren que saquemos esta ley, y también estamos dando un mensaje para todo lo demás.

            El artículo 10 establece la libertad y expresa que estarán exentas del poder de los magistrados aquellas conductas que no afecten a terceros ni al orden público. ¿Pero esto realmente no afecta a terceros? ¿Tenemos una visión solamente individual e individualista del consumidor y este puede hacer lo que quiera? Yo creo que nos estamos dando cuenta de que esto está afectando a terceros, a la salud pública, a la seguridad pública, a la familia y que contribuye a la desintegración familiar.

            Habría mucho más para decir pero finalizo por acá y, en todo caso, cuando analicemos el articulado me gustaría profundizar algunos asuntos con respecto a la sustancia, que nos puedan arrojar un poco más de luz, tal vez con la esperanza de que podamos revisar en parte, por lo menos, lo que hoy se está presentando.

Marihuana: pensábamos que al Gobierno le preocupaba algo más que el negocio.

Cuando el parlamento nacional decidió conformar la Comisión Especial para analizar las adicciones y su impacto en la sociedad uruguaya, se generó una gran expectativa respecto a la recepción de información de todos los actores involucrados en el problema, el análisis de la misma y las definiciones a las que podríamos concluir en una política de Estado y con consenso social que nos permita invertir el rumbo de este flagelo.

Con los anuncios de un grupo de comerciantes y con la decidida campaña de la mayoría del oficialismo en buscar la solución al problema a partir del control del negocio de producción y venta de la marihuana, nos queda claro que aquellas expectativas del primer momento han quedado por el camino.

Lamentamos que se renuncie a la verdadera preocupación del problema: el ser humano.

Que renunciemos a trabajar desde el Estado seriamente en la rehabilitación, entendiendo que es un grave problema que afecta a muchos uruguayos en su salud psíquica y física, cuando se abusa de las sustancias, cuando hay adicción a una de ellas y cuando se combinan peligrosamente las diferentes sustancias.

Que renunciemos a trabajar en la recomposición de las relaciones afectadas o rotas por el consumo de sustancias, en la órbita familiar, primera afectada, pero también en la trama social cada vez más afectada por la violencia, desintegración y delincuencia originada por el consumo de sustancias.

Que renunciemos a trabajar en la prevención y en la educación seriamente y decididamente a desmotivar y desincentivar el consumo. Nos hubiera gustado ver a la Junta Nacional de Drogas  con las mismas ganas que ahora trata de promover el proyecto de ley de legalización de la producción y venta de marihuana, que realizara campañas con información científica sobre el daño y consecuencias negativas que para los jóvenes y la población en general causan el consumo de cannabis, alcohol, cocaína, pasta base, etc.

Lamentablemente creo que en Gobierno está ganando la posición de que lo importante es el control del negocio. Hoy de la marihuana y tal vez mañana de otras sustancias. Equivocadamente piensan que controlar un negocio legal va a terminar con el “otro” y que van a regular el consumo. El error es no poner énfasis en la reducción de la demanda, la desmotivación del consumo, la prevención y la reparación de los daños que causa la adicción en el seno de nuestra sociedad.

Para aquellos actores del gobierno, muy propensos a hurgar en ejemplos históricos y filosofar desde el mostrador, les recordamos las trágicas “Guerras del Opio” y resaltamos la preocupación del Emperador chino Dauguang, que decididamente se preocupaba por la salud de los súbditos y no por el control del negocio.

Esa determinación surge claramente de las líneas extraídas de la carta del ministro encargado del combate a la Reina Victoria donde le señala:

“Pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los necios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. (...) ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente (...) Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy severas a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio.(...) Todo opio que se descubre en China se echa en aceite hirviendo y se destruye. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado (...) Lin Hse Tsu. Carta a la reina Victoria. 1839.

Sería bueno que nuestras autoridades tuvieran la determinación de combatir el avance de los venenos que envician y destruyen a nuestra sociedad, abandonando la idea de controlar un negocio, a partir de la producción y comercialización- que no tenemos ninguna duda- terminará con la promoción de su consumo.

 

Dr. Gerardo Amarilla

Representante Nacional

Reunión con Canciller por autos de frontera.

El diputado Gerardo Amarilla catalogó como muy auspiciosa la reunión que mantuvo con el Canciller Luis Almagro por la situación generada con los vehículos de frontera.

“El canciller se mostró muy receptivo a buscar una solución definitiva a miles de ciudadanos que  tienen una problemática particular con los denominados vehículos de frontera” afirmó el diputado nacionalista.

El legislador le planteó la posibilidad de que se busque una solución normativa a través del documento fronterizo y que se reglamente que como consecuencia de la residencia, la propiedad de un vehículo de frontera no configure ninguna infracción.

El documento de frontera surge por un Acuerdo entre los gobiernos de Uruguay y Brasil, ratificado en nuestro país por ley 17.659 y establece un régimen especial para residencia, trabajo y estudio a los ciudadanos fronterizos de ambos países.

Amarilla se mostró confiado en que se ”pueda encontrar una solución permanente y definitiva que genere tranquilidad a los vecinos, la mayoría de condición humilde y que puedan utilizar libremente sus vehículos en frontera”.

Que nos siga mandando la ley.

La Suprema Corte de Justicia en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales dictó un acto administrativo por el que realiza una serie de cambios y ascensos de diferentes magistrados a lo largo y ancho del país.

Fueron quince designaciones que supusieron cambios de titularidad en las sedes judiciales, con movimientos de jueces a diferentes departamentos y también cambios de materias. Estos cambios, que se realizan habitual y rutinariamente, aparentemente se llevarían a cabo sin ningún tipo de sorpresa.

La sorpresa fue constituida por una suerte de asonada al Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia, algo tan inédito en la historia del país como las declaraciones sobre uno de los traslados de dirigentes políticos, ministros, parlamentarios, organizaciones sociales y la propia central sindical de nuestro país.

Miembros del parlamento, con mucha experiencia en el mismo, plantearon “citar” a los titulares del Poder Judicial para pedirles “explicaciones” sobre el traslado de una jueza desde una sede penal a una civil, entendiendo que la misma ha generado “una alarma pública”.

Otro parlamentario discrepó públicamente con el traslado y afirmó que “hay mucha gente festejando el mismo” ya que ese cambio “beneficia a los violadores de derechos humanos” y dejando entrever que hay una suerte de conspiración de sectores políticos por detrás de ésta decisión que han influido en la misma.

Un ministro de Estado, nada más ni nada menos que el Canciller, ha salido a la opinión pública – no sabemos si en nombre del Poder Ejecutivo pero evidentemente involucrándolo- afirmando que “Uruguay pierde posicionamiento internacional con ese cambio” , agregando que “pierden las víctimas y hay dinosaurios contentos” porque la jueza Mota “aplicaba cabalmente las convenciones internacionales de derechos humanos”.

Estas expresiones, así como el “copamiento” de la sede del Poder Judicial y otras declaraciones, nos llaman poderosamente la atención por diversas razones.

En primer lugar porque entendemos que justamente la imparcialidad del accionar de la justicia, tiene mucho que ver con la independencia de quienes sean los titulares de las diferentes sedes judiciales y la no selección de los mismos para actuar en casos concretos. La propia carrera judicial y la movilidad de los jueces generan garantías en los ciudadanos de que lo importante no son las personas que están al frente de los juzgados sino el debido procedimiento y la aplicación de la ley.

Desde Artigas, y significativamente este año donde se cumple el 200° aniversario de las Instrucciones del año XIII, lo importante en nuestra patria es que no mandan las personas sino la Ley. Estamos sujetos a las normas y no a los caprichos de quienes tienen posiciones de poder.

En segundo lugar también nos sorprende y nos causa un profundo rechazo, el culto a una magistrada por su compromiso por los derechos humanos, presumiendo que el resto de los magistrados no tienen compromiso con la justicia, los derechos humanos o aplican erróneamente los tratados internacionales.

Es un desprecio y acusación velada a todos los demás jueces, que debe ser rechazada en función de la jerarquía y posición relevante que debiera tener el sistema de justicia en nuestra sociedad.

Por último, las afirmaciones de las que se desprenden una suerte de confabulación, abonadas por las declaraciones de la propia jueza, que le pareció “anormal y sin fundamento” el cambio, no hacen más que intentar afectar uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia como lo es la separación e independencia de poderes.

Tal vez estamos asistiendo a sectores que no creen en el sistema republicano y quisieran elegir los magistrados para que dicten sentencias a medida de determinada ideología o concepción.

Rechazamos que desde el propio sistema político se intente afectar la credibilidad de uno de los poderes del Estado, justamente el Poder Judicial que tendría que estar exento de las cuestiones político partidarias y sus objetivos.

Nos quedamos con la optimista sensación que, a pesar de las presiones, duras declaraciones, e infundadas sospechas, la Suprema Corte de Justicia mantiene su normal funcionamiento y decisiones adoptadas en el marco de la Constitución y la ley.

Dr. Gerardo Amarilla

Representante Nacional

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Diputado Amarilla convoca a Subsecretario a Comisión de Salud por Abortos

El diputado Gerardo Amarilla (PN – Aire Freco) presentó a la Comisión de Salud la solicitud de convocar al Ministro y Subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo a raíz de la implementación de la Ley de Aborto y las dificultades generadas en los procedimientos.

Los motivos de la convocatoria son relacionados a los cuestionamientos efectuados desde ámbitos profesionales y de ONGs al decreto reglamentario, las interpretaciones sobre el derecho de objeción de conciencia y las polémicas generadas a raíz de las declaraciones del Subsecretario, Dr. Leonel Briozzo así como el Registro que estipula la ley y las dificultades surgidas en algunas pacientes.

En nota presentada al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Dr. Daniel Radio, el diputado Amarilla desarrolla los motivos de la convocatoria, requiriendo la presencia de los jerarcas para analizar: ” Por intermedio de ésta solicito a Ud. que se proceda a convocar al Ministro de Salud Pública y al señor Subsecretario de dicha cartera a vuestra Comisión a los efectos de analizar los siguientes puntos:

Por intermedio de ésta solicito a Ud. que se proceda a convocar al Ministro de Salud Pública y al señor Subsecretario de dicha cartera a vuestra Comisión a los efectos de analizar los siguientes puntos:

• Decreto Reglamentario de la Ley denominada de Interrupción Voluntaria del Embarazo, N° 375/2012 y los cuestionamientos realizados por parte de profesionales y organizaciones al mismo.

• Reglamentación del ejercicio del derecho de Objeción de Conciencia respecto a la realización de abortos, reconocido por la ley N° 18987 de 22 de octubre de 2012, declaraciones públicas respecto de este tema del Sr. Subsecretario y polémica generada con los profesionales amparados. Acciones previstas en relación a este tema.

• Información respecto a los datos del Registro previsto en el art. 12 de la mencionada Ley, tanto del sector público como privado a la fecha.

• Situaciones dadas en el marco de la aplicación de la referida ley que han suscitado reclamos por deficiencias en el procedimiento en particular los de pública notoriedad.

• Otras dificultades surgidas a partir de la aplicación de la referida norma.

Fuente: Sociedad Uruguaya

Violencia y Discriminación.

Hace pocos días nuevamente nos vimos consternados por un suceso que refleja claramente el estado de inseguridad pública que estamos viviendo.

Se trata del tiroteo acaecido en un centro comercial de la ciudad de la costa en el departamento de Canelones que con ribetes cinematográficos culminara con heridos, delincuentes prófugos y la conmoción de la población en general.

Concomitantemente a estos hechos mi hijo de diez años, que está de vacaciones en Montevideo, se vio sorprendido por un extraño hecho que ocurrió ante sus ojos. Cuando iba a ingresar a un centro comercial de la capital los guardias privados del mismo impidieron el ingreso de dos jóvenes que por su vestimenta y apariencia consideraron los guardias no eran bienvenidos en ese lugar.

Mi hijo sorprendido ante este hecho bastante inusual en el interior donde vivimos, me lo contó con cierto asombro y frente a ese relato me obligó a reflexionar. Me pregunto que habrán sentido esos jóvenes a quienes se les impidió el paso a ese shopping donde tal vez pensaban pasar la tarde como entretenimiento.

Adonde habrán ido después de aquel rechazo? ¿Que habrán hecho con ese resentimiento generado por la expulsión, a que los habrá impulsado esos sentimientos negativos de discriminación? Estas situaciones de desintegración social que estamos padeciendo hasta qué punto no están alimentando reacciones violentas como las del otro shopping? Hasta que punto no fomentamos la reacción de que adonde no nos dejan entrar por las buenas entramos por las malas o lo que no tenemos oportunidad de conseguir por caminos correctos lo conseguimos de cualquier manera.

Enfrentando esta dura realidad  y estas situaciones que se repiten y por lo tanto tienden a volverse normales en nuestro entorno, creo que como sociedad deberíamos reflexionar en los orígenes del problema además de las consecuencias.

Vemos que muchas veces las respuestas del gobierno y muchas de las propuestas de la oposición están centradas en atender las derivaciones y consideramos que resulta más que necesario, imprescindible abordar con seriedad y profesionalidad el estudio de las causas y orígenes de la inseguridad y de la violencia para lograr respuestas que puedan atender las verdaderas raíces del problema.

Gerardo Amarilla

Representante Nacional

Nuevos contactos para Universidad Tecnológica en Rivera

Se intensifican los contactos políticos para que en el departamento de Rivera pueda instalarse al menos uno de los campus de la recientemente creada Universidad Tecnológica, cuya sedes deben estar en el interior del país.

Los contactos políticos incluyen a los diputados de los tres partidos, al intendente municipal, al Presidente de la Junta Departamental y a las autoridades de todos los partidos políticos.

Sin perjuicio de movilizar a los sectores partidarios, también se pretende incluir al sector comercial, industrial y productivo, descontando que habrá sumo interés en la capacitación tecnológica de los jóvenes en el tan postergado norte del país.

El diputado Gerardo Amarilla (PN) había reclamado en el mes de febrero de 2012 para que la futura sede de la Universidad Tecnológica se instale en el departamento de Rivera “como forma de corregir las iniquidades históricas en materia educativa que han perjudicado siempre al Norte del país”, expresó en esa oportunidad.

Reconoció que “Rivera es uno de los departamentos donde existen mayores deficiencias en materia educativa, y donde a lo largo de la historia se han registrado menores inversiones si uno compara con departamentos del Sur o del Litoral del país”.

Datos del Censo reflejan esa desigualdad ya que Rivera tiene el mayor índice de analfabetismo (3,7%) y región con mayor índice de deserción. 17% de jóvenes que no asisten al sistema educativo son la compuesta por Rivera, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo. La vecina ciudad brasileña de Santana do Livramento, en cambio, tiene cinco campus universitarios que se han instalado en los últimos años y que marcan una sustancial diferencia del otro lado de la frontera..

El legislador nacionalista también concurrió en el mes de marzo a la Junta Departamental donde fue recibido por el plenario a efectos de exponer sobre su iniciativa de propiciar la ubicación de la Universidad Tecnológica, propuesta en el llamado “acuerdo educativo”, en nuestra ciudad.

Amarilla confía que con el apoyo de todos los partidos, la participación decisiva de la Intendencia y la Junta Departamental y además el compromiso de la sociedad civil así como de organizaciones empresariales, “pueden contribuir a que Rivera obtenga ese añorado sueño”.

Bancada de diputados de Aire Fresco solicitó a Lacalle Pou que sea precandidato

En tiempos venideros el Partido Nacional afrontará un gran desafío y una gran responsabilidad: constituirse como alternativa de gobierno.

Con la mirada puesta hacia adelante, pero con la historia nacional como digno fundamento, la bancada de diputados de Aire Fresco propone formalmente un nombre y un equipo para asumir el desafío y la responsabilidad.

En el día de hoy, la Bancada de Diputados de Aire Fresco, le solicito al líder del sector, Luis Lacalle Pou, que sea precandidato del Partido Nacional, y que someta su nombre y equipo al del resto de los compañeros que han demostrado interés en pugnar por la candidatura de nuestra colectividad.

Aire Fresco toma la decisión de caminar hacia adelante, con el primer paso de proponer a Lacalle Pou como precandidato, pero con el objetivo claro de ampliar las bases con personas con conocimiento, experiencia, con nuevas miradas, y porque no, con nuevas corrientes.

Bancada de Diputados de Aire Fresco

Canelones,9 de enero de 2013

Amarilla: "Salud Pública quiere promover el aborto"

El diputado Gerardo Amarilla respondió a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) que están "promoviendo el aborto" con la ley de despenalización y no descarta interpelar al ministro Jorge Venegas.

Ayer domingo, el subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo anunció que se propone viajar al interior del país para intentar convencer a los ginecólogos que hicieron objeción de conciencia para que cambien de parecer. El jerarca afirmó que hay situaciones de objeción de conciencia que son "reales" sobre "aspectos religiosos", pero que otras no lo son y apuntan a cuestiones de conveniencia.

Asimismo, este fin de semana El País informó que si bien en el sector del presidente José Mujica, el Movimiento de Participación Popular (MPP), se piensa cambiar el proyecto atendiendo a este problema, en el resto del Frente Amplio no se comparte la idea.

Con lo dicho por el subsecretario Briozzo, "queda claro que la verdadera intención" de la ley de despenalización "era la promoción de los abortos y no la simple consagración del derecho de la mujer a elegir la interrupción de su embarazo", dijo a El País el diputado de Aire Fresco (AF) Gerardo Amarilla.

Briozzo "deja claro la intención desde que intentará que sus colegas hagan abortos a pesar de sus convicciones personales y a cuestionar el período de reflexión dado por la ley a la mujer. Es claro que en el primer caso, el subsecretario desprecia las creencias que pueden tener los profesionales sobre el derecho a la vida del concebido". Y añadió que "con su actitud militante pro aborto repudia el juramente hipocrático que realizan los profesionales de la medicina".

En el caso del cuestionamiento al "período de reflexión" que la ley dispone para que la mujer se cuestione su posición de abortar, "a Briozzo le molesta porque creo que prefiere el impulso sin reflexión y los abortos exprés, desnudando la verdadera intención de promoción de esta práctica. No lo veo tan preocupado por las secuelas de las mujeres, su atención post aborto y el desamparo y soledad con el que quedan después de realizárselo", comentó.

El diputado nacionalista consideró que "ha quedado manifiestamente claro de que aquella cifra de 30.000 abortos por año en Uruguay, que se publicitaba como parte de la campaña en pro de la ley de legalización, ha quedado desmentida rotundamente por la realidad".

"Siempre cuestionamos esa cifra tan alta y ahora hay una gran incertidumbre y hasta bronca de quienes justificaban su posición desde un argumento falso. Era demencial pensar que se hacía casi un aborto cada 15 minutos en nuestro país y lamentablemente el subsecretario y hasta el ministro repetían esa cifra como parte de la campaña pro ley de aborto", agregó el legislador de Rivera.

Amarilla sostuvo que en lo personal "no descarto una acción parlamentaria por estas expresiones", como interpelar al ministro Venegas.

Fuente y Foto; El País Digital

Entrevista al Dip. Gerardo Amarilla

Entrevista de Teveuy al Dip. Gerardo Amarilla

Almanaque Lista 15 - 2013

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Diputado Amarilla y matrimonio igualitario: “Desnaturalizando el matrimonio y la familia”

Compartimos el fundamento del legislador nacionalista Gerardo Amarilla en referencia al denominado “Matrimonio igualitario” en ponencia en la sesión de la Cámara de Representantes del martes 11 de diciembre.

“En primer lugar debemos necesariamente ratificar el derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.

Debemos luchar y enfrentar algunas pretensiones inquisitorias de grupos que se arrogan la autoridad de establecer lo que se puede pensar o decir respecto al tema.

Tenemos, o tendríamos que tener, la libertad de decir lo que pensamos y poder decir con libertad las conductas que entendemos que no nos gustan o no nos parecen buenas.

Hay algunos terroristas aislados que amenazan con denuncias por discriminación u homofobia ante cualquier opinión disonante.

Quiero expresar con firmeza que estoy totalmente de acuerdo con el Matrimonio Igualitario, suponiendo que el mismo supone la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer que naturalmente lo conforman.

Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad social de protección y de la búsqueda de la estabilidad de la familia, concibiendo al matrimonio como una herramienta jurídica milenaria para ello.

Estoy totalmente de acuerdo con la promoción del matrimonio, la familia y la heterosexualidad, necesaria e imprescindible para la procreación de la especie humana.

Debemos promover a la familia y al matrimonio, en base a las relaciones naturales, donde pueda cumplir con los objetivos establecidos en el art. 40 de la Constitución de la República.

Precisamente nuestra carta magna establece que “La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”.

“El origen etimológico de la palabra matrimonio deriva de la expresión “matris munium” proveniente de dos palabras del latín: la primera “matris”, que significa “madre” y, la segunda, “munium”, “gravamen o cuidado”, viniendo a significar “cuidado de la madre”, en tanto se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría de “matreum muniens”, significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos y por supuesto que hacia estos.

El Matrimonio reconoce una situación natural y real pre existente, entre hombre y mujer para vivir en conjunto y con especial protección a la mujer respecto a la tutela del “patrimonio” de esa unidad y sobre todo pensando en medidas de protección y estabilidad para el fruto natural de esa relación que son los hijos, la procreación de la especie.

Aquí hay normas claras que intentan divorciar la institución, dándole un nuevo significado jurídico y con nuevos objetivos, también vinculados a filiación, adopción y derechos- deberes de “patria potestad”.

Hay un fundamento teórico, representado por varios autores, tales como Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, Sulamith Firestone, Susan Moller y una larga lista que promueven una revolución cultural y la destrucción de un modelo de familia – que según ellos – sostiene un modelo de sociedad. Apuntan a la destrucción o neutralización de la familia biológica como unidad, incluyendo en ese concepto tantos contenidos contradictorios que al final quede vacío de contenido.

La legalización del matrimonio homosexual supone un cambio radical en la concepción jurídica del matrimonio.

Es el cumplimiento de un gran objetivo de suprimir el matrimonio histórico entre hombre y mujer, que constituía la unidad básica del orden social que asegura la continuidad de la especie, el orden social y da normas de protección a los más débiles de esa relación.

De acuerdo a la presentación realizada en la Comisión por el Instituto Jurídico Cristiano, vale aquí resaltar el Matrimonio como elemento “natural” de la sociedad; es decir, que:

a) la unión de los sexos es anterior a la sociedad y al Estado;

b) tiene una esencia inmutable, derivada de la propia naturaleza humana, que debe ser protegida y promovida por el Derecho; y

c) que posee sus propias características, que el ordenamiento jurídico está obligado a respetar tal cual son.

Así, Matrimonio y Familia como instituciones naturales, anteriores al Estado, a las leyes y aún al Derecho, inherentes a la naturaleza humana, el Derecho lo único que hace es reconocerlas según su propia esencia y caracteres.

La sociedad se funda en la familia y, por tanto, esta debe ser protegida del modo más adecuado por aquella.

Siempre es posible la regulación jurídica, conforme a la naturaleza propia del matrimonio y la familia, aunque algunos los consideren perimidos en estos tiempos.

En cuanto al principio de igualdad, procede señalar que nuestra Constitución expresamente establece que “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.”

Al hablar de los Derechos Fundamentales se incluye el llamado derecho a la igualdad, aunque se ha discutido mucho su alcance y significado. Hay quienes sostienen incluso, que ni siquiera puede hablarse de un derecho a la igualdad, sino que más bien se trataría de un principio institucional que estaría contenido en las constituciones democráticas.

Es necesario que se distinga entre igualdad jurídica e igualdad de hecho o material. Como sostiene Aníbal Barbagelata , “la dificultad de dar el criterio que ha de servir de pauta al legislador, no puede desconocer que los hombres no son iguales en los hechos, y un igual tratamiento para todos puede significar a la postre la consagración de una desigualdad. … se trata de considerar de modo igualitario a los casos iguales y de manera desigual los casos diferentes, pero la diferenciación tiene que ajustarse al criterio de razonabilidad que corresponde al hombre medio, diríamos al buen padre de familia del derecho romano.”

Por su parte, Justino Jiménez de Aréchaga[1] aclara que “…el sistema democrático de gobierno y la filosofía política sobre la cual reposa el sistema democrático, no impiden el reconocimiento de ciertas desigualdades de segundo grado entre los hombres.”

Aplicar el principio de igualdad no es tratar todas las situaciones en forma idéntica, sino por el contrario es tratar igual a los iguales y distinto a los diferentes.

Esta institución, que data desde los orígenes de la humanidad, ha sido creada con dichos fines para que un hombre y una mujer se complementen en su carácter y contribuyan a la reproducción de la raza humana.

La regulación jurídica del matrimonio, que surge con posterioridad a la creación del mismo, determina una protección especial otorgada por el Estado a dicha institución.

Si bien la familia ha cambiado como institución social, en cuanto a su estructura y organización, el matrimonio es una institución que tiene su origen en el Derecho Natural y que al Estado sólo procede protegerla por ley y no desvirtuarla.

Por eso, sostener que nos oponemos a que se modifique la naturaleza del matrimonio, (estableciendo una diversa composición del mismo) no implica discriminar, ni vulnerar el principio de la igualdad, sino que basándonos en el principio de la igualdad y sobre todo el principio argumentativo de la universalidad, por el cual la regla debe ser el tratamiento idéntico a situaciones análogas, entendemos que el tratamiento que se da actualmente por el Código Civil al matrimonio, aparece desigual por tratarse de situaciones desiguales, y que para lograr la igualdad de tratamiento no debe modificarse la naturaleza de la institución protegida.

El matrimonio es una institución basada en valores tradicionales que fueron reflejados en la ley escrita, en aplicación de una ética que para muchos miembros de nuestra sociedad sigue estando vigente.

Los nuevos sistemas familiares basados en los procesos que vienen ocurriendo en el plano de la sociedad y la cultura, tal como se expresa en la Exposición de Motivos del presente proyecto, deben ser regulados por medio de instituciones diferentes que acompasen el advenimiento de nuevos valores.

Nos preocupan en forma especial la situación de los niños, los menores que estarán vinculados a estas nuevas realidades jurídicas, los impactos que pueden tener en sus vidas y en su desarrollo, el nacer o crecer en estos nuevos modelos establecidos.

Hay informes técnicos y estudios serios con diferentes conclusiones al respecto. La pregunta que nos surge es si podemos experimentar teniendo –al menos- una probabilidad de daño sobre el desarrollo de esos menores?.

Con este proyecto de ley, como lo señala el Doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes, Manfred Svensson, parece que lo normal en este tipo de regulaciones sería”velar por los derechos de un niño, y la discusión actual corre el serio riesgo de invertir esto, convirtiendo a los niños en parte del proceso de reivindicación de derechos de los adultos”.

Han pasado imperios, civilizaciones, regímenes y diferentes tipos de agrupaciones económico sociales entre los seres humanos, pero siempre ha permanecido firme esta institución, que cultiva en su seno los mejores legados y tradiciones del pasado, cumpliendo un rol innegable para con las nuevas generaciones.

El Parlamento Nacional debería tratar estos temas con mayor profundidad y con la debida prudencia al estar regulando institutos que suponen los cimientos mismos de la sociedad”.

Dr. Gerardo Amarilla.

Representante Nacional.

Palabras del Diputado Amarilla en Comisión General, el lunes 10 de diciembre, por Puerto de Aguas Profundas

         Nos parece que varias de las preguntas que al inicio de esta sesión realizó el señor Diputado Lacalle Pou ‑quien convocó a este llamado en régimen de Comisión General‑ al señor Ministro y a su equipo todavía están sin responder.

         No quiero ser muy extenso en mi intervención, pero necesito hacer hincapié en algunos temas que me parecen fundamentales desde el punto de vista ambiental y territorial sobre el puerto de aguas profundas: su localización, su construcción, las obras anexas a esta terminal y, por supuesto, su posterior operativa.

         Hace algunos días la señora Subsecretaria de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente planteó en la prensa que en la definición de este lugar se respetaron todas las normas ambientales; hoy hizo aquí alguna intervención al respecto.

         En su planteo, el señor Diputado Lacalle Pou dejó en claro que el informe ambiental sobre esta localización fue realizado por una sola persona en un plazo de treinta días, hecho que no fue desmentido por la delegación que comparece hoy ante esta Cámara.

         Voy a hacer un pequeño "racconto" de los requisitos que debería cumplir este puerto para hacer un estudio de impacto ambiental previo. La Ley N° 16.466, de protección del medio ambiente, es clara en este sentido. El literal B) del ar­tículo 6º establece que quedan sometidas a la realización previa de un estudio de impacto ambiental los puertos y las terminales de transvase de petróleo o productos químicos. Se refiere al puerto como infraestructura, como plaza, como espacio y, además, a otras actividades que se realizan en ese ámbito, que es el trasvase de petróleo y de productos químicos. Según los informes que dio la delegación y lo que se manifestó hoy en Sala, estas actividades estarían comprendidas en el puerto en las cargas a granel de líquidos, sobre todo, de petróleo y de sus derivados.

         El Decreto N° 349, de 2005, reglamenta la ley de impacto ambiental; su ar­tículo 2º establece los ámbitos de aplicación. En su numeral 5) se refiere a la construcción de nuevos puertos y en el 6), a la construcción de terminales de transvase de petróleo o productos químicos. Aquí hay una cosa muy interesante. La señora Subsecretaria hizo referencia a que aparentemente se había avanzado en el estudio de la viabilidad de localización ambiental cuando no era necesario. En este punto me permito corregirla: es necesario. Precisamente, el ar­tículo 20 del Decreto establece que se requiere la viabilidad ambiental de la localización de las construcciones u obras comprendidas en los numerales 6) y 9) ‑entre otros‑ del ar­tículo 2º, entre las que se encuentra la construcción de terminales de transvase de petróleo o productos químicos. O sea que, en virtud de este Decreto, se requiere la viabilidad ambiental de la localización. Y esto no solo refiere al relacionamiento con la Intendencia de Rocha. Según los estudios a los que ella hacía referencia, requiere nada más y nada menos que la comunicación puesta de manifiesto a los efectos de que cualquier ciudadano u organización pueda opinar sobre dicha localización.

         Creemos que es fundamental el cumplimiento de esta normativa en forma previa y también de las medidas de ordenamiento territorial. Aparentemente, en este tema no se ha hecho referencia a la ley de ordenamiento territorial. Es decir que definimos un lugar y después justificamos la localización. No hacemos un estudio previo; en todo caso, después justificamos con argumentos por qué se eligió ese lugar. Se deberían hacer estudios previos. Al Parlamento le fue enviado un proyecto de ley para que tomara posición ‑según lo que establece la Constitución de la República, esto requiere mayorías especiales‑, pero si después el lugar no es el más correcto o si los estudios ambientales o territoriales determinan que no es la mejor ubicación, ya hubo un pronunciamiento previo. Entonces, ¿damos marcha atrás? ¿Derogamos esa ley? ¿La modificamos?

         Obviamente, si la idea es tener en cuenta la conveniencia económica y después justificar el tema ambiental y territorial, la posición es otra. Es decir: primero definimos el lugar porque nos conviene y luego buscamos la vuelta para justificar la ubicación.

         Como muy bien lo decía el señor Diputado José Carlos Cardoso en su intervención, el departamento de Rocha tiene una serie de riquezas ambientales que hay que proteger. Entonces, debemos ser muy cuidadosos al establecer este tipo de proyectos de antemano, en razón de otros intereses, para después justificar ambiental y territorialmente su localización, de modo de amortiguar o tratar de minimizar los impactos.

         El 14 de julio de 2011 presentamos en esta Sala un reclamo dirigido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente respecto a la construcción del mineroducto y, en aquel momento, de la terminal portuaria de Aratirí, que estaba prevista en otro lugar. Precisamente, preguntábamos sobre la situación en la que quedarían dos zonas con estatus internacional: la Reserva de Biosfera de la Unesco y el sitio determinado por la Convención de Ramsar. Estas áreas se verían afectadas por aquel proyecto y también por este. Veo que la señora Subsecretaria hace algunos gestos para decirme que no.

         Concretamente, en un año y medio no hubo respuesta oficial. Sí obtuve alguna información desde el punto de vista ambiental absolutamente lamentable: se me dijo que Uruguay estaba acomodando las zonas, corriendo sus límites, achicándolas, para no tener contradicciones con los impactos que algunos privados estaban planteando. Si eso se confirmara, me daría vergüenza del país, que acomoda las áreas de protección ambiental y las riquezas ambientales que nos comprometimos a proteger ante la comunidad internacional, para dar paso a determinadas obras de infraestructura de privados. Si eso se confirmara, sería lamentable. Por eso creo que necesariamente debemos cumplir con los estudios ambientales y territoriales previos.

         Como ya se dijo, junto con el señor Diputado Lacalle Pou hicimos un pedido de informes a raíz de algunos anuncios delPoder Ejecutivo. La respuesta dada fue que no se habían realizado acuerdos con privados ni con multinacionales por este motivo. Sin embargo, una noticia anuncia que el Gobierno uruguayo y la empresa Zamin Ferrous alcanzaron un acuerdo para trabajar en conjunto en el desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur. Esta noticia no salió en ningún medio opositor; fue publicada en la página web de la Presidencia de la República el 3 de julio de 2012.

         Estas contradicciones son las que nos hacen dudar de la información. Frente a este tema necesitamos un compromiso ambiental claro y serio. Es necesario supeditar las demás políticas a la política ambiental. En Europa se habla de este tema desde la década del setenta. Lamentablemente, tal como está planteado el asunto y como muy bien lo decía el señor Diputado Lacalle Pou con respecto a los informes, aquí estamos definiendo determinadas cosas primero, para después ver cómo justificamos y cómo acomodamos el tema ambiental y territorial.

         Necesitamos un compromiso ambiental serio en este sentido y, sobre todo, transparencia en la información, para que no parezca que el Estado uruguayo está corriendo atrás de los planteos de ciertos privados para cumplir con sus mandados.

         Gracias, señor Presidente.