Consideramos necesaria una moratoria de los trámites mineros hasta que no se definan las directrices nacionales de ordenamiento territorial en la materia.
El Poder Ejecutivo tiene que declarar esa moratoria, y por lo tanto suspender en forma inmediata todos los trámites tendientes a la habilitación de nuevos emprendimientos mineros hasta la aprobación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial, tal como lo prevé el artículo 10 de la ley 18.308.
Resulta imprescindible que por parte del Estado de proceda a la definición básica de la estructura territorial y la identificación de las actuaciones territoriales estratégicas, tal como lo dice la ley.
Nosotros queremos simplemente que se cumpla ley y ella establece la necesidad de la formulación de criterios, lineamientos y orientaciones generales para los demás instrumentos de ordenamiento territorial y para las políticas sectoriales con incidencia territorial.
Si no actuamos seriamente y con políticas claras, se puede desatar una guerra por la competencia de las diversas actividades en el territorio y lamentablemente creo que van a salir perjudicados los más débiles.
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