martes, 25 de septiembre de 2012

Sobre el Proyecto incorrectamente llamado de Interrupción Voluntaria del Embarazo


Estamos frente a un proyecto cuyo núcleo fundamental está marcado por la característica de establecer un procedimiento que legaliza, despenaliza y  –entendemos– promueve la realización de abortos en nuestro país.

Este proyecto supone la desprotección del derecho a la vida de los seres humanos concebidos, desde la concepción misma hasta las 12 semanas o 14 semanas, según las condiciones, y aún después en determinadas circunstancias.

 La ciencia nos revela que existe vida humana en la etapa de gestación y desde el momento mismo de la concepción.

Los avances de la investigación científica en el campo de la biología, como la fecundación in Vitro y la secuenciación del genoma humano (ADN), nos confirman lo afirmado anteriormente.

Este nuevo ser se individualiza de tal manera que no cabe duda que estamos frente a un nuevo individuo de la especie humana ya que constituye en sí mismo una novedad biológica como una unidad, con continuidad y con autonomía.

En consecuencia ese ser tiene, desde el momento mismo en que se funden los núcleos de las células germinales,  una información genética única, y distinta a cualquier otra existente.

En esa individualidad biológica tenemos claramente una unidad, un todo compuesto de partes organizadas, con un centro coordinador –que es el genoma– y que va dirigiendo las sucesivas fases en forma armónica.

Tenemos otro elemento marcado por la continuidad, ya que todo su desarrollo está previsto en el genoma, no existiendo ningún salto cualitativo desde la fecundación misma y hasta la muerte de ese individuo. Desde la fecundación existe un individuo que se va desarrollando de manera continua. Como lo afirma el filósofo  Julián Marías es una  “realidad viniente” desde la concepción y que no se acaba con el nacimiento sino que “el hombre es siempre una realidad viniente, que se va haciendo y realizando, alguien siempre inconcluso”.

Otro elemento característico es la  autonomía, ya que todo ese proceso biológico se desarrolla en forma autónoma a partir de que, en su genoma, está incluida toda la información necesaria para dirigir los procesos de ese embrión,  estableciendo ese “diálogo químico” con su madre y requiriéndole lo que necesita para su desarrollo en cada etapa.

Desde el ámbito científico, tenemos entonces los elementos para reconocer que desde el momento de la fecundación, el cigoto combina los cromosomas del óvulo con el espermatozoide, creando una realidad completamente distinta, nueva, donde comienza una intensa actividad celular de especialización, que permite determinar que parte de esa microscópica realidad terminará convirtiéndose en cerebro, en corazón, en columna vertebral y en músculos de ese nuevo ser.

Esa realidad microscópica ya es un nuevo ser humano, único, irrepetible, independiente, que posee toda la información genética para desarrollarse hasta que llegue a ser una persona adulta.

Como lo expresamos en el informe en minoría que presentamos junto al diputado Javier García, ya existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que claramente establecen protecciones a derechos del ser humano desde la concepción misma.

En nuestro Código Civil, el artículo 21 establece que “son personas todos los individuos de la especie humana….” y luego en el Titulo IV del Libro Primero, al regular la Paternidad y la Filiación, en los artículos 215 a 220 se establecen diferentes plazos en los que se tiene en cuenta el momento de la concepción,  calificando la misma a los efectos de establecer la legitimidad, filiación y acciones judiciales que se pueden o no iniciar según esos plazos.

En esa misma dirección y a la hora de establecer los derechos sucesorios, el mismo cuerpo normativo en su art, 835 establece la incapacidad para adquirir por testamento de los no concebidos así como para los que concebidos no nacieren viables, concluyéndose claramente la legitimidad sucesoria del concebido en su carácter de individuo de la especie humana tal como se determina en el art. 21 antes mencionado.

En otra norma recientemente consagrada, la ley 17.823 de 7 de setiembre de 2004, denominado Código de la Niñez y la Adolescencia, se reconocen también derechos del concebido y el art. 1º, donde se establece el ámbito de aplicación de la propia ley a los seres humanos menores de 18 años de edad.

En su artículo 46, incluido en el capítulo que regula las prestaciones alimentarias, se garantiza el derecho a alimentos desde la concepción misma, mientas se encuentre en el vientre materno y obviamente después.

También el Código de la Niñez establece el derecho para el concebido en relación a la investigación de la paternidad ya que el art. 198  establece que desde que se constata la gravidez se puede iniciar la acción judicial correspondiente.

La ley número 15.977 de 14 de setiembre de 1988, por la que se crea el Instituto Nacional del Menor, luego denominado INAU por la ley 17.823, establece los cometidos del Instituto incluyendo en su artículo 2 que debe “Asistir y proteger a los menores moral o materialmente abandonados, desde su concepción hasta la mayoría de edad”.

Por otra parte,  existen una serie de normas originadas en compromisos internacionales en las que se protegen o reconocen derechos desde la concepción misma, tal como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley 16.137 de 28/9/1990, particularmente sus artículos 6 y 24; el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por ley 16.519 de 22 de julio de 1994, especialmente en su art. 15.

Y por supuesto que una mención especial nos merece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica,, ratificado por nuestro país por ley 15.737 de 8 de marzo de 1985.

Esta Convención establece en su artículo 4  que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

Estamos frente a la consagración de  normas que garantizan la protección de los Derechos Humanos  y del  “Primer Derecho”, el derecho a la vida, sin el cuál, carece de sentido la protección de todos los demás, y sobretodo en  los seres Humanos de mayor vulnerabilidad, de los más indefensos, aquellos  que aun se encuentran en el vientre materno, aquellos que no tienen voz.


Partimos de la base  que nuestra Constitución no consagra el derecho a la vida de todo ser humano porque él no depende de la voluntad del constituyente ni de la Nación ni mucho menos del Estado, sino que es inherente a la personalidad humana. Lo que si nuestra Constitución hace es reconocer ese derecho y a través de la legislación debemos garantizar  – y este proyecto va en sentido contrario-  los elementos necesarios para que el goce de ese derecho sea efectivo desde el momento mismo de la concepción.

No voy a referirme a los argumentos expresados por los Doctores Gross Espiel y Martin Risso con los que estoy plenamente de acuerdo dado que ya se ha referido a los mismos el Diputado Javier Garcia y en consecuencia seria redundante reiterar esos argumentos

Con la aprobación de ésta norma entonces, estaríamos violando la Constitución de la República, desconociendo compromisos internacionales asumidos por el país en relación a Derechos Humanos y derechos del niño, pero por sobre todo, estaríamos cruzando un límite en relación a la valoración que le damos como sociedad a la protección de la vida humana, introduciendo un cambio cualitativo de gran trascendencia.

Esta discusión que damos hoy aquí, es reconocida por todos, que tiene sus motivaciones internacionales.

Aunque el artículo 1° de la ley quiere subrayar que “la presente norma no constituye un control de nacimientos” resulta más que evidente que es una herramienta de control poblacional y más concretamente de los sectores más vulnerables.
No es por casualidad que el Fondo de Población de Naciones Unidas es el gran propulsor y financiador de estas estrategias que intentan garantizar como derecho el acceder a servicios seguros de aborto brindados con calidad y respeto.
En 1974, el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU promulgó “El Informe Kissinger” que, presentó de forma explícita y detallada una estrategia, para que se promoviera a toda máquina el control demográfico en los países en desarrollo, con el objeto de acceder con mayor facilidad a los recursos naturales de esos países.
Según dicho Informe los elementos para implementar los programas de control demográfico podrían incluir entre otros la legalización del aborto y los incentivos económicos para que los países aumentasen  sus índices de práctica de abortos y esterilizaciones.
Asimismo el Informe Kissinger estableció que EEUU encubriría sus actividades anti-natalistas, para evitar acusaciones de imperialismo, induciendo a la ONU para que a través de varias organizaciones no gubernamentales (ONGs) realizaran esta labor. Corroborando el cumplimiento de esta estrategia, vemos que en los “Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU” se plasman medidas de contención demográfica como la despenalización del aborto.
Rechazamos enérgicamente esta ideología neo-maltusiana que -  como dice el Dr. Yuri Mantilla, jurista internacional comprometido con la defensa de la vida- “pretende resolver problemas sociales y económicos disminuyendo la población de las naciones. Estos argumentos son especialmente dirigidos a reducir poblaciones de países que son considerados “sub-desarrollados” y que tienen poblaciones “atrasadas.”  Entonces se pretende disminuir el número de personas Latino Americanas para resolver problemas socio-económicos y –en ese contexto- Uruguay se ofrece como plataforma de promoción e influencia en el resto del continente.
Esta perspectiva no solamente es racista, sino también que es contraria a la evidencia sociológica que demuestra la importancia del capital humano para el desarrollo socio-económico de las naciones.
Un tema no menor y permanente en toda la discusión ha sido lo referente a las posiciones éticas, filosóficas o religiosas que están presente irremediablemente en éste debate y que en oportunidades percibimos como incomodan a algunos, que pretenden quitarlas de la discusión.

Lo dijimos en el ámbito de la Comisión y lo reiteramos aquí: es un tema de tanta trascendencia no podemos desconocer las concepciones, principios filosóficos o religiosos que nos inspiran como individuos y en la suma como sociedad, sino precisamente debemos sumarlos e integrarlos a lo que serán las normas que nos han de regir en nuestra convivencia.

Me parece discriminatorio cuando se intentan desacreditar las posiciones y fundamentos de temas tan trascendentales como estos en relación a su origen en posiciones religiosas o filosóficas. Yo que me identifico como cristiano tengo una fuerte influencia de esa posición, y al margen del dogma, doctrina o liturgia, tengo una cosmovisión cristiana de la vida que no puedo ni debo tratar de ocultar o maquillarla. Me parecería deshonesto hacerlo e injusto y discriminatorio ser obligado a ello.

En esa concepción de la vida, rescato el poema que escribiera hace unos 3000 años, un pastor que luego fue gobernante, hijo de Isaí de la tribu de Judá, el rey David escribió a su Creador:
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre... No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.”


Entre paréntesis, debemos decir que cualquier similitud de ese último párrafo con el ADN o la secuenciación del Genoma, debemos decir que no es “mera” sino que es absoluta y ajustada coincidencia.

Resalto, rescato y defiendo esa posición de entender que allí hay un ser humano y debemos protegerlo como sociedad; pero también defiendo el derecho del resto de las posiciones religiosas o filosóficas creyendo que son la suma de todas y sin exclusiones por donde debemos transitar para darle fundamentos a nuestro ordenamiento.

Porque como también lo dice  Yuri Mantilla: Las leyes de las naciones reflejan perspectivas filosóficas de la realidad. Es por esto que no son neutrales. No son simplemente un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de los individuos en un país. El Derecho es también un lenguaje que refleja conceptos filosóficos y por esto, las leyes acerca del derecho a la vida son de especial importancia.

No podemos compartir la afirmación realizada en el propio informe en mayoría sobre que lo ideal  –como en otros países se ha hecho– es buscar soluciones pragmáticas que dejen de lado las cuestiones de índole filosófico, religioso o científico.

Aquí se está claramente adoptando una posición cargada de fundamentos de una nueva ética, que se quiere imponer, y donde se relativiza el valor de la vida humana (la del concebido), dejándolo librado a la voluntad de otro ser humano (la madre, el juez o eventualmente los abuelos).

Según el propio informe en mayoría señala, el proyecto en discusión  “Acepta por ello el valor del concebido, sin ahondar en los matices -o incluso las diferencias profundas-, con que cada tradición ética o religiosa lo defiende, pero complementa la mirada atendiendo a ciertas circunstancias excepcionales que obligan al Estado a velar también por los derechos de  la mujer”.

Discrepamos radicalmente con esa afirmación. Aquí el concebido pierde toda posibilidad de protección en su derecho más fundamental que es su propia vida y además el padre, que contribuyó a la gestación de esa criatura, no tiene ningún tipo de participación en la decisión que puede terminar con esa vida.

En tiempos de globalización (cuando se toman decisiones de importancia histórica y estratégica en un país) acerca de temas tan importantes como el respeto a la vida humana, estas tienen una influencia en otras naciones. Este es especialmente el caso cuando en el contexto regional se toman decisiones que cambian la cultura, leyes y normas morales de una nación.

En el contexto de América Latina, la posible legalización del aborto en Uruguay tendría influencias muy negativas en la región. Este es el caso porque Uruguay  podría ser uno de los primeros países en legalizar el aborto contrariamente al consenso histórico, cultural y legal de los países de América Latina que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Un capítulo especial merece la situación del ser humano que teóricamente se pretende fortalecer con esta norma y estos principios que se pregonan en ella: la mujer.
Nosotros no dudamos en afirmar que la posición de víctima de la mujer lejos de mejorar se torna más difícil y más vulnerable con ésta norma.

En su art. 5 dice los servicios de salud deberán: promover la formación permanente del equipo profesional interdisciplinario especializado en  salud sexual y reproductiva para dar contención y apoyo a la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo,
Dice más adelante que el equipo deberá abstenerse de autorizar o denegar. Pero si debe estar preparado para apoyar la decisión de interrumpir.

Frente al dilema, la soledad, el desamparo que enfrenta la mujer. El Estado se prepara y mandata a los profesionales o los servicios de salud a apoyar la idea de interrupción, la idea de aborto. La mujer que se coloca en la zona de duda se va a estar colocando en la boca de un embudo que la va a estar dirigiendo y apoyando a introducirse en él hacia ese acontecimiento trágico que marcará su vida.

La mujer como víctima luego de aborto. La soledad, el desamparo, el trauma posterior no es tenido en cuenta para nada en la ley. Luego del aborto, esa mujer con mil dudas, dilemas y debilidades, se transformará en el mejor de los casos en una cifra en el registro que prevé la ley, pero no está previsto el apoyo necesario  la contención para ella. Incluso se llegó a desconocer en el seno de la comisión la existencia del llamado Síndrome Post Aborto.

Investigadores plantean que para la mayoría de las mujeres destruir una vida no es simplemente un asalto a su matriz, sino un asalto a su psiquis.

La Real Academia de Obstetricia de Inglaterra informa que las posibilidades de problemas psiquiátricos graves y permanentes después de un aborto pueden alcanzar hasta el 59 % de las madres.

En las consultas psicoterapéuticas de mujeres que han provocado un aborto, sí se manifiestan consecuencias negativas. Estas se conocen con el nombre de “Síndrome Post Aborto”, y consisten en: Depresión, Intento de Autoeliminación, gran ansiedad, sentimiento muy fuerte de culpa, incapacidad de perdonarse, empeoramiento de dificultades psiquiátricas- si ya las tenían-, abuso de alcohol y drogas, insomnio, pesadillas, separación de su pareja y divorcio, sobreprotección o rechazo de los hijos, fobias, problemas académicos y laborales y dificultades en general con las relaciones de todo tipo.

La mujer luego de pasar por el aborto y con la gran posibilidad de todas o algunas de estas terribles secuelas como se encuentra: la respuesta de este proyecto es: SOLA.

La mujer como víctima no sólo se circunscribe a la madre, la mujer como víctima de un proceso de selección. Hay estudios en Europa que revelan un descenso grave de la tasa de natalidad y en aquellos países donde se ha despenalizado, legalizado y posteriormente promovido el aborto, se registra un alarmante descenso de natalidad pero acentuado en las mujeres. Nacen menos mujeres que hombres contrariando las leyes naturales y concluyendo que hay un proceso de selección de abortos que tiene como víctima – vaya paradoja- a la mujer.

Se vienen promoviendo desde hace algún tiempo- como lo dijimos anteriormente las políticas sexuales y reproductivas que luego derivan en los llamados derechos sexuales y reproductivos.

Promocionados en todo el mundo y hasta aquí en nuestros despachos en costosas impresiones financiadas todas por el Fondo de Población de Naciones Unidas, la PNUD, la Fundación Ford.

Se establece en esas publicaciones la premisa que promueven como “derecho a servicios seguros de aborto brindados con calidad y con respeto”.

El mensaje que se propaga es en consonancia con una nueva cultura, con una nueva escala de valores que deja por el camino la responsabilidad. “Haga lo que quiera con la mayor y absoluta libertad y luego puede incluso- si quiere- deshacerse de las consecuencias, aunque ésta sea una vida humana”.

Claro que en muchas circunstancias, el seguir adelante con un embarazo no deseado, no planificado, genera dificultades y penurias. Y ahí decimos con mayor firmeza, como sociedad tenemos que hacernos responsables. Esto no se termina ni empieza con el No al Aborto. Debemos tener políticas serias de contención y apoyo a la maternidad.

Recibí hace algunas horas un mensaje privado por redes sociales de una abuela que me cuenta la dificultad que vivió con su hija, de 17 años, quien quedó embarazada y a pesar de todas las dificultades y rechazos siguió adelante con el mismo. La falta de planificación derivó en que esa adolescente tuvo que dejar sus estudios, su vida se tornó muy difícil y después de 3 años esa joven se encuentra frente a una sociedad que no le permite seguir estudiando, le cuesta trabajar sin convertirse en una madre ausente, cuestionada por la misma sociedad que no le da auxilio.

La situación actual no está bien. Debemos hacer cambios. Tal vez en la legislación. Está en el parlamento el proyecto impulsado por el diputado Trobo y presentado por legisladores de varios partidos de Promoción Solidaria de la Vida. La Mujer, el Niño y la Familia. Sería estratégico y fundamental para el futuro mismo de nuestra Nación que estudiáramos y aprobáramos ese proyecto.

Pero no sólo con cambio de leyes se arreglan las cosas. Debemos tener como Estado políticas decididas en apoyo a la maternidad y a la niñez vulnerable.

Por la comisión desfilaron varias organizaciones, pero yo voy a mencionar apenas tres Cemur, Ceproidh y Madrinas por la Vida. Tres organizaciones que trabajan en contención, en apoyo, asesoramiento profesional, amparo físico, en auxilio de todo tipo para aquellas madres embarazadas en situación de desamparo. Saben que reciben del Estado estas organizaciones: NADA.

Voy a señalar aquí algo que seguramente será la experiencia de muchos aquí mismo en esta Sala. El 27 de mayo de 1998 me convertí por primera vez en padre. Esa misma noche mientras mi esposa descansaba y yo sostenía a esa pequeña e indefensa criatura, experimenté por primera vez unos de los sentimientos más puros que un ser humano puede sentir, el amor de padre. Si en ese momento me hubieran pedido un órgano vital, sin él cuál yo no hubiera podido seguir viviendo, se lo hubiera dado.

Me pregunto y les pido que reflexionemos, que diferencia podría haber entre esa niña que tenía en brazos y la misma criatura unas horas antes, unos días antes, unas semanas antes, la respuesta es ninguna.

Como dice el texto del veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2008 “el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás, o de la utilidad que presta sino el valor que resulta de su mera existencia”.

Quisiera terminar con las palabas a las que ya aludió el diputado Javier García de una canción de nuestro canto popular “se precisan niños para amanecer” y voy a agregar aquellas estrofas que dicen “por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, Uruguayos nunca más…”.

 Nunca más aborto, nunca más desprotección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.



 Gerardo Amarilla
 Representante Nacional

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Diputado Gerardo Amarilla

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Este blog es una forma de comunicación de quien te escribe, Dr. Gerardo Amarilla, Representante Nacional por el Departamento de Rivera, electo para el período 2010-2015. Esta página comenzó como una vía de comunicación permanente con la ciudadanía cuando fuí electo edil departamental de Rivera, por la lista 15 del Partido Nacional, para cumplir su función durante el mandato 2005-2010. Aquí hay un resumen de la gestión que cumplo así como la información para ponerse en contacto.
Esta fundamentalmente dirigido a los ciudadanos porque considero que tienen el derecho de conocer sobre la gestión de sus representantes, así como opinar, consultar y cuestionar sobre la misma.