Días atrás se hizo público por varios medios de prensa de resoluciones adoptadas en el seno de las autoridades partidarias de Asamblea Uruguay, fuerza que integra el Frente Amplio y que lidera el Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori.
Resulta peligrosa la lectura de esas resoluciones, que no fueron desmentidas por ninguno de los dirigentes involucrados y que resumidamente encomendaban al edil Varela para que realizara las investigaciones tendientes a determinar si había funcionarios o jerarcas municipales que hubieran informado sobre las irregularidades de Casinos que incriminan a Bengoa y sus asesores.
Según se pudo saber, la investigación va dirigida a condenar a esos funcionarios o dirigentes, por haber informado y, en definitiva, contribuido con esclarecer hechos presuntamente delictivos que afectaron a las arcas del Estado.
Textualmente, el edil encomendado de la investigación Carlos Varela dijo a Últimas Noticias que de confirmarse, "sería una actitud desleal y deshonesta que va en contra del proyecto del Frente Amplio. No se puede pasar información a la oposición, el gobierno tiene canales para tramitar esto".
Esta posición demuestra una gran falta de parámetros de los “dirigentes” involucrados que ignoran las obligaciones que tienen los ciudadanos frente al conocimiento de hechos presuntamente delictivos.
Resulta tan grave esa posición que hasta puede confundirse con una apología del delito o con una instigación pública a delinquir, si lo que se pretende desde la resolución partidaria es que los funcionarios o jerarcas que tengan conocimiento de actos de corrupción, encubran, callen, informen a las estructuras políticas y en definitiva, asuman una posición de “lealtad” hacia el partido por encima de todo.
Es un mensaje realmente preocupante en cuanto pretende condenar la denuncia antes que la conducta delictiva denunciada, tal vez intentando generar temor y promover el silencio frente a otras irregularidades.
Sea quien sea el jerarca o funcionario que contribuyó, en forma directa o indirecta, con la actuación de la justicia, no hizo otra cosa que cumplir con lo que establece la ley cuando se señala “toda persona que tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito perseguible de oficio, puede denunciarlo ante la autoridad judicial o policial” (art. 105 del CPP).
Lejos de censurar o condenar esas actitudes hay que promoverlas como instrumento de la necesaria transparencia y probidad que deben existir en la gestión pública.
Resulta peligrosa la lectura de esas resoluciones, que no fueron desmentidas por ninguno de los dirigentes involucrados y que resumidamente encomendaban al edil Varela para que realizara las investigaciones tendientes a determinar si había funcionarios o jerarcas municipales que hubieran informado sobre las irregularidades de Casinos que incriminan a Bengoa y sus asesores.
Según se pudo saber, la investigación va dirigida a condenar a esos funcionarios o dirigentes, por haber informado y, en definitiva, contribuido con esclarecer hechos presuntamente delictivos que afectaron a las arcas del Estado.
Textualmente, el edil encomendado de la investigación Carlos Varela dijo a Últimas Noticias que de confirmarse, "sería una actitud desleal y deshonesta que va en contra del proyecto del Frente Amplio. No se puede pasar información a la oposición, el gobierno tiene canales para tramitar esto".
Esta posición demuestra una gran falta de parámetros de los “dirigentes” involucrados que ignoran las obligaciones que tienen los ciudadanos frente al conocimiento de hechos presuntamente delictivos.
Resulta tan grave esa posición que hasta puede confundirse con una apología del delito o con una instigación pública a delinquir, si lo que se pretende desde la resolución partidaria es que los funcionarios o jerarcas que tengan conocimiento de actos de corrupción, encubran, callen, informen a las estructuras políticas y en definitiva, asuman una posición de “lealtad” hacia el partido por encima de todo.
Es un mensaje realmente preocupante en cuanto pretende condenar la denuncia antes que la conducta delictiva denunciada, tal vez intentando generar temor y promover el silencio frente a otras irregularidades.
Sea quien sea el jerarca o funcionario que contribuyó, en forma directa o indirecta, con la actuación de la justicia, no hizo otra cosa que cumplir con lo que establece la ley cuando se señala “toda persona que tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito perseguible de oficio, puede denunciarlo ante la autoridad judicial o policial” (art. 105 del CPP).
Lejos de censurar o condenar esas actitudes hay que promoverlas como instrumento de la necesaria transparencia y probidad que deben existir en la gestión pública.
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