sábado, 16 de julio de 2011

Triple interpelación.


Estos fueron los principales puntos que se plantearon en la interpelación a los ministros del Poder Ejecutivo por el proyecto de Megaminería denominado “Aratirí”. Lamentamos que durante la maratónica interpelación, no recibimos información satisfactoria. Confirmamos nuestra sospecha sobre la falta de transparencia en el proceso que lleva años avanzando. Confirmamos la falta de conducción de un Gobierno que no ha sabido evitar los impactos ambientales y sociales que ya produce ese proyecto en nuestro país.
Reclamamos una política ambiental seria, transparente, de todo el Estado y que inluya a la sociedad.

• Esta convocatoria a sala de los señores ministros de las carteras de Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Turismo y Deporte, la realizamos de acuerdo a lo establecido Articulo 119 de la Constitución, en el rol de fiscalización y de inspección que debe tener el parlamento, como el debido equilibrio de poderes de una República que derivan en mayores garantías para la defensa de los derechos del ciudadano.
• Particularmente y como lo establecía concretamente el texto de la moción aprobada en Sala, estamos frente a un Mega emprendimiento minero considerado no solamente en función de la escala nacional sino a nivel global.
• Frente a los grandes impactos que este emprendimiento podría generar en otras áreas de la producción, en el medio ambiente, en el turismo y en el ordenamiento territorial, consideramos que resulta trascendental que el proceso de decisión tenga la más absoluta transparencia, que el Parlamento Nacional y la sociedad puedan acceder a toda la información, tener injerencia en el proceso de decisión y como país, podamos mantener y defender el emblema de “Uruguay Natural”.
• Necesariamente debemos realizar algunas precisiones previas sobre lo que entendemos deben ser las Políticas Públicas y en particular las Políticas Públicas Ambientales sobre todo a partir de la inclusión del nuevo artículo 47 de la Constitución de la República. Hay una nueva concepción del Estado Social de Derecho que entendemos, a partir de esa norma, y de las leyes que la reglamentan, deviene en un Estado Ambiental de Derecho, con un nuevo enfoque del desarrollo que ahora sólo se concibe como Desarrollo Sustentable. La definición de ese Desarrollo Sustentable que se recoge desde las convenciones internacionales y que se incluye en el propio artículo 47 y en la ley 17.283, art. 1° como “ aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras, de satisfacer sus propias necesidades.” Un concepto de solidaridad inter generacional, de preservación y de protección de recursos pensando en nuestros hijos y nuestros nietos.
• Ese compromiso también lo asumimos como Nación, que interactúa en un contexto internacional, y que ha estado presente en todas las instancias a nivel global donde se han definido rumbos en materia ambiental y de desarrollo sustentable, suscribiendo los mismos y asumiendo compromisos en la materia. (Principio 3 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 1992)
• También consideramos de vital importancia el manejo de la Información ambiental. Es un principio de nuestra política ambiental, recogida en el art. 6° lit. F de la ley 17.283 donde se establece que “la gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier interesado”.
• Tenemos que realizar una importante puntualización en cuanto a que las Políticas Públicas Ambientales deben tener el aval de todo el Estado y fundamentalmente de toda la sociedad. No fue casualidad que la creación del MVOTMA, la ley de Impacto Ambiental, la ley General de Protección Ambiental y la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fueron herramientas que contaron con el respaldo unánime o casi unánime de todas las fuerzas políticas representadas en este parlamento. Ese camino de Políticas Ambientales de Estado, que se transitó sabiamente durante mucho tiempo, debe retomarse en forma urgente por parte del PE a raíz de la importancia de lo que está en juego.
• Ya desde muy temprano y a partir de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, en 1972, se comenzó a considerar la importancia del componente ambiental para la definición del resto de las políticas públicas a nivel mundial. En el primer Plan quinquenal de lo que hoy se denomina Unión Europea ya se supeditaban al resto de las políticas, a los componentes medioambientales. En el artículo 6 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se establecía concretamente que “las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. ( actual artículo 130 R “los requisitos de protección ambiental deben ser valorados integralmente en la definición y ejecución de las demás políticas comunitarias”).
• Advertimos que estos proyectos que hoy nos convocan han ido avanzando al amparo sectorial del viejo derecho minero y por eso creemos que debemos visualizarlos integralmente. Necesitamos un estudio más general que abarque más allá de un proyecto concreto. Queremos analizar en un Estudio Ambiental Estratégico este proyecto y su relación con otros ya existentes y con los que puedan venir. Una visión integral y estratégica de toda la actividad minera en nuestro territorio y su relación con el resto actividades productivas e industriales.
• Frente a los recursos naturales que tiene el país y particularmente a los mineros, reclamamos la decisión soberana del Estado Uruguayo de definir nuestra propia estrategia como Nación. Debe ser nuestra sociedad a través de sus autoridades legitimas la que debe adoptar las decisiones en la materia: Autorizando y en su caso controlando y/o nacionalizando los recursos. Decidir en definitiva si explota o no estos recursos y como lo hace.
• Lo que no podemos, de ninguna manera, es asistir pasivamente a la Política de los Hechos Consumados de grandes intereses extranjeros.


MIEM

• Nos hemos enterado de algunos aspectos del proyecto denominado Aratirí, fundamentalmente por parte de la empresa, por la prensa y por diversos reportajes a funcionarios de la misma. Hemos tenido acceso a la Comunicación del Proyecto denominado Minera Aratirí, Proyecto Valentines. Extracción y benficiamiento de mineral de hierro, mineroducto y terminal portuaria, presentado en el mes de Marzo de 2011 en un documento de 60 páginas, con muchas generalidades y aspectos vagos.
• Pero ante las declaraciones concretas de la empresa que ya hace 5 años está trabajando en este proyecto: ¿El señor Ministro cuya cartera tiene especial intervención como parte del PE en la fijación de la política minera (art. 4 del decreto 110/82), tiene conocimiento cabal de todo el proyecto denominado Aratirí?, ¿conoce en detalle todos los aspectos del mismo?, ¿desde cuándo el MIEM tiene era información?
• ¿ Hay denuncias de otros minerales?, ¿ hay pedidos de esta misma empresa exclusivos de prospección y exploración de oro?, ¿Qué plazos y que extensiones tiene la globalidad del proyecto?
• Algunas dudas que tenemos respecto a los compromisos que puede asumir el país en relación a este proyecto mediante un documento denominado: Contrato de Inversión. Sabemos que existen en el mundo tres posturas referentes a este tipo de contratos de acuerdo con los datos que nos proporciona la UNCTAD (Secretaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD). Aquellos Estados que desean mantener una total libertad de acción en relación con los contratos de Estado y evitar disposiciones de protección a la inversión internacional; aquellos que desean realizar una protección extensiva a la inversión extranjera pero manteniendo ciertas facultades discrecionales en materia de reglamentación y aquellos que por el contario desean asegurar a la inversión extranjera de la forma más amplia posible, con definición ilimitada de la inversión, solución incondicional de controversias y compromisos de estabilización. Se supone que cuando más serio y estable es el país, menos se requieren estos instrumentos de garantía para el inversor extranjero.
¿Existen dudas sobre la estabilidad o seriedad del país para requerir un Contrato de Inversión Extranjera para este proyecto?
• Dijo el gerente de la empresa, Ing. Santiago Sotuyo, “la empresa está decidida a seguir adelante, solo falta el si definitivo de la banca, que se da por descontado, y el del gobierno”. Frente a esto y a decenas de declaraciones similares de funcionarios de la empresa, creo que todos los uruguayos, tenemos el derecho de saber hasta qué punto el Gobierno, a través de sus autoridades, ha asumido compromisos en nombre del País. Por ejemplo en el tema energético: la empresa, en el documento que presenta ante DINAMA, dice: “El consumo de energía para la operación de todo el proyecto será aproximadamente de 200 MW, potencia que será suministrada por UTE. Nuevas líneas de trasmisión serán construidas para dotar de energía a las instalaciones del distrito minero y de la terminal. La Construcción y operación de estas líneas serán parte de un proyecto independiente realizado por UTE” (página 15, Comunicación del Proyecto ante DINAMA ). O por ejemplo en lo que refiere a la Terminal Portuaria, en la pagina 10 del mismo documento, la empresa da por descontado que: “el tercer componente (terminal portuaria) se emplazará en la localidad de La Angostura, departamento de Rocha, afectando un único padrón, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y consentido por el Gobierno Nacional para su uso como terminal portuaria de dedicación exclusiva a la exportación de concentrado de hierro, el cual será intervenido en 250 hs”. Esto no sólo queda librado a las expresiones desde la empresa ya que en varios documentos y manifestaciones en la prensa, jerarcas del Estado hablan de la instalación como un hecho consumado y además desable. Frente a ello le preguntamos al señor Ministro: ¿Qué compromisos ya se han asumido por parte del Estado?, ¿ Qué se ha negociado con la empresa?, ¿cuándo vamos a poder conocer el contenido del o de los documentos donde surgen las pautas de negociación con la empresa?. Documento de Transición y Mensaje del Presidente del 1°/3. ¿quién lo ha hecho y con quienes?, ¿en qué momento se han comenzado las negociaciones? No son detalles menos importantes para despejar dudas respecto a varios funcionarios que hoy revistan en la empresa pero cuando ésta comenzó sus operaciones en el país estaban en varios cargos de confianza de la administración del Dr. Tabaré Vazquez. El principal responsable, Ing. Fernando Puntigliano era presidente del Puerto, el Ing. Sotuyo era director de la ANP, el Ing. Cyro Croce era técnico de Dinama, el Ing. Agron. Alvaro Alvarez era Director de Desarrollo de la Intendencia de Treinta y Tres, persona de confianza del Intendente Amaral.
• No escapa a nadie que en el medio de la aparición pública de este emprendimiento, casualmente, se presenta un proyecto modificando el Código de Minería, planteado conjuntamente con el Presupuesto Nacional en el mensaje del Poder Ejecutivo. Y ya tenemos antecedentes recientes, particularmente la experiencia de la LOT, n° 18.308 aprobada en junio de 2008 y que pocos meses después modificada por ley 18.367 para responder a intereses privados en ciertos departamentos costeros. Frente a esto preguntamos ¿Vamos a modificar los marcos normativos vigentes para ajustarlos de acuerdo a determinados intereses privados? , ¿Responde esta modificación del Código de Minería a exigencias realizadas por esta empresa?
• Esta actividad supone tensiones y conflictos con otras áreas de la producción nacional. Es clara la dificultad generada con cientos de productores ganaderos y no sabemos todavía los conflictos que se podrán generar con arroceros y forestales. Frente a ello, resulta importante conocer el grado de coordinación con el MGAP, conductor de las políticas en otra área productiva que se ve directamente afectada por la minería. ¿Qué tipo de coordinaciones se han realizado con el MGAP respecto de este proyecto y las afectaciones a las áreas de producción bajo su órbita?, ¿se han mantenido además reuniones o actividades con los sectores afectados de la producción?
• En directa relación con este último punto está vinculado el tema laboral, las oportunidades que se generan y las que se ponen en riesgo. La empresa habla que en la operación del proyecto se emplearán unas 1500 personas en forma directa y unas 15000 indirectas (Pag. 15 de la Comunicación del Proyecto de la empresa a Dinama). Sabemos, por abundante bibliografía y por lo que los coeficientes a nivel internacional nos informan, que pueden alcanzarse como máximo, a 2.5 y trabajador indirecto por cada trabajador directo. Esto serían unos 3.750 puestos más. Tenemos información que en el total del área afectada, hay inscriptas en el BPS unas 2.300 empresas que podrían comprender entre 4.000 y 6.000 afiliados activos en forma directa. A esto habría que sumarle los empleos generados por la actividad turística. La pregunta es ¿sabe el Estado uruguayo cuantos empleos exactamente va a generar esta empresa, en forma directa y en que áreas? ¿Sabe cuántos empleos se verán afectados o directamente eliminados de otras actividades productivas desplazadas por la minería?
• Tenemos conocimiento de que la empresa ya realizó presentaciones en República AFAP y se hacía referencia, por parte del gerente de la empresa, que se estaba aguardando el sí definitivo de la Banca. ¿Se piensan invertir fondos de Republica AFAP, es decir de miles de trabajadores uruguayos, en este emprendimiento?, ¿se tiene conocimiento si hay gestiones en la Banca oficial para conseguir fondos del propio Estado para financiar el proyecto?
• Por otra parte, se informó públicamente sobre una multa que DINAMIGE habría aplicado a la empresa ARATIRI que ascendería a unos US$ 70.000. Ello, y por expresiones del propio director de Dinamige, en función de que la empresa “perforó sin esperar nuestros permisos”. La pregunta es ¿se multó realmente a la empresa Aratirí? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el monto de la multa? ¿ según la normativa no corresponderían otras sanciones a la empresa? ¿la empresa pagó la misma o ha recurrido? ¿si así fuera cual es el estado del recurso?.
• Otro aspecto no menor, reitero, no menor es lo relacionado con la solvencia y antecedentes de la empresa, sus directores, sus socios y otras compañías vinculadas. Es importante despejar dudas, sobre todo pensando que el Estado Uruguayo ya se ha comprometido con una empresa extranjera, que hasta podrá tener, sino tiene ya, alguna sociedad con la misma. Hemos tenido acceso a informes, concretamente uno proporcionado por el Estudio Merino y Asociados, que nos proporciona una serie de información calificada sobre los propietarios y socios de este emprendimiento. De allí conocimos que Zamin Ferrous tiene domicilio en Londres, que su presidente también es presidente de la compañía Texuna Interational Limited, con igual domicilio. También nos informaron que Zamin tenía tres emprendimientos, además de Aratirí aquí en Uruguay. Poseía a Bahía Mineracao (BAMIN) y a Greystone en Urandi, ambos en Brasil. El emprendimiento de BAMIN, es controlado en su totalidad por Zamin Ferrous a fines de 2006 y en mayo de 2008 vende el 50 % a Eurasian Natural Resources Corporation. Finalmente en setiembre de 2010, luego de aprobado el estudio de factibilidad bancario, Zamín vende todo el proyecto a la misma empresa ( ENRC), junto con una opción de compra por el otro emprendimiento en Brasil, Greystone. También hemos tenido conocimiento que los titulares de la empresa ENRC, han enfrentado cuestionamientos graves en la justicia de Bélgica así como en Suiza, siendo vinculados a denuncias de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. De ello hay información pública en el periódico belga Le Soir además de Wikileaks.
• En relación al emprendimiento Aratirí, el gerente de la empresa, Ing. Puntigliano señaló en un programa radial, difundido el 12 de abril de 2010, que la empresa pretende mantener la mayoría accionaria en toda la cadena productiva. En el mes de junio, un periódico local anunciaba que el mismo funcionario informaba que Aratirí ya negocia la venta del 49 % de su proyecto minero con varios inversores. Preguntamos al señor Ministro ¿tiene Usted información calificada respecto de con quién está negociando o asociándose en este proyecto? , ¿el Estado Uruguayo se ha informado debidamente de quienes son los inversores y cuál es su trayectoria internacional?, ¿tenemos garantías de la solvencia financiera y moral de quienes podrán asociarse a este proyecto? ¿podemos tener garantías de quienes serán los titulares en todas las etapas del proceso?.
• En lo que se refiere a la terminal portuaria, ya mencionábamos lo que la empresa afirma respecto a que sobre “el tercer componente (terminal portuaria) se emplazará en la localidad de La Angostura, departamento de Rocha, afectando un único padrón, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y consentido por el Gobierno Nacional para su uso como terminal portuaria de dedicación exclusiva a la exportación de concentrado de hierro, el cual será intervenido en 250hs”. Le preguntamos al señor Ministro, ¿ya se procedió a ceder un predio público para la terminal portuaria en la costa de Rocha?, ¿Qué padrón se ha cedido y de que extensión?, ¿a qué título de realizó la cesión a un privado, mediante que procedimiento, por qué plazo y en qué condiciones?, ¿será un recito franco o la zona franca se extenderá a otras áreas del proyecto?

MVOTMA

• En oportunidad de la concurrencia de la señora Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integradas por la discusión del Presupuesto Nacional, le hicimos una consulta con respecto a las tensiones territoriales que podía generar un proyecto como este en esa zona del país y la necesidad de ir realizando estudios sobre los impactos territoriales. De acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, numero 18.308, ¿hay instrumentos de Ordenamiento Territorial con sustentabilidad ambiental para este proyecto o estaremos eximiéndoles a los inversores de esa obligación legal?, ¿Qué instrumentos de Ordenamiento Territorial como evaluación ambiental estratégica se han establecido para garantizar la sostenibilidad de este proyecto y su vinculación con otros del mismo sector?, ¿ se piensa trabajar en la realización de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial para la actividad minera? ¿ se han firmado convenios con los gobiernos departamentales con relación a este proyecto?.
• Con relación a esto mismo, y sin ingresar en los conflictos que se están generando con otras actividades por la ocupación de espacios y los que se puedan generar en el futuro, Preguntamos ¿ se está previendo, en caso de que el proyecto prospere, como se va a realizar la inversión para dotar a esa zonas de nuevos centros de educación, infraestructura de salud, servicios de seguridad pública, viviendas, demás infraestructuras y servicios, etc.?
• Leyendo la Comunicación del Proyecto de Minera Aratiri, presentado en la Dinama en Marzo de 2011, pag.18, se establece que “la operación de las minas requerirá la desviación temporal o permanente de algunos tramos de los arroyos Valentines y Las Palmas, de algunos caminos departamentales así como de los tramos de la ruta n° 7 adyacentes al distrito minero”, les puedo asegurar además que recorriendo la zona puede apreciar directamente el cerro Mulero, un lugar donde seguramente se realizarán explosiones y se extraerá mineral de hierro, está apenas a unos 200 mts. del centro poblado de Valentines. IMAGEN 1. ¿ya fueron presentadas las solicitudes para desviar cursos de agua, algunos en forma definitiva?, ¿ya fueron presentadas las solicitudes para desviar caminos y rutas nacionales?, ¿se han presentado solicitudes para trasladar centros poblados o parte de ellos?, ¿se considera el componente social en un Estudio de Impacto Ambiental?.
• La Ley de Impacto Ambiental, n° 16.466, establece en su art. 6 E) que quedan sometidas a la realización previa de Estudios de Impacto Ambiental la extracción de minerales y combustibles fósiles. Además el art. 17 agrega que el Poder Ejecutivo puede declarar objeto de estudio de Impacto Ambiental de otras obras o actividades que produzcan alteraciones al medio ambiente con la finalidad de aplicar en ellas las medidas paliativas. El decreto 349/2005, art. 2 nal 13, establece que requerirán la Autorización Ambiental Previa “la extracción de minerales a cualquier título, cuando implique la apertura de minas (a cielo abierto, subterráneas o subacuáticas), la realización de nuevas perforaciones....etc” y el párrafo final agrega además la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, actuando con el MVOTMA y el ministerio del área respectiva, puedan incorporar obras o actividades.
• Entendemos que perfectamente se podría haber pedido el Estudio de Impacto Ambiental en forma previa a las tareas de prospección y exploración en base a la legislación ya vigente y como parte de las tareas preparatorias para la extracción, pero si había dudas, se podría haber recurrido a la potestad que tiene el PE para agregar actividades como ésta en virtud de su magnitud. Supongo que la señora Ministra en su visita por la zona ya pudo apreciar el impacto que han tenido los más de 1200 pozos realizados por la empresa en toda la zona. Seguramente ya apreció el impacto superficial, a simple vista, de las plateas necesarias para equilibrar los equipos que realizan las perforaciones, retirando varios metros cuadrados de tapiz natural en cada pozo.IMAGEN 2 Seguramente le habrán informado a la señora Ministra el riesgo ambiental para las aguas subterráneas de la apertura de estos más 1200 pozos. Seguramente ya estará informada de las explosiones que ya realiza la empresa en la zona. Seguramente ya está informada o a lo mejor Ud. misma ha podido ver las aguas residuales que hoy vierte el laboratorio de la empresa en el centro del pueblo de Valentines.IMAGEN 3 No estamos hablando de eventuales daños ambientales, estamos hablando de impactos ambientales que se están causando hoy en la zona del emprendimiento por las actividades de prospección y exploración. ¿ qué inspecciones ha realizado la DINAMA en los lugares donde está trabajando la empresa? ¿Qué inspecciones ha realizado y que controles de las perforaciones ha realizado?, ¿se han inspeccionado y controlado las afectaciones al suelo y al agua subterránea?, ¿ se han realizado controles o inspecciones de las explosiones que ha realizado la empresa?, ¿Qué inspecciones o controles al laboratorio de la empresa, a su funcionamiento, a las aguas residuales que vuelca a la vía pública se han efectuado? ¿con qué frecuencia se han realizado estas inspecciones?
• Estas actividades, medidas de acuerdo a su magnitud, a su dimensión imponente en relación a nuestro territorio debe necesariamente llamarnos la atención en relación a los riesgos que significan y a la necesidad de prever capacidades y planes de contingencia. Tenemos una extensa lista de accidentes en este tipo de emprendimientos en varias partes de la región y el mundo, derrames de piletas de relaves con graves impactos en el medio ambiente, en otras producciones, en flora, fauna. Impactos en salud humana provocada por polvos con residuos tóxicos, de contaminación de aguas, daños ambientales irreversibles. Impactos derivados del uso de explosivos con residuos que van a la atmosfera, a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas, vegetales, animales y al propio ser humano. Por ejemplo, la empresa habla de la utilización de 43.000 toneladas al años de explosivos, que se componen en un 90% con Nitrato de Amonio. Esto al explotar genera Dioxido de Nitrógeno. Por cada kilogramo de Nitrato de Amonio se puede llegar a generar 1,15 kg. De Dioxido de Nitrógeno ( NO2). Por 43.000 toneladas de explosivos que se piensan utilizar al año, estaríamos generando unas 44.500 toneladas de Dioxido de Nitrógeno. Esto genera por un lado ácido nítrico, que deriva en lluvia ácida, y por otro lado puede liberar un átomo de oxigeno altamente reactivo que da lugar a la formación del ozono, con influencias muy negativas en la salud humana generando serios problemas pulmonares. Frente a estos desafíos, a estos serios riesgos e impactos ambientales ¿Está en condiciones la Dinama de evaluar y controlar el desarrollo de un proyecto con estas características?, ¿ya ha realizado estudios y está capacitando funcionarios en virtud de este emprendimiento? ¿ tiene pensado reforzar los cuadros funcionales de Dinama y Dinot en virtud de estas exigencias?.
• Nos preocupa sobremanera lo que la empresa denomina como componente Mineroducto, compuesto por un mineroducto propiamente dicho, un acueducto de retorno y estaciones de bombeo, (no sabemos cuántas, donde estarán y como funcionarán). La preocupación es justamente el trazado propuesto y aparentemente ya definido por la empresa del mismo. Es un tajo que atraviesa una zona muy sensible y de gran fragilidad, con eco sistemas que tienen un valor relevante. Tan relevante que han sido objeto de protección jurídica por su bio diversidad. IMAGEN 4
• Nuestro país ha asumido compromisos internacionales en relación a la Convención de Ramsar de 1971 “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional”, ratificada por nuestro país por el dec. ley 15.377 y desde el momento de su adhesión, el Uruguay incluyó a la región comprendida por los Bañados del Este y Franja Costera.IMAGEN 5
• También coincide ésta zona de influencia del proyecto de explotación minera con la Reserva de la Biosfera “Bañados del Este” aprobado para Uruguay por la Unesco en 1976. IMAGEN 6. Más recientemente tenemos normas de carácter nacional que le dan especial protección ambiental a lugares específicos dentro de esta zona que sería muy extenso enumerar pero que la señora Ministra conoce en detalle la importancia en relación a la biodiversidad, la fragilidad especial del área y las necesidades de una firme protección jurídica que resguarde ese patrimonio de afectaciones o riesgos. ¿el MVOTMA piensa garantizar la protección ambiental de esta zona en cumplimento de la legislación nacional vigente y los compromisos internacionales de Ramsar y Unesco?; ¿considera compatible a priori la realización de ese tajo y la colocación del mineroducto y la construcción y operación de gran cantidad de estaciones de bombeo en esa zona de tanta fragilidad?, ¿Cómo piensa instrumentar las solicitudes de obras en esa zona frente a los organismos internacionales o se piensa denunciar las convenciones retirando al País y a sus compromisos? ¿considera la exigencia de un seguro o garantías para afrontar la reparación ante eventuales daños ambientales?
• Casi que esas mismas preguntas pueden también comprender a todo lo relacionado al Puerto o terminal portuaria. También estamos hablando de una zona extremadamente frágil, con altísimo valor desde el punto de vista de la biodiversidad pero también con un gran valor y potencial desde el punto de vista turístico. para evitar la dispersión de polvo de concentrado durante el embarque y la deposición en los fondos marinos. Reiterando las mismas preguntas que ya realizamos en relación al Mineroducto podemos agregar ¿la Dinama ya está trabajando en los bioindicadores en el bentos o sedimentos marinos para fiscalizar el desempeño ambiental de una eventual operación? , ¿existen estudios de vida acuática, biomasa, abundancia de especies, etc? ¿se considera el impacto ambiental aislado de esta terminal o se analizará este proyecto en relación a los demás anuncios de puertos de aguas profundas, terminales logísticas, etc?
• Por último, señora Ministro, reiterando y subrayando la importancia de abordar estos temas ambientales y del desarrollo sustentable con una visión de todo el Estado y conjuntamente con la Sociedad, preguntamos
• ¿El Poder Ejecutivo está dispuestos a abandonar las políticas ambientales como políticas de Estado?
• Delito ecológico, responsabilidad objetiva y Directrices Nacionales de OT.


MTUR.

• Si bien hemos solicitado la presencia en Sala del señor Ministro de Turismo, tal vez sea lo más atípico de éste llamado, ya que lo convocamos para manifestarle nuestro especial apoyo a su cartera, a su gestión y a la visión que ha trasmitido de la importancia de la actividad turística.
• En relación a la importancia que creo que tiene el sello de “Uruguay Natural”, le consultamos al señor Ministro si ¿Ha sido invitado a participar en este proceso de negociación en relación a este proyecto minero?, ¿ha sido invitado a conformar de grupos de trabajo o comisiones? ¿se lo ha consultado en forma escrita sobre su opinión en relación al proyecto o los impactos turísticos del mismo? ¿tiene conocimiento si han existido coordinaciones o contactos con la Cámara de Turismo u otras corporaciones del sector en relación a este proyecto y sus impactos?
• Particularmente el Puerto, que a esta altura no sabemos si se pretenden uno, dos o tres en la zona costera de Rocha; ¿Qué impactos negativos para el turismo puede significar una terminal portuaria de gran calado en su operación para el particular turismo de la costa rochense?, ¿la conservación de las costas y la calidad de aguas tiene importancia para las políticas de turismo?.IMAGEN 7
• ¿Cuánto ha generado el turismo en ingresos genuinos para el país en los últimos años y cuanto puede llegar a generar?
• En última instancia, este tipo de emprendimientos, de mega emprendimientos, que suponen grandes alteraciones al uso del territorio e importantes impactos, incluso reconocidos por los propios promotores ¿pueden llegar a afectar la denominación de Uruguay Natural, más que un slogan como un principio de política pública consagrado por ley?

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Diputado Gerardo Amarilla

BIENVENIDOS
Este blog es una forma de comunicación de quien te escribe, Dr. Gerardo Amarilla, Representante Nacional por el Departamento de Rivera, electo para el período 2010-2015. Esta página comenzó como una vía de comunicación permanente con la ciudadanía cuando fuí electo edil departamental de Rivera, por la lista 15 del Partido Nacional, para cumplir su función durante el mandato 2005-2010. Aquí hay un resumen de la gestión que cumplo así como la información para ponerse en contacto.
Esta fundamentalmente dirigido a los ciudadanos porque considero que tienen el derecho de conocer sobre la gestión de sus representantes, así como opinar, consultar y cuestionar sobre la misma.