Ahora el desafío Aratirí interpela al país

por Ricardo Gorosito Zuluaga (El Observador, 21 de julio de 2011)
Una vez concluida la interpelación promovida por el Partido Nacional, y excelentemente conducida por el doctor Amarilla, diputado del interior y que se estrenó en tales lides, me voy a permitir alguna reflexión que pospuse hasta ahora, en función de esperar los acontecimientos.
Desde luego, voy a apuntar alto y evitar evaluaciones del episodio parlamentario referido, considerado en sí mismo, con relación a la calidad de las respuestas del Ejecutivo o de las pequeñas maniobritas que en ocasiones de este tipo suelen desplegarse en los recintos. A este respecto solo celebraré, con espíritu constructivo, la primera interpelación ambiental en la historia del país. Como hombre comprometido en las luchas del desarrollo sostenible, me siento animado porque la política ambiental adquiera así ciudadanía parlamentaria, en su autonomía y especificidad. Sin duda que como primer paso, pero es siempre el más difícil. Corresponde que desde aquí, despojado hasta donde pueda de orgullo partidario alguno, felicite a los doctores Lacalle Pou y Amarilla por el servicio prestado a la causa del desarrollo sostenible, de la defensa de los recursos naturales y de las generaciones futuras. Ellos demostraron que con estudio y preparación, los temas estratégicos pueden tratarse de manera solvente y que colocar un tema en ese nivel es la mejor manera de que rinda frutos de bien público, el juego institucional de la mayoría gobernante desafiada por la fuerza opositora.
Y ese bien público en el caso estará dado en la inserción del tema Aratirí en el marco general político de referencia, que es el desarrollo minero sostenible, como cuestión ambiental ( por tanto, ecosistémica e intergeneracional) y como cuestión territorial ( por tanto, transversal, interjurisdiccional y geopolítica). Evitar a cualquier costo los trágicos errores de la política del hecho consumado del tipo Botnia. Pasar del encare de semejante intervención como un simple proyecto y encuadrarlo en la perspectiva sectorial y estratégica. Máxime cuando hay en curso otros proyectos y, sobre todo, hay importantes indicios de que puede estar comenzando un proceso de expansión y profundización de la minería en el país.
Insertar el tema minero en ese marco no se reduce a cambiar, a medida, el Código de Minería, sino precisamente, todo lo contrario: generar en el sistema ambiental nacional y en el sistema nacional de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, aplicando el instrumental disponible de las leyes 17283 (ley general de protección del ambiente) y 18308 (ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible), el marco político y operacional sectorial para el desarrollo minero sostenible en horizonte de 30 o 50 años, con sus modulaciones de monitoreo y evaluación continuas, en ámbitos de participación pública. Si la legislación de ordenamiento territorial no tiene aplicación en este caso, entonces, lectores, estaremos fuera de toda duda, en lo que Antonio H Benjamin, llama el Estado teatral, y que yo he complementado agregando que es propio de este generar una legislación ambiental y territorial de utilería, mera farsa, expedir leyes para no cumplirlas.
En este contexto, una política de ese porte requiere: una directriz nacional para el desarrollo minero sostenible, con su evaluación ambiental estratégica, en el marco de la ley 18.308, en cuya elaboración debatir la propuesta de someter a ciertos minerales al régimen vigente para el petróleo, un régimen especifico de responsabilidad por daño ambiental orientado hacia la responsabilidad objetiva, el seguro, el fondo de indemnización y/o compensación, basado en tasas y aportes de los usuarios de los recursos y de los contaminadores, más allá de los cánones mineros, y la consagración del delito ambiental; una institucionalidad que comprenda un tribunal especializado en materia de ambiente y territorio, que puede tener jurisdicción nacional como los antiguos juzgados de Hacienda, una fiscalía, especializada igualmente, y un ombusdman que represente las demandas del público y ayude en la solución alternativa de conflictos. Es bueno que los legisladores, sobre todo los de la oposición, tengan en cuenta que el instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, denominado Directriz Nacional, en el caso, sobre desarrollo sostenible de recursos mineros, no requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, y, por tanto, si vencido un plazo razonable el Ejecutivo no tomara las iniciativas del caso, cualquier legislador puede presentar un proyecto de Directriz que opere como disparador para encauzar correctamente el tema.
Finalmente los gobiernos departamentales involucrados deben trabajar instrumentos regionales e interdepartamentales y, aun, sectoriales o locales, de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible y generar una contraparte técnica y planificadora, adecuada a su necesaria interrelación con las poderosas transnacionales y sus equipos técnicos.
Así crearemos un marco de seguridad jurídica de país del primer mundo, que conduce con autoridad sus procesos decisionales y que no es ciegamente conducido y arrastrado por las estrategias globales y que servirá para orientales, para finlandeses, indios, chinos y cuantos, cumpliendo las leyes, quieran invertir capital en la tierra que tenemos más directamente cometida a nuestro cuidado la comunidad de los uruguayos.