Las acciones del Partido Nacional comenzaron a descorrer el velo de misterio que envolvía el negocio de la extracción de hierro, que empezó a gestarse bajo el gobierno del ex Presidente Tabaré Vázquez.
En el negocio están involucrados, ahora representando intereses privados, personas que ocuparon cargos de gobierno durante la pasada administración.
El secretismo del tema llevó al Partido Nacional a una triple interpelación a los a los ministros de industria, de vivienda y medio ambiente y de turismo.
De un informe presentado por el miembro interpelante diputado Gerardo Amarilla en esa instancia, surgió que la empresa ENRC, socia al 50% de Zamin Ferrous (dueño de Aratirí), está siendo vinculada a denuncias de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. De ello hay información pública en el periódico belga Le Soir además de Wikileaks.
Desde que se conoció la existencia del proyecto Aratirí generó cuestionamientos. En el caso del Partido Nacional se han manifestado desde diversos ángulos, pero todos coinciden en la falta de transparencia del gobierno en torno al proyecto de la minera.
Cuando el Partido puso el tema en el ámbito político y en la opinión pública la empresa hizo intentos de incidir en los legisladores mediante visitas inesperadas en sus despachos. Pero una vez que se puso en discusión el aspecto económico del negocio y ya no les resultó tan ventajoso, decidieron dejar de priorizarlo.
El martes de esta semana el Gerente General de la Minera Aratirí, Fernando Puntigliano manifestó que el proyecto pasó de ser "la prioridad número uno" del grupo inversor Zamin Ferrous, responsable del emprendimiento minero, a estar en el cuarto lugar.
La decisión fue tomada el domingo 31 de julio y le fue comunicada al Ministro de Industria, Energía y Minería Roberto Kreimerman, quien notificó al Presidente José Mujica de la situación.
Según Puntigliano, el grupo inversor no se conformó con la discusión política en torno al tema y consideró que los tiempos que se estaban cumpliendo eran lentos. Como consecuencia de lo decidido el domingo, la inversión inicial se verá reducida entre un 50% y 70%.
Si bien el proyecto no cayó, Puntigliano dijo a Metrópolis FM que los US$ 1.000 millones destinados a este proyecto serán dirigidos a otros planes de la firma inversora. También expresó que la empresa quiere mantener una buena relación con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), en quien confían plenamente. "Dentro de 10 años nos vamos a tener que volver a encontrar y es necesario que exista confianza", afirmó.
“La empresa salió a terciar en la discusión que estamos dando sobre el negocio, y obviamente ahora se comenzó a inquietar. Está bien que se inquiete, porque nosotros estamos dando a conocer los números. El proceso de discusión de la nacionalización ha reabierto un debate que no estaba”, dijo el diputado José Carlos Cardoso a La Democracia con respecto a las declaraciones de Puntigliano.
“El Uruguay es muy transparente para discutir y hay una larga tradición democrática en el país en discutir sus inversiones”, agregó.
Cardoso se refirió a grandes emprendimientos y recordó que en el caso de Botnia se discutió tres años sobre temas ambientales, pero no hubo ningún problema con el negocio. En cambio en Aratirí se habla de los números, y “la empresa puede decir: No, mire, si yo no me quedo con el 90% el negocio deja de interesarme”.
Cardoso dijo que era previsible que la empresa tuviera una “pataleta” si se le modificaba el negocio, y hasta podría decir; “este partido se termina acá, porque yo soy el dueño de la pelota”.
Pero no es el dueño de la pelota. Uruguay tiene que seguir discutiendo transparentemente el negocio. Porque lo que hemos logrado al instalar el foco sobre el negocio es que la gente se entere de qué se trata.
Y las empresas que vienen a Uruguay, como vino Botnia, tienen que aprender que una de las cosas que hacemos los uruguayos es discutir y divulgar. ¿Qué pensaban? ¿Mantener el secretismo?, se preguntó.
Desde el gobierno de Tabaré Vázquez
El proyecto Aratirí implica una inversión de US$ 3.000 millones, la explotación de cinco yacimientos de hierro de alta calidad en Maidana y Las Palmas (por 20 a 25 años) y Uría, Morochos y Mulero; y la construcción de una terminal portuaria de uso exclusivo con mineroducto. (Ver página 12)
Los principales aspectos de discusión tienen que ver principalmente con la conveniencia económica del proyecto, y el peligro medioambiental que implica.
El diputado Luis Lacalle Pou se ha mantenido en la negativa a la inversión argumentando que no quiere el proyecto así como está, y denunciando que los dos gobiernos del FA manejaron la inversión india con “secretismo”.
"Entre el gobierno de Vázquez y el de Mujica se actuó en secreto, ocultando a la población lo que sucedería con Aratirí. Tal vez por la soberbia de las mayorías que creen que pueden hacer todo sin que nadie les diga nada", subrayó.
Por su parte el Dr. Rodrigo Goñi, Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), afirmó que "al gobierno no le gusta la transparencia", y que “el tema de Aratirí se ha manejado en medio de la oscuridad”.
Ambos participaron de la presentación de la Agrupación Sinergia, que lidera Santiago Ferrer e integra Alianza Nacional, en la cuál también expusieron sobre Aratirí los diputados Mario Silvera y José Carlos Cardoso.
El diputado Silvera, del departamento de Treinta y Tres, advirtió sobre los riesgos de la mega inversión.
Manifestó que la minera causará daños medioambientales y sociales; y pondrá en riesgo la salud humana. Como ejemplo de los daños sociales, que a su entender ya comenzaron a incidir, señaló que en la zona "la gente que está a favor o en contra ya no se dirige la palabra. Se perdió el ambiente de comarca".
Con relación a la generación de empleo, el diputado relativizó las cifras y señaló que se perderá la matriz productiva de la zona.
El diputado José Carlos Cardoso manifestó que se enteró del proyecto hace dos años, pero aclaró que hace cinco que lo está manejando el oficialismo. “La empresa no aportó suficiente información sobre las características del negocio”, expresó.
Luego se refirió se refirió al aspecto económico del emprendimiento minero e insistió en volver a discutir la propiedad de determinados recursos naturales; entre ellos el hierro.
"La empresa dijo que invertirá US$ 2.800 millones para la extracción del recurso; algo parecido a lo que sucedió en África durante 500 años”, afirmó Cardoso. “El 91% de las ganancias serán para Aratirí, el 5% para el Estado y el 4% para los dueños de los campos. ¿No deberíamos comenzar a pensar en nacionalizar el recurso?", se preguntó.
El legislador también denunció la contratación de ex funcionarios del gobierno de Tabaré Vázquez y señaló que la empresa “firmó la mayor parte de los documentos en el período anterior”.
Interpelación. ¿Infructuosa?
El foro de la Agrupación Sinergia se realizó el 22 de julio; ocho días después de la interpelación a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, de Vivienda, Graciela Muslera y de Turismo, Héctor Lescano. Sin embargo, las opiniones de los nacionalistas continuaban invariables; porque la instancia parlamentaria no dejó los resultados esperados. El gobierno no brindó información a los legisladores.
El miembro interpelante, diputado Gerardo Amarilla*, explicó a La Democracia que quedaron desconformes con las respuestas porque los ministros no le dieron al Poder Legislativo datos e informes sobre algunos temas que a su entender son fundamentales en este proceso.
“El Poder Ejecutivo o no los tiene, o no los quiere dar”, señaló.
Amarilla dijo además, que si bien no quedó conforme con las respuestas, fue una instancia parlamentaria importante, porque el tema se discutió en un ámbito formal dentro del Estado.
Afirmó que allí “se volcaron diferentes visiones sobre este emprendimiento”, y quedaron planteadas una serie de interrogantes, de las cuáles espera que “el Estado pueda, antes de tomar una resolución, darle la información al Parlamento y a la sociedad”.
Durante la interpelación, el diputado Amarilla expresó que el Poder Ejecutivo ya está tan comprometido, que podría formar una sociedad con Aratirí. También puso en duda las “garantías morales” de los eventuales socios del gobierno en el proyecto minero.
El legislador consultó a la Ministra Graciela Muslera (MPP) si Aratirí ya pidió autorización para cambiar los cursos de agua, rutas y caminos y hasta para trasladar pueblos cercanos. Y señaló que le consta que ya hay impacto ambiental con la actividad actual de Aratirí en Valentines (en el límite entre Florida, Treinta y Tres y Cerro Largo).
“El trabajo de la minera supondrá la detonación de 234 toneladas de explosivos por día”, dijo Amarilla. Y preocupado por los daños pulmonares que esto podría ocasionar, pidió crear el delito ecológico en el Código Penal.
La ministra pareció restar importancia al impacto ambiental que podría producirse y tampoco mostró preocupación por los eventuales incumplimientos de compromisos internacionales.
En lugar de responder explicó las competencias de su ministerio y enumeró las leyes ambientales que aplica.
Al ministro Héctor Lescano (Alianza Progresista) el diputado le preguntó si ya se había medido el impacto turístico del proyecto minero, sobre todo en la costa de Rocha, donde se ubicará el puerto.
El ministro, no dio respuesta a esa consulta, pero sí se expresó sobre la acusación de Amarilla en cuanto al compromiso adquirido por el gobierno.
“No hay ninguna asociación de ninguna naturaleza, ni ningún grado de compromiso con la empresa, ninguno", dijo.
El ministro Kreimerman comenzó su alocución refiriéndose al desarrollo económico de los países emergentes y a la mayor demanda de productos que esto provoca. Luego hablé sobre los productos mineros en términos de oferta y demanda, pero no respondió en ningún momento exactamente lo que le preguntaron.
Un aspecto no menor, según afirmó el diputado Gerardo Amarilla durante la triple interpelación, es lo relacionado con la solvencia y antecedentes de la empresa Aratirí. Sus directores, sus socios y otras compañías vinculadas.
Para referirse a estos temas, se basó en informes, y en particular en uno proporcionado por el Estudio Merino y Asociados, que le permitió acceder a informaciones calificadas sobre los propietarios y socios de este emprendimiento.
De dicho informe surgió que Zamin Ferrous tiene domicilio en Londres y que su presidente, Pramod Agarwal, también es presidente de la compañía Texuna Interational Limited, con igual domicilio.
Además de Aratirí aquí en Uruguay, Zamin tenía tres emprendimientos. Era propietario de Bahía Mineracao (BAMIN) y de Greystone en Urandi, ambos en Brasil. El emprendimiento de BAMIN, era controlado en su totalidad por Zamin Ferrous a fines de 2006, pero en mayo de 2008 se vende el 50 % a Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).
Finalmente en setiembre de 2010, luego de aprobado el estudio de factibilidad bancario, Zamín vende todo el proyecto a la misma empresa (ENRC), junto con una opción de compra por el otro emprendimiento en Brasil, Greystone. “También hemos tenido conocimiento que los titulares de la empresa ENRC, han enfrentado cuestionamientos graves en la justicia de Bélgica así como en Suiza, siendo vinculados a denuncias de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. De ello hay información pública en el periódico belga Le Soir además de Wikileaks.
¿Tenemos garantías de la solvencia financiera y moral de quienes podrán asociarse a este proyecto? ¿Podemos tener garantías de quienes serán los titulares en todas las etapas del proceso?”, cuestionó Gerardo Amarilla.
Además de preguntar por qué compromiso tiene el Estado con Aratirí, el legislador quiso saber qué se ha negociado con la empresa y cuándo se va a poder conocer el contenido del o de los documentos donde surgen las pautas de negociación con la empresa.
En relación al Documento de Transición y Mensaje del Presidente del 1°/3, consultó quién lo ha hecho y con quiénes.
“¿En qué momento se han comenzado las negociaciones?”, preguntó.
Amarilla afirmó que “no son detalles menos importantes para despejar dudas respecto a varios funcionarios que hoy revistan en la empresa, pero cuando ésta comenzó sus operaciones en el país estaban en varios cargos de confianza de la administración del Dr. Tabaré Vazquez. El principal responsable, Ing. Fernando Puntigliano era Presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el Ing. Sotuyo era Director de la ANP, el Ing. Cyro Croce era técnico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). El Ing. Agron. Álvaro Álvarez era Director de Desarrollo de la Intendencia de Treinta y Tres, persona de confianza del Intendente Amaral”.
Distintas miradas nacionalistas
En el Partido Nacional se ha analizado el tema desde distintas perspectivas. Por ese motivo en la sesión de Directorio del lunes se resolvió crear una comisión para estudiar las distintas alternativas planteadas en torno a la instalación de la Minera Aratirí.
Estará conformada por integrantes del directorio, técnicos vinculados al Partido, legisladores e intendentes nacionalistas y al final de su análisis, deberá establecer una posición única para todo el Partido Nacional.
En la sesión de Directorio del lunes, el diputado José Carlos Cardoso planteó su propuesta para nacionalizar la extracción de hierro.
La iniciativa que fue presentada al presidente José Mujica la semana pasada, obtuvo la visión favorable del mandatario, quien pidió al Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, realizar una ronda de contactos políticos para disertar sobre la propuesta del diputado.
El Presidente, que mantuvo la mencionada reunión con los diputados Cardoso y Ricardo Berois, no descartaba la posibilidad de compartir, en régimen de "fifty-fifty", las ganancias con la empresa Aratirí una vez que se finalice el negocio.
Para Cardoso, la extracción de hierro "supone la venta directa de un cerro", ya que no hay industrialización del hierro. Por lo que "si vamos a vender parte del territorio tenemos que ser dueños del mismo" y obtener una relación de ganancia "mucho mejor que la 90 a 8 de ahora".
Según Cardoso, "se necesita una ley que lleve al hierro a la categoría del petróleo. Entonces la empresa cobra por sacarlo y se le paga una parte del hierro por eso, que es una muy buena renta. Pero el Estado debe quedarse con mucho más de lo que se prevé ahora", señaló.
La propuesta de Cardoso también cuenta con el apoyo de parte del FA.
Por otra parte, el Dr. Juan Andrés Ramírez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la República, y uno de los redactores del Código de Minería dijo a Radio Sarandí que por ley vigente la empresa Aratirí no puede obtener más de 1000 hectáreas para su explotación.
Ramírez destacó que no es necesario discutir la estatización del hierro o la ganancia fifty fifty como planteó el presidente Mujica porque el Estado cuenta con la herramienta de la llamada reserva minera que le permite hacerse con la propiedad de todos los minerales del subsuelo y establecer condiciones de explotación más convenientes en términos económicos y ambientales.
Ramírez agregó que es inadmisible que la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE), le autorizó a Aratirí una extensión de esa explotación que supera largamente lo que establece la ley vigente.
En declaraciones a radio Carve, Ramírez explicó por qué al Estado no le conviene ni estatizar, ni llamar a licitación para la explotación del mineral. La razón sería que debería pagarle una importante suma de dinero por daños y perjuicios a Aratirí, que fue el descubridor del yacimiento, si la misma no es la empresa que ejecute el proyecto. El Estado estuvo omiso, según Ramírez, al no hacer uso de la “reserva de la explotación”, con lo cual ahora tiene un “costo importante” no trabajar con Aratirí. Hasta licitar la explotación estaría vedado económicamente debido a este hecho. De haber utilizado ese “derecho”, el Estado hubiera podido hacer una licitación internacional para la explotación en la cual solamente debería dar una “ventaja” a Aratirí por ser el descubridor original del yacimiento en cuestión.
Luis Lacalle Pou y Luis Alberto Heber se manifestaron en contra de la explotación; ambos por razones ambientales.
“Yo estoy en contra de la megaexplotación minera, no contra Aratirí. Creo que hay que cuidar el medioambiente y el capital turístico que deja. Pero, ante los hechos consumados, la propuesta de Cardoso me parece la mejor”, dijo el senador Heber a El Observador.
Sin embargo, el también diputado Gerardo Amarilla, quien efectuó la triple interpelación por la instalación de Aratirí, manifestó sus diferencias con la postura de Cardoso.
El diputado Amarilla dijo a La Democracia que la propuesta del diputado Cardoso es interesante, pero que hay una discusión previa.
“Yo creo que nos estamos adelantando a una discusión sin haber resuelto primero algunos aspectos fundamentales de un impacto ambiental y del impacto territorial que tiene la explotación de estos yacimientos.
Es como cuando Mujica habla de cómo va a gastar el dinero del canon. Es una discusión posterior. Cómo gastamos el dinero o cómo hacemos la explotación es bueno planteárselo, pero primero hay que solucionar el impacto ambiental que esto va a generar. Y la compatibilidad de esta explotación con el Uruguay Natural y con el Uruguay productivo, porque evidentemente que va a expulsar a otro tipo de producciones que están trabajando en la zona”.
Amarilla explicó que la necesidad de que se resuelva primero lo ambiental está dada porque “el Estado uruguayo ha sido un gran contaminador. El último accidente ambiental que hubo en el país hace pocas semanas lo hizo ANCAP cuando se le rompió una de las tuberías de la estación de bombeo de José Ignacio a Montevideo”.
El legislador insistió en que no resolvemos el problema pasándolo al nivel estatal.
Yo creo que la discusión del impacto ambiental, y el impacto estratégico territorial de este emprendimiento, independientemente de si lo explota el Estado o lo explota a través de una sociedad anónima, un ente autónomo o un tercero, el problema es, si se explota. Entonces es una discusión previa que nos estamos salteando. Si estamos de acuerdo que hay que explotarlo, ahí podemos ver cómo. Hay que ver si es compatible con el Uruguay Natural esta explotación”, subrayó.
* Representante del departamento de Rivera electo en 2010 y docente universitario. Master en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía y Abogado por la Universidad de la República
fuente: http://www.lademocracia.info/N97/IE_informe97.html
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